La Sala Tercera de lo Penal del Tribunal Provincial Popular de La Habana condenó a cinco años y cuatro meses de privación de libertad a la Dama de Blanco Aymara Nieto Muñoz, quien sufre ahora la ampliación de la prisión política que está cumpliendo desde 2018.
El régimen celebró un nuevo juicio contra Nieto Muñoz, también miembro de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), el pasado 7 de febrero, esta vez imputada de un delito de "desórdenes en los establecimientos penitenciarios o centros de reeducación", establecido en el artículo 165.1 del Código Penal. Fue acusada de liderar una protesta el 9 de marzo de 2020 en el Centro Penitenciario de Mujeres de Occidente, en El Guatao, donde se encontraba recluida en ese momento.
Según la sentencia 40/2022, emitida este lunes 21 de febrero y a la que tuvo acceso DIARIO DE CUBA, Nieto Muñoz, de 43 años, tuvo "un papel protagonista y alentador" e incitó "a sus compañeras de colectivo a no quedarse tranquilas" ante una medida de la dirección del penal de mantener el día de los hechos "los cubículos cerrados". El documento dice que Nieto Muñoz "le proporcionó" a otra de las acusadas "una fosforera para que prendiera candela a los colchones".
Poco después del motín, Nieto Muñoz fue conducida a la prisión de mujeres de Manatí, en la provincia de Las Tunas. Está separada por más de 600 kilómetros de sus dos hijas menores de edad y el resto de su familia, residente en La Habana. Sus hijas han dejado de ver a su madre durante más de dos años.
El esposo de la activista, Ismael Boris Reñí, pudo presenciar la vista judicial del pasado 7 de febrero, en la que ella participó por videoconferencia, con interrupciones por problemas técnicos. Boris Reñí calificó el juicio como "una patraña, un montaje por la Seguridad del Estado".
Según la declaración del opositor, ninguna de las reclusas señaló a Nieto Muñoz de haber participado en los hechos de los que son acusadas. Dijo que la directora del penal es "la única que acusa a Nieto Muñoz de los hechos", entre ellos el incendio de unos colchones.
Según la sentencia, "fue de vital importancia la deposición de la jefa del Centro Penitenciario, Betty Balado Sánchez, quien narró la inaudita rebelión ocurrida el día de autos, los motivos que la propiciaron, los incontables mecanismos que poseen las reclusas para reclamar sus derechos, así como los estragos ocasionados".
También recoge que "los jueces actuantes valoraron en primera instancia" la declaración de "la funcionaria Ismary Mendoza Cardona, quien de manera clara, precisa y con adecuado hilo conductor narró cómo ocurrieron los hechos el día de marras, las acciones llevada a cabo por las acusadas, siendo la fuente de su conocimiento haber sido la primera en atender el reclamo de las acusadas ante sus inconformidades, relevándolas a todas como las más beligerantes al momento del reclamo, los que realizaban de manera indebida e incitante con respecto al resto de las reclusas".
En palabras textuales del documento, "esto echó por tierra" la declaración de las acusadas.
Aymara Nieto Muñoz, según recoge el texto, dijo que no se encontraba en el lugar de los hechos, "alegando haber conocido de ellos con posterioridad a su ocurrencia".
La sentencia también dice que "el defensor a favor de los intereses de la acusada Aymara Nieto Muñoz estimó que su defendida no es autora de delito alguno por no haber tenido participación en los mismos, solicitando un fallo libremente absolutorio".
En otra parte del texto de 11 páginas, se lee que "Nieto Muñoz, en estado de reclusión ha cometido indisciplinas, se muestra poco receptiva, calculadora y cuestiona constantemente el tratamiento educativo brindado hacia ella, así como trata de ejercer influencias sobre las demás internas por lo que ha sido analizada".
Recuerda que con anterioridad a los hechos "fue ejecutoriamente sancionada por el Tribunal Municipal Popular Boyeros en la causa 51 de 2015 por los delitos de daños y ejercicio arbitrario de derechos a una sanción conjunta de un año de privación de libertad subsidiada por igual período de tiempo a trabajo correccional sin internamiento".
Esta condena fue por la participación de ella, junto a su esposo y otro activista, en una protesta ante el papa Francisco en la Plaza de la Revolución de La Habana.
La sentencia afirma que volvió a ser sancionada por el Tribunal Municipal Popular Boyeros en la causa diez de 2017 por el delito de "desórdenes públicos" a una sanción de un año de privación de libertad, y en la causa 8 de 2019 por los delitos de atentado y daños a una sanción conjunta de cuatro años de privación de libertad, la que extingue el 3 de mayo de 2022, también por su activismo político.
La semana pasada, Boris Reñí dijo en un video publicado en su perfil de Facebook que las autoridades carcelarias están acusando ahora a la opositora de proveer de azúcar a una reclusa diabética y que tras una visita a su celda la Seguridad del Estado le propuso la salida del país.
"Le dijeron que lo tenían todo preparado para que se fuera del país con toda su familia", dijo Boris Reñí, y mencionó también al líder opositor José Daniel Ferrer y otros casos a los que hicieron la misma "propuesta". También afirmó que su esposa se negó a ceder a las presiones.
"No le voy a aceptar chantajes al régimen. Cuando yo me quiera ir de este país me voy por mis propios medios y no porque me obliguen o quieren inventar alguna patraña contra mi familia. Voy a seguir luchando por la libertad del pueblo de Cuba, por la libertad de los presos políticos y que se vayan los asesinos del poder", declaró Boris Reñí en el video.
La líder de las Damas de Blanco, Berta Soler, también denunció la maniobra de la Seguridad del Estado en una publicación en su perfil de Facebook.
La situación de Nieto Muñoz fue denunciada por el Grupo de Trabajo Sobre la Detención Arbitraria de Naciones Unidas, que demandó al régimen su inmediata liberación y una indemnización por daños y perjuicios.
Durante el cautiverio de la presa política, la comunicación con la familia ha sido irregular. Nieto ha estado castigada en aislamiento y sin derecho a llamadas telefónicas en varias ocasiones. Sus hijas se han visto privadas de ver a su madre por periodos prolongados, de más de dos años.
Abogados consultados por DIARIO DE CUBA señalaron que la opositora ha sido víctima de un proceso de discriminación dentro del sistema penitenciario y que se violan los derechos carcelarios previstos en el Artículo 64 del Reglamento de las Prisiones.
A Nieto Muñoz también se le ha privado del derecho de progresar hacia un régimen carcelario de menor rigor, de rebaja de condena por años cumplidos y de ser beneficiada con alguna forma de excarcelación, como la condicional.
¿Resistencia pacífica en la isla o nos tragamos la bota sin protestar, sin masticar, sin agua y sin muelas?
Crea un sistema de entrega de cartas a un barrio con alta densidad de población. Persigue el fuego de la comunicación; entrega mensajes escritos en tinta azul y papel cartucho.
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