Después de siete meses en prisión preventiva, la Fiscalía Municipal de Las Tunas emitió sus conclusiones provisionales para el caso de los activistas Taimir García, Adrián Góngora y Damián Hechevarría, quienes protestaron el 21 de abril contra inspectores estatales y las autoridades cubanas "por imponer desmedidas multas a la población hambreada".
El órgano acusatorio pidió siete años de privación de libertad para el cuentapropista Hechavarría, y cinco y dos años, respectivamente, para García y Góngora, todos acusados de los delitos de atentado, desobediencia y desacato, informó Radio Televisión Martí. Todavía no ha sido informada la fecha del juicio.
"Es una farsa montada para acallar las voces que se alzaban aquí en la provincia de Las Tunas", dijo Holmis Rivas Carmenate, esposo de Taimir García.
"Ella ha sido sometida, por la guarnición del penal, a disímiles torturas psicológicas, físicas", añadió.
"Sabemos que son delitos fabricados, pero que ellos tendrán que cumplir sus condenas porque la dictadura se ha enfrascado en someterlos para sacarlos de la circulación pública", condenó.
García se encuentra recluida en el campamento correccional conocido como Granja 5, de la Prisión de Mujeres, en la provincia de Camagüey; Hechevarría, en la cárcel El Típico de la provincia tunera, y Góngora en la Prisión Provincial de Holguín.
"A los tres se les han negado todas las peticiones de cambio de medida cautelar que el abogado, Yosdelmis Álvarez Segura, ha presentado. También se han excedido en los términos de cada proceso de conformación del expediente", agregó Rivas.
La fase preparatoria o investigativa la realiza el Ministerio del Interior, con la supervisión y control del Fiscal. El término de la instrucción del expediente no debe exceder de seis meses, según la Ley de Procedimiento Penal cubana.
Los tres activistas fueron arrestados el pasado 21 de abril después de que realizaran una protesta en Las Tunas por la aplicación de una multa de 8.000 pesos a un vendedor de plantas medicinales.
Unos días más tarde la televisión oficial cubana, en un capítulo de la sección de Humberto López para criminalizar a la disidencia en la Isla, acusó a los activistas de ser "delincuentes comunes". El propio López anunció que se mantenían detenidos y serían juzgados por el delito de propagación de epidemias.
Aprovechando que el caso fue denunciado por el senador cubanoamericano por la Florida Marco Rubio, López calificó los hechos ocurridos como "show mediático amplificado por reconocidos personajes anticubanos".
El vocero del régimen también dijo que la intención de los detenidos fue "crear un incidente mayor con el propósito de llamar la atención y hacerse de un aval contrarrevolucionario". Se refirió a ellos como "tres delincuentes de una pésima conducta social".
También dijo que fueron sancionados en el pasado por "propagación de epidemias, abusos lascivos, tenencia de armas blancas, pederastia con violencia, tráfico de drogas, desacato, robo con fuerza, asedio al turismo y atentado".
A juicio joven universitario participante del 11J
Abel González Lescay, estudiante de la Universidad de las Artes-Instituto Superior de Arte (ISA) en La Habana, que se manifestó el 11J en Bejucal, informó este domingo a través de sus redes sociales que finalmente se enfrentará a un juicio a inicios de diciembre.
"Hola a todxs. Mi juicio será los días 5 y 6 de diciembre en el Tribunal Provincial de Mayabeque en San José. Se me acusa de los delitos de desacato a la figura básica, desacato a la figura agravada, y desorden público, durante los sucesos del 11 de julio. Me piden siete años", dijo González Lescay en una publicación en Facebook en la que agradeció por el apoyo recibido y pidió buscar "en nuestro corazón la justicia".
En octubre el joven manifestante recibió la petición fiscal de siete de años de privación de libertad.
"Otros que estuvieron presos salieron con una multa. La única diferencia entre ellos y yo es que tienen un video mío diciéndole maricón a un policía", dijo entonces a DIARIO DE CUBA.
A otro de sus conocidos le piden seis años, no sabe por qué delitos, indicó González Lescay, quien contrató a una abogada del bufete de Bejucal para que atendiera su caso.
González Lescay fue sacado a la fuerza de su vivienda al amanecer del 12 de julio. Los policías ni siquiera lo dejaron vestirse y permaneció desnudo en prisión hasta que los agentes le dieron un mantel para que se cubriera y más tarde un uniforme de preso.
También recibió golpes y maltrato verbal, además de contagiarse de Covid-19 mientras estuvo detenido en el Técnico de San José de las Lajas y en otro sitio, adonde fue llevado después de dar positivo a la enfermedad. Su testimonio personal con los detalles de esa experiencia fue publicado en la revista Rialta Magazine.
González Lescay se manifestó pacíficamente en Bejucal el 11 de julio junto a cientos de personas, que se expresaron con consignas ante la estación de la Policía local.
