Para que haya un acercamiento entre Washington y La Habana, "un primer paso" sería que las autoridades cubanas decidan "liberar a los cientos de presos políticos detenidos", así como "permitir una mayor libertad de expresión y acceso a internet".
Así lo indicó el secretario adjunto de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Brian A. Nichols, en una comparecencia ante el Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes de EEUU.
Nichols criticó el jueves el "escandaloso abuso" de los derechos humanos en Cuba, por lo que pidió la liberación de los cientos de "presos políticos", entre ellos menores de edad, detenidos tras las protestas del 11 de julio de 2021.
El funcionario situó la cifra de presos políticos en Cuba en torno a 700, y consideró "un escandaloso abuso de los derechos humanos" que entre los condenados por las manifestaciones populares haya menores edad que enfrentan penas de prisión "bajo duras condiciones".
En su comparecencia, Nichols, jefe del Departamento de Estado para América Latina, destacó las "múltiples rondas" de sanciones impuestas por Washington contra las Fuerzas Armadas y el Ministerio del Interior de Cuba ante la represión por parte de las autoridades de La Habana.
Desde las protestas han sido juzgadas al menos 440 personas, según el recuento del colectivo independiente Justicia 11J y la ONG jurídica Cubalex.
Esta misma semana, el secretario de prensa del Departamento de Estado, Ned Price, afirmó en un encuentro con los medios que la Casa Blanca explora las vías para que el régimen cubano rinda cuentas por los juicios contra los manifestantes del 11 de julio.
Tras ser preguntado respecto a los juicios desarrollados por el régimen de la Isla, el funcionario dijo que la Casa Blanca seguirá "buscando formas de promover la rendición de cuentas y de defender, proteger y promover lo que deberían ser los derechos universales del pueblo cubano".
Además, recordó que desde el 11 de julio del año pasado la Administración de Joe Biden ha "promulgado una serie de medidas para promover la rendición de cuentas contra aquellos individuos y entidades dentro del Gobierno cubano que son responsables de esta represión, que son responsables de las violentas medidas contra los manifestantes pacíficos el verano pasado y en las semanas siguientes".
Price condenó la respuesta represiva del régimen cubano "contra sus propios ciudadanos" y dijo que la población de la Isla "tiene todo el derecho a seguir expresando su deseo de gozar de las libertades fundamentales".
"Condenamos los fallos del Gobierno cubano a la hora de proteger los derechos universales y el fracaso del Gobierno cubano a la hora de satisfacer las necesidades más básicas del pueblo. Una vez más, en lugar de centrarse en su propia prestación de servicios, su propia gobernanza, la protección de los derechos dentro de la sociedad, el régimen cubano ha respondido con la represión", añadió el funcionario.
"Apoyamos el derecho de los cubanos y de las personas de todo el mundo a ejercer su libertad de expresión y de reunión pacífica. Pedimos al Gobierno cubano que respete estos derechos y libere a los detenidos injustamente por protestar pacíficamente", finalizó.
Justicia 11J, hasta el 18 de enero, cuando quedaron conclusos para sentencia dos juicios, había registrado 400 juicios en relación con las protestas de julio.
"Ya han sido enjuiciadas 95 personas por el delito político de sedición, 29 entre 16 y 20 años de edad, y siete entre 16 y 17 años. Quedan pendientes de juicio por este delito al menos 63 personas, de ellas siete son niños. Por otro lado, al menos nueve personas han sido beneficiadas con el sobreseimiento de sus causas, y al menos 99 han sido liberadas con multas", precisó.
"Al menos 726 personas continúan en prisión por las protestas de julio, y nueve en relación con la convocatoria de la Marcha Cívica por el Cambio. Hasta el 31 de diciembre, la ONG Prisoners Defenders registraba otros 142 prisioneros políticos por otras causas", añadió Justicia 11J.
