Normalizar relaciones con EEUU, pero con la exigencia del respeto a los derechos humanos en Cuba

Lejos de rectificar su pedido incondicional de levantar el embargo al Gobierno norteamericano, la publicación digital La Joven Cuba intenta justificar su incondicionalidad al Gobierno cubano al reproducir en sus páginas un artículo de otra publicación argentina, Crisis, que entrevista a algunos académicos de la Isla.

La Joven Cuba publica ocho interpretaciones de la realidad nacional, sin denunciar las violaciones sistemáticas de los derechos humanos en el país. No aparece la imposibilidad de defender los derechos humanos allí, por la prohibición jurídica y política del Estado cubano, algo único en el continente americano hoy.

La filósofa Alina López Hernández resalta la valentía personal del movimiento San Isidro por luchar por sus derechos de manera pública, sin embargo desliza su descontento porque: "Algunos de sus integrantes, por ejemplo, han manifestado su apoyo al bloqueo norteamericano y simpatías con el presidente Trump. No percibo en ellos un programa, una estrategia política clara, una táctica definida, ni un análisis profundo de la realidad cubana".

Así, el enfoque de esta profesora se desliza a sus simpatías políticas y exige un programa político a un movimiento ciudadano, lo cual es descabellado y sin sentido. Los partidos políticos necesitan un programa político, los movimientos ciudadanos nacen por demandas concretas, como es el caso del Movimiento San Isidro, que desde 2018 defiende sus derechos al arte y la creación libre y sin represalias. El hecho de que la libertad de expresión, de asociación y de manifestación pacífica se incluyan entre sus demandas es el resultado de comprender que unas y otras están fuertemente interrelacionadas. No se prohíbe y reprime el arte independiente si antes no se ha prohibido la libertad de expresión, asociación y manifestación pacífica.

Por otra parte, demandar el fin de las tiendas de alimentos en divisas es una exigencia ciudadana en medio de una política económica del Gobierno que aboca a la ciudadanía a la hambruna, con el hecho inédito en cualquier otro país de vender alimentos en una moneda que no se paga el trabajo y mantener un "corralito" de divisas.

El jurista Julio Antonio Fernández Estrada, de su lado, señala algunas restricciones de derechos en Cuba, pero declara: "Todas estas manifestaciones de la izquierda en Cuba se unen en la oposición al bloqueo norteamericano a nuestra isla y en la defensa de la soberanía nacional como puntos de partida para cualquier tipo de análisis de nuestra realidad". Lamentablemente, este jurista le otorga la soberanía nacional al Estado y no a los ciudadanos, con una ceguera que contradice sus anteriores posiciones con relación a los derechos humanos en Cuba.

La posición incondicional de levantar el embargo como demanda, desconoce la posibilidad de exigir una negociación con el Gobierno de EEUU, que incluya las condiciones de respeto a los derechos de los ciudadanos cubanos. Esa es la abismal diferencia entre la Carta a Biden de La Joven Cuba, incondicional al Estado cubano, y la Carta ciudadana del Movimiento San Isidro, el Movimiento 27N y de otros disidentes y opositores cubanos. La primera desconoce los derechos ciudadanos, la segunda los reconoce y los defiende por encima de los intereses del Partido Comunista y del Gobierno. El soberano es el ciudadano, no el Estado.

Por otra parte, la profesora del Instituto Superior de Relaciones Internacionales, adscrito al Ministerio de Relaciones Exteriores, Ivette García González, establece tres grupos que según ella son los existentes en el espectro político del país: los estalinistas "continuistas", los liberales y socialdemócratas, y una izquierda anticapitalista sin proyecto. Los primeros están fácilmente colocados en el PCC y el Gobierno, los liberales caricaturizados por su referencia al modelo chino y por circunscribir sus intereses a las votaciones y la representación política —se incluye a los socialdemócratas en esta caricatura—, y los terceros, sin proyecto, solo se dedicarían a atacar el estalinismo vigente, sin propuesta alternativa. Se borra en esta clasificación a la ciudadanía que defiende los derechos humanos ciudadanos, presente en todas las tendencias políticas de la discrepancia en Cuba, menos en el Gobierno.

Más allá, el profesor Julio César Guanche se olvida igualmente de la ciudadanía "realmente existente" y aboga por un ideal de "republicanismo socialista" que aún no sabe definir en positivo, sino a través de aquello que "no es", y agrega que no ha sido entendido en Cuba por el poder ni por otras corrientes de pensamiento. La pregunta número cinco de esta publicación es abiertamente sesgada y errónea: defiende la soberanía nacional estatal, y edulcora la política gubernamental contra la pandemia de Covid-19.

