Más de una decena de cubanos residentes en la localidad de Palma Soriano, Santiago de Cuba, quienes secundaron la protesta de San Antonio de los Baños el pasado 11 de julio, han denunciado que la Fiscalía los amenaza con largas condenas en prisión por su participación en las manifestaciones.
Entre ellos se encuentra el joven Daniel Fernández Álvarez, quien fue condenado a diez años de privación de libertad "aplicando unos delitos que no existen", denunció su madre, Juana Álvarez, en las redes sociales.
"Mi hijo salió a manifestarse el pasado 11 de julio a exigir sus derechos, eso nos es un delito, es un derecho, aunque en este país la dictadura cruel e inhumana encarcela al que piensa diferente", agregó Álvarez.
También el activista residente en Palma Soriano Daineris Moya García, quien se encuentra bajo arresto domiciliario tras pagar una multa de 2.000 pesos, denunció que será juzgado por dos supuestos delitos, pero no contratará un abogado para el juicio, pues considera que no hay independencia judicial en el país, informó Radio Televisión Martí.
"Ya me llegó la petición fiscal, donde se me acusa de desorden público y desacato, cada uno tiene como sanción tres años de privación de libertad y, conjuntamente, seis años de cárcel", denunció al medio de prensa integrante de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU).
"Todo eso es una farsa. Sabemos que es el proceder de esta férrea tiranía contra todo el que se levante en favor de la libertad y la democracia del pueblo cubano. Sería una burla contratar un abogado, porque el sistema judicial está en poder del desgobierno", añadió.
Moya García publicó en el portal Cuba Democracia y Vida el listado de 16 personas residentes en Palma Soriano para quienes la Fiscalía ha propuesto sanciones de entre seis y 16 años de privación de libertad, una estrategia que el régimen aplica para intimidar a los cubanos que se proponen marchar el próximo 15 de noviembre.
Otro de los ciudadanos amenazado con una larga condena es el pastor de la localidad, Lorenzo Rosales, quien lleva tres meses encarcelado en la prisión de Boniato y podría ser sentenciado a varios años de privación de libertad por los delitos de instigación a delinquir, desacato y atentado, informó al medio estadounidense el pastor apostólico Mario Jorge Travieso.
"La verdad es que esto es una injusticia que rompe los límites contra un hombre que solamente salió a manifestarse. Él lleva tres meses preso, no se lo han dejado ver a su esposa todavía y hemos estado recogiendo ofrendas en nuestra iglesia, porque a ella la sacaron del trabajo también y tienen niños", dijo Travieso.
"Se le han llevado medicamentos porque está enfermo producto de las chiches y los mosquitos en el penal, tiene forúnculos en la cabeza, y en los brazos también, no le han dejado pasar los medicamentos", añadió.
No solo en Palma Soriano las autoridades cubanas han amenazado con largas sanciones en prisión, pues recientemente el fiscal provincial de Mayabeque, Yerandy Calzadilla Dávalos, solicitó condenas que van desde los seis a los 25 años de cárcel para una decena de manifestantes del 11 de julio en ese territorio, a los que ha procesado en la causa 152/21
Mientras tanto, en La Habana la Fiscalía emitió peticiones de condena exorbitantes contra casi 80 manifestantes del 11J en los municipios de Arroyo Naranjo y Diez de Octubre.
El grupo Justicia 11J denunció el caso de varios adolescentes y menores de 18 años que se enfrentan hasta 25 años de cárcel y contra quienes el régimen está utilizando el delito de sedición.
