En abril de 2020, la Organización de las Naciones Unidas alertó en contra de utilizar la pandemia como justificación para la violación de derechos humanos.
El inicio y desarrollo de la pandemia en cada país han evidenciado lo errático o acertado de las estrategias nacionales. En el caso de Cuba, la cifra de camas hospitalarias, la cantidad de mascarillas, los respiradores de oxígeno y el número de ambulancias ha sido información ocultada a la ciudadanía. Tampoco el contexto de una crisis económica endémica desde hace 30 años, que obliga a la población a hacer largas colas cotidianas para buscar alimento, medicinas y productos de aseo, ha sido analizado y publicado por las autoridades. Es decir, el impacto de esta crisis económica en la cuarentena y el número de infectados por las aglomeraciones, resultado de la incrementada escasez, ha estado ausente de la información y de la política gubernamental.
En tales condiciones, proponer el aumento de la represión es una política fallida. El Gobierno revitaliza el Decreto-Ley 14, de agosto de 2020, en una tercera ola de incremento de infectados, con la ciudadanía abocada a la hambruna, y sin que se liberen el sector privado y cooperativo para producir alimentos. A la luz de este diagnóstico, la estrategia económica y social del Gobierno, anunciada en julio de 2020, también ha sido una política fallida.
El Decreto-Ley 14 sanciona con multas de 2.000 pesos —un costo exorbitante para los salarios antes y después del nominal aumento de los mismos— a los ciudadanos que, a criterio de la policía, no lleven adecuadamente las mascarillas en el espacio público. Numerosos ciudadanos han denunciado en redes sociales la arbitrariedad policial a la hora de imponer las multas. Los ciudadanos que no las paguen son enviados a los tribunales penales, con la causa de "propagación de epidemias", delito contemplado en el Código Penal cubano con penas de hasta un año de privación de libertad. El abogado Edilio Hernández contabiliza, en este mes de enero, 1.839 sancionados penalmente por dicha causa. Eso, cuando ningún país sometido a la pandemia ha encarcelado a nadie por no llevar las mascarillas, usarlas de manera incorrecta o no mantener el distanciamiento social.
Sin reglas claras ni justas
De febrero a diciembre de 2020, el Observatorio de Derechos Humanos cuantificó 4. 211 acciones abusivas de las autoridades contra activistas de derechos humanos, periodistas y artistas independientes. Entre ellas, en plena cuarentena, hubo citaciones de la policía política y de la nacional, allanamientos de viviendas y confiscación de bienes personales, multas desmedidas, prisión domiciliaria y 1.822 detenciones arbitrarias. Ninguna de las víctimas de estas arbitrariedades fue portador positivo de la enfermedad. Así, no se explica tal represión en plena pandemia. Las propias autoridades terminan siendo una posible fuente de contagio a raíz de citaciones que obligan a trasladarse a estaciones de policía a ciudadanos sanos, de no respetar la distancia social durante los arrestos arbitrarios, y de mantener a los arrestados sin las medidas higiénicas necesarias, en celdas no desinfectadas y aglomeradas.
Por otra parte, la Fiscalía de la República desestimó una acusación al presidente designado por no usar mascarilla ni respetar la distancia necesaria en un acto multitudinario oficial en la capital, el 29 de noviembre. La denuncia del abogado Julio Ferrer Tamayo y la respuesta de la Fiscalía evidencian la discriminación de los ciudadanos ante la ley en Cuba. Las leyes los penalizan, pero los funcionarios del Gobierno pueden violarlas.
Más allá, activar un decreto ley como el 14 de 2020, inconstitucional por la suspensión de los derechos ciudadanos sin que se haya declarado la emergencia nacional, es directamente ilegal. La resolución del Ministerio de Salud Pública del 22 de marzo, declarando la situación epidemiológica del país como una situación de emergencia, no resuelve el problema fundamental de la declaración legal de ese estado por parte del Gobierno. Como es habitual en el modus operandi de las autoridades, no hay "reglas claras" para impedir la represión arbitraria. Por el contrario, se dejan abiertas las puertas que permiten ejercerla.
El 30 de abril, el Gobierno informaba en un programa televisivo el enjuiciamiento de 506 personas, de las que 503 fueron sancionadas por "propagación de epidemias", "acaparamiento" y "desacato a la autoridad". Lo anterior indica una arbitrariedad que no responde ni cumple ningún protocolo de actuación para multar, arrestar y encarcelar a los ciudadanos. Quienes han sido multados por "propagación de epidemia" solo pueden apelar en los tres días siguientes ante la misma autoridad que los multó, imposibilitando la defensa del ciudadano frente a un sistema que se apropia el privilegio de ser juez y parte en la aplicación de la ley. El ciudadano, por tanto, está desarmado frente a la arbitrariedad. Algo similar ocurre con los juicios sumarios, sin presencia de abogados defensores, aplicados masivamente durante la pandemia, violatorios de los derechos constitucionales a tan solo un año y once meses de aprobada la nueva Constitución.
Políticas fallidas
Revitalizar la represión con el decreto ley 14 de agosto de 2020 es una política fallida. Viola los derechos ciudadanos y no impidió la segunda y tercera ola de contagios en la Isla, con 18.151 casos de infección detectados y 170 fallecidos. El contexto en cada país es central para desarrollar estrategias contra el Covid-19. Siendo una isla, Cuba tiene una cantidad importante de contagios en relación con los países latinoamericanos que comparten fronteras territoriales.
El contexto cubano de contagios en las colas y aglomeraciones para comprar alimentos, medicinas o productos de aseo, junto al deficiente transporte público, no ha sido interés de las autoridades, que tampoco ofrecen información sobre el impacto de estas múltiples crisis en el contagio de la pandemia a nivel nacional.
De igual modo, la estrategia económica para aliviar el problema de la ausencia de alimentos no libera las fuerzas productivas y sigue tratando a los productores agropecuarios como esclavos. Mantener el control estatal de los mecanismos económicos y no legalizar las pymes es un desastre que se suma a la epidemia y mantiene a la población abocada a la hambruna, sometida a la inflación y a precios estatales que diluyen los aumentos salariales y de pensiones.
A quien lo dude que vaya y le pregunte a los muchachos de la protesta de San Isidro, de cómo los detuvieron si no con el pretexto de que "violaban el confinamiento vs. Covid". ¡Cínicos y pendej@s! como siempre lo han sido, por lo mismo que no se atreven a dar la cara y ejecutan todos sus operativos policiales, actos de repudio, palizas y todos tipo de atropellos vestidos de paisano, de civil porque no se atreven a llevar el uniforme con las siglas de represores bien a la vista, aunque todos sepan que estas atrocidades son ordenadas y organizadas por la odiada dupla Partido Comunista/Policía Política, y todo por simple y llana cobardía, mientras se dan golpes de pecho dándoselas de bravos y c@jonud@s cuando apresan, hostigan o apalean a opositores y disidentes pacíficos e indefensos. !Son unos cobardes y unos miserables!!!!!!!!
A base de ''decretos'' , ''resolucioes'' , ''órdenes'' ''multas'' y cualquier otra forma de represión pretende el régimen mafioso que desgobierna en Cuba , combatir más que al Covid19 , a su POBLACIÓN DESPROVISTA DE LO MÁS INDISPENSABLE. ¿Hasta cuándo...? Si no hay una rápida intervención HUMANITARIA MUL;TINACIONAL (ONU por ej.) la HAMBRUNA, EPIDEMIAS y una total falta de higiene , arrasará con gran parte de ese noble pueblo cubano. Para colmo de males ni de agua potable disponen en muchísimos lugares del país. Encima, vendrán los apagones programados.