Si se toman las cifras de un país muy similar en población al nuestro, como Haití, este parece tener muchos más recursos que los que posee el Estado cubano y una mejor política de prevención a la realizada en Cuba. El 21 de febrero de 2021, se reportaban en Haití solo 12.274 casos confirmados de coronavirus y 247 fallecimientos por esta causa, números que están muy por debajo de los más de 45.000 infectados en Cuba y de los 300 informados como fallecidos por esta causa. Leemos en la respuesta de la profesora de Filosofía del Derecho Milay Burgos Matamoros unas cifras cubanas sin contraste con los países de la región con similar población. Esta alabanza gratuita a la política gubernamental cubana no tiene asideros empíricos.

Por su parte, el profesor de Derecho René Fidel González García, expulsado de la Universidad en Oriente, culpa de todos los problemas centrales del país al embargo norteamericano: "el pago de un duro peaje para el pueblo cubano en términos de vidas, la deformación de su economía y la posposición y perversión de muchas de sus aspiraciones democráticas, de desarrollo social e individual". Esta posición invisibiliza las demandas ciudadanas al tiempo que oculta las fallidas políticas públicas del Gobierno cubano, sus leyes y el funcionamiento errático de sus instituciones.

La jurista Amalia Pérez Martín es la única entre los entrevistados que señala la indefensión ciudadana cubana frente a sus derechos en todos los órdenes, desde los derechos económicos, laborales, civiles y políticos, y plantea la discrecionalidad con la cual el Gobierno reprime el descontento popular. Como propuesta, señala la responsabilidad del Gobierno cubano: "No se han identificado soluciones generales y duraderas al aumento de las desigualdades. Los funcionarios encargados del ajuste parecen olvidar que el Estado cubano está obligado, según la constitución vigente, a garantizar el ejercicio irrenunciable, imprescriptible, indivisible, universal e interdependiente de los derechos humanos, bajo los principios de progresividad, igualdad y no discriminación".

También, refiere la contradicción de la Constitución al plantear un partido único por encima de la Carta Magna. "Si bien esta propia Constitución contradice dichos presupuestos al declarar el carácter superior y único del Partido Comunista, es posible y urgente bajo su vigencia profundizar la soberanía popular. A nivel institucional esto implica emitir leyes y procedimientos pendientes sobre derechos y garantías básicas como la tutela judicial ante la vulneración de derechos por autoridades estatales, el derecho de queja y petición, los derechos de reunión, manifestación y asociación, entre otros."

El académico Hiram Hernández Castro critica las posiciones gubernamentales de linchamiento mediático contra todos los discrepantes en Cuba: "Si una confrontación 'intelectual' termina siendo el guión de un interrogatorio policial es porque no fue un debate, sino un duelo atravesado por la capacidad de una de las partes de imponer su verdad para inculpar al adversario. Si, suplantando procesos legales y tribunales, los medios de comunicación socializan gacetillas plagadas de inculpaciones como 'contrarrevolucionario', 'mercenario' y 'agente de la CIA', no presenciamos una polémica política sino un espectáculo poco edificante, un linchamiento mediático, el irrespeto a la presunción de inocencia y la imposición del reino de la discrecionalidad." Por otra parte, sin embargo, este académico yerra sobre lo que es un derecho ciudadano y de todas las ONGs del mundo de acuerdo a Naciones Unidas: el derecho a defender los derechos y a recibir financiamiento de quien decida para hacerlo, respaldado por el derecho internacional.

Desconocimiento del derecho internacional y de los derechos humanos

Salvo una académica, Amalia Pérez Martín, los restantes entrevistados desconocen el derecho internacional y sus propios derechos como ciudadanos. Es lógico, por su formación inicial en la dictadura cubana, que prohíbe la discusión del tema en la opinión pública y en la academia, y que reprime a quien defienda sus derechos.

Sin embargo, aunque sin formación, es posible exigir condiciones de respeto a los derechos humanos violados de manera cotidiana por el Gobierno cubano, en una posible negociación futura con el Gobierno de Estados Unidos: esta es la agenda de la ciudadanía cubana, a la cual la izquierda cubana, en su inmensa mayoría, le sigue mostrando su espalda.

No es racional ni plausible que el Gobierno de la Isla continúe la represión contra los derechos humanos en Cuba, como tampoco es posible ya, hacer invisibles o tergiversar los movimientos ciudadanos cubanos. La izquierda ideológica latinoamericana debe dejar de ser una izquierda colonial que oculta las violaciones de derechos humanos en Cuba y por el contrario, puede facilitar su visibilidad y denuncia en Latinoamérica. Es algo que esta izquierda le debe a los ciudadanos cubanos desde hace seis décadas.