El Tribunal Provincial de Santiago de Cuba no rebajó ni una de las condenas de los 16 manifestantes del 11J en Palma Soriano cuyo juicio de apelación tuvo lugar el pasado jueves, por lo que los prisioneros políticos salieron del tribunal gritando "libertad", informó Radio Televisión Martí.
De acuerdo con el testimonio de Susana García, madre de uno de los manifestantes encarcelados, cuando se los llevaban del tribunal "los muchachos comenzaron a golpear las paredes del carro jaula y a gritar libertad".
Los manifestantes fueron condenados a penas de hasta 12 años de prisión por delitos que van desde instigación a delinquir, desórdenes públicos, desacato, atentado, daños, evasión de presos o detenidos, resistencia y denegación de auxilio, hasta desobediencia.
De acuerdo con Yenisel Rodríguez Gondres, esposa de uno de los manifestantes condenados, “la jueza dijo que todas las pruebas que ella tenía y todo lo que se hizo en el juicio anterior y en este de apelación son suficientes para ella llegar a la conclusión de que no ha habido errores, que están todas las pruebas que ella necesita para expresar un veredicto”.
"No le subió a nadie la cantidad de años, pero tampoco bajó ninguna. Y es la última palabra, dijo que ellos no tienen derecho a apelar al Supremo, que ésta es la sentencia firme. Ellos están ya listos para cumplir", añadió.
Este fin de semana la asociación legal Cubalex denunció que "los delitos de atentado, resistencia y desórdenes públicos son utilizados en Cuba con el objetivo de censurar y criminalizar el derecho a la protesta sobre la base de una imposición ideológica, pasando por encima del derecho de participación ciudadana. Son delitos que utilizan para el control social, y no para la defensa y garantía de los derechos humanos, por la discrecionalidad y falta de claridad y concreción de la norma penal".
El texto, firmado por la abogada Giselle Camila Morfi, alertó sobre el peligro que representa el carácter "ejemplarizante" de las sentencias contra Otero Alcántara y Maykel Osorbo, que buscan disuadir a la ciudadanía de opiniones que disienten del status quo, o de las políticas e ideologías establecidas por el Estado.
La organización independiente Justicia 11J denunció en sus redes sociales que 42 activistas, opositores, periodistas independientes o miembros de organizaciones religiosas o de la sociedad civil han sido sentenciados a prisión tras las protestasantigubernamentales.
De acuerdo con la ONG, suman 589 las personas condenadas a prisión mediante juicios ordinarios por participar en las protestas antigubernamentales del 11 de julio mientras otros 47 han sido sentenciados en procesos sumarios.
En el caso de los activistas, opositores y demás miembros de la sociedad civil condenados, la organización denunció que las autoridades cubanas disfrazaron las causas políticas de delitos comunes.
Hasta el momento, Justicia 11J ha documentado la detención de unas 1.481 personas en el contexto de las protestas antigubernamentales del pasado verano, de las cuales 725 permanecen en prisión.
