El Consejo para la Transición Democrática en Cuba pidió a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que exija al Gobierno cubano el cumplimiento de los derechos humanos de los que se dice defensor, pero que niega a sus ciudadanos.
La iniciativa integrada por organizaciones opositoras cubanas de dentro y fuera de la Isla envió una comunicación a la comunidad internacional para que "insista en que las autoridades cubanas cumplan las obligaciones vinculantes establecidas en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y, en particular en lo que se refiere al respeto de los derechos humanos básicos y las libertades fundamentales".
Con motivo de la votación de la resolución que cada año La Habana presenta a la Asamblea General de la ONU para condenar el embargo de Washington contra el Gobierno de la Isla, el Consejo recordó que este último hace "una exportación de responsabilidades, de los problemas que atraviesa la nación cubana desde hace mucho tiempo. Problemas agravados ahora por una crisis política, económica y social sin precedentes, debida a las ineficientes políticas públicas implementadas en el país".
El documento subrayó que "los derechos humanos, la libertad, la dignidad y el bienestar de las personas se expresan y defienden mejor en una democracia", mientras que el Partido Comunista de Cuba (PCC) "pisotea" muchos de esos derechos.
Además de restringir "la participación en la vida política pública" y de no haber "condiciones que garanticen la independencia judicial, especialmente en relación con los casos de activistas y disidentes", el régimen cubano "ha intensificado su represión y las violaciones de los derechos humanos y la situación ha seguido deteriorándose para toda la sociedad cubana, lo que ha provocado una nueva ola de resistencia y manifestaciones pacíficas de importantes sectores que las estructuras represivas del régimen han reprimido y aplastado brutalmente", recordó el Consejo.
El documento recordó que "la violación sistemática de los derechos humanos es una práctica habitual de las autoridades cubanas", y que en la Isla hay registrados 199 casos de prisioneros políticos, más "65 nuevos casos de encarcelamiento político hasta el 1 de junio de 2021".
El Comité mencionó en concreto los casos de Luis Manuel Otero Alcántara, Denis Solís González, Luis Robles Elizástegui, Maykel Castillo "Osorbo", así como de 20 miembros del Movimiento San Isidro a quienes la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares dado que quedó "suficientemente demostrado que los derechos a la vida y a la integridad personal de estas personas corren un grave riesgo".
El texto advirtió que si bien La Habana ha ratificado los ocho convenios fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo, "incumple los convenios 29 y 105" de esa organización sobre el trabajo forzoso.
Asimismo, el Consejo de Administración de la OIT aprobó en marzo pasado un informe del Comité de Libertad Sindical presentado por la Asociación Sindical Independiente de Cuba (ASIC) "por violaciones al derecho fundamental a la libertad de asociación, de representación y de negociación colectiva".
El Consejo para la Transición Democrática en Cuba subrayó que, pese a integrar ese organismo multilateral, La Habana "no reúne los requisitos apropiados para integrar el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU)".
"La Carta de las Naciones Unidas no justifica ni autoriza a los Estados la violación o suspensión de los derechos fundamentales de los ciudadanos, ni siquiera en circunstancias bélicas", finalizó el texto.
