La semana que acaba ha sido gris para los artistas en Cuba. Lunes y martes ocurrieron los juicios políticos de Luis Manuel Otero Alcántara y Maykel Castillo Pérez ("Osorbo"); el miércoles fue juzgado por segunda vez el joven músico Abel Lescay, quien describió el acontecimiento como "idéntico al primero", cansado ya de tanta farsa judicial. Otras vistas ocurrieron también esta semana, menos mediáticas, que aparentaron revisar las causas de diez manifestantes en Vegas y nueve en Güines, Mayabeque.
En este último grupo estuvo Maikel Puig Bergolla, uno de los presos más mentados en la prensa debido a la incansable actividad de denuncia que lleva a cabo su esposa, Saily Núñez. A Maikel el régimen lo acusa de desórdenes públicos, atentado, desacato, y (aquí viene la novedad) "asesinato en tentativa" e "instigación a delinquir del delito de asesinato en tentativa". Según el relato de la Fiscalía, durante la protesta del 11J en su localidad, Maikel y otros ciudadanos embistieron a un carro patrullero con gritos de "maten a la Policía" y le lanzaron piedras, de las cuales una rompió una baliza del auto valorada en 37 pesos.
El detalle revolucionario es que de ese acontecimiento solo se presentaron como testigos los dos policías que fueron, a la vez, las presuntas víctimas. Ni siquiera los civiles que —refiere Saily Núñez del relato de la Fiscalía—, participaron también en lo sucedido ayudando a los agentes, pudieron presentarse en el proceso.
La práctica de aceptar los testimonios de policías y funcionarios del régimen como pruebas incriminatorias ha sido muy común en los procesos del 11J. Según el abogado Edel González, se trata de una irregularidad en el procedimiento y un error del juez, que es el responsable de: a) rechazarlos por insuficientes o parcializados, o bien, si la Fiscalía insiste en ir a juicio con solo esas pruebas, b) absolver a los acusados.
El sentido común acompaña esta declaración del abogado, al indicarnos que los policías, funcionarios, etc., podrían exagerar y hasta mentir en favor de sí mismos o de sus jefes (o sea, del Estado) en su testimonio. Sobre todo si el poder de los jefes es tan desmedido como en Cuba. En ningún caso, policías y otros funcionarios son testigos desinteresados, pero la justicia revolucionaria los acepta, los propicia y hasta los fabrica ella misma. Aquel que se precie de imparcial debería sospechar de este abuso.
La defensa de Maikel Puig alega que él no estaba siquiera en el lugar de los hechos. Sin embargo, ha sido condenado a 20 años de prisión, agravada la pena por encontrarse en el momento de los hechos en libertad condicional.
Su esposa ha denunciado las innumerables torturas que ha sufrido en prisión. "Todas estas injusticias no son suficientes —nos dice Saily Núñez, quien es licenciada en Microbiología— y ahora el jefe de prisión le ha levantado la causa de 'atentado' para sumarle dos años más a su condena".
En el nuevo juicio se repitió el patrón de considerar como buenas las declaraciones de los guardias del penal y desestimar las de los reos, favorables a Puig.
