A un mes de las protestas masivas del 11 de julio en Cuba, organizaciones de derechos humanos reiteraron su preocupación por la respuesta represiva del régimen cubano, "que ha derivado en la comisión de graves violaciones de derechos humanos contra personas manifestantes, una mayor polarización entre los distintos sectores de la población, y una nueva cancelación de la posibilidad de diálogo y apertura para escuchar y atender las demandas sociales".
En un comunicado publicado el martes por ARTICLE 19, CADAL, Centro PEN de Escritores Cubanos en el Exilio, el Pen América e Internacional, Cubalex, Freedom House, entre otras, señalan que han "documentado actos que atentaron contra la integridad física y psicológica, la seguridad personal y jurídica de las personas manifestantes, así como actos contrarios a los derechos de reunión, libertad de expresión, acceso a la información y derecho a defender los derechos humanos".
En particular, Cubalex ha registrado que 837 personas fueron detenidas en el contexto de las manifestaciones. El 47% de estas detenciones se produjeron el 11 de julio y un 10% el día 12. No obstante, se desconoce la fecha exacta de la detención en el 25% de los casos.
El comunicado señaló que "se detuvieron a 33 personas con edades entre 14 y 18 años. Según la legislación cubana, la edad mínima para ser penalmente responsable es 16 años. Al menos cuatro menores de 16 años fueron detenidos en el contexto de las protestas".
Condenaron que "la justicia se impartió de forma extrapenal y administrativa. De ahí que no se tuvieron en cuenta las garantías del debido proceso, como son el derecho a la presunción de inocencia, a la defensa efectiva, el principio de publicidad en las actuaciones y la transparencia, la imparcialidad de los jueces y la igualdad de las partes (contradicción) e inmediación, cuando los jueces resuelven los procedimiento de Hábeas Corpus sin tener a la vista a la persona que fue detenida de manera arbitraria y sin darle la oportunidad de una práctica de pruebas en el acto oral, por lo que arriban a su íntima convicción exclusivamente con los documentos que aporta la Policía y el Ministerio Fiscal".
"Al menos a 44 personas de las que fueron excarceladas, se les impusieron medidas cautelares de fianza en efectivo entre 2.000 y 5.000 pesos cubanos, de acuerdo con el artículo 8.3 del Código Penal, con lo cual se pone fin al proceso penal durante la fase investigativa por decisión de la Policía, pero que por el monto sí deja antecedentes penales", añadió el comunicado.
"A otros se impusieron multas de naturaleza administrativa por disposición del Decreto 31/2021 sobre propagación de epidemia; en estos casos no se puso fin al proceso, pues según declaraciones de detenidos, se les levantó un acta de advertencia y aplicaron medidas cautelares no privativas de libertad como puede ser la reclusión domiciliaria y la obligación contraída en acta (firmadas en estaciones policiales), todo cuanto resulta violatorio del principio ne bis in idem que nadie puede ser procesado ni juzgado dos veces por un mismo hecho", señaló.
Los firmantes denunciaron que diez personas permanecen en estado de desaparición forzada.
Condenaron, además, "actos de tortura y malos tratos, entre los que se pueden mencionar golpizas, electroshocks, ofensas verbales, amenazas de abuso sexual, uso de perros para amedrantar (algunas personas resultaron mordidas en altas horas de la noche), interrupción del sueño, aislamiento en celdas oscuras, condiciones higiénicas deplorables y hacinamiento en las celdas, exponiendo altamente a las personas e incrementando los riesgos de contagio por Covid-19".
"Entre los tratos humillantes se describieron desnudos injustificados y obligación a hacer cuclillas en busca de objetos en los genitales. Las personas prisioneras fueron obligadas a gritar consignas a favor de la 'revolución' como 'Viva Fidel' y 'Viva Díaz-Canel'".
Las ONG señalaron que "hasta el momento se tiene reporte sobre la ejecución de arrestos en todas las provincias del país, incluido el municipio especial Isla de la Juventud".
"El 28% de las detenciones se produjeron en La Habana, provincia con mayor número de detenidos (224), seguido de las provincias Santiago de Cuba y Holguín con el 11%, Villa Clara y Mayabeque con el 8%, y Matanzas y Artemisa con el 7%. Se desconoce el lugar de detención en el 4% de los casos registrados", según la nota.
Ante esta situación, las organizaciones que trabajan por la defensa y la promoción de los derechos humanos y las libertades fundamentales en Cuba anunciaron que enviarán "diversas comunicaciones a los procedimientos especiales de Naciones Unidas y a las relatorías de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ante la falta de observancia del marco internacional de los derechos humanos por parte del Estado cubano, con el objetivo de que adopte medidas determinadas que vayan encaminadas a cesar la represión y sistemática violación a los derechos de la población, y por el contrario, genere condiciones que garanticen el ejercicio de sus derechos".
Asimismo, hicieron "un llamado al Gobierno cubano para que informe con transparencia y sin obstáculos, sobre los procesos legales que enfrentan las personas sancionadas por las autoridades desde el 11 de julio, aunque hayan sido liberadas, con especial énfasis sobre el status de casos que involucran a menores de edad" y presentaron como "una necesidad imperante la aprobación de una legislación sobre el derecho de reunión y manifestación pacífica que evite su criminalización".
"Apoyamos las diversas propuestas ciudadanas que, entre sus principales reclamos, piden la liberación inmediata y sin cargos de las personas detenidas durante las protestas, así como la liberación de aquellos/as activistas y artistas que esperan juicio mientras se encuentran privados de la libertad. Asimismo, es urgente que las autoridades informen sobre el paradero y condición física y jurídica de las personas que hasta el día de hoy se encuentran en calidad de desaparición forzada", reclamaron.
"De igual manera, nos unimos al llamado que desde la sociedad civil cubana se hace a diferentes organismos internacionales y a gobiernos democráticos a pronunciarse sobre la violencia desatada por parte del Estado cubano contra los ciudadanos que protestaron pacíficamente el 11 de julio", concluyeron.
