El Gobierno de Estados Unidos y las organizaciones Human Rights First y Human Rights Whatch rechazaron este sábado las amenazas al periodista cubano Abraham Jiménez Enoa, interrogado por la Seguridad del Estado por sus artículos para el diario estadounidense The Washington Post.
"Fue esposado, interrogado y registrado (…) por agentes del régimen en una terrible violación de sus derechos humanos", escribió en su cuenta en Twitter Michael Kozak, subsecretario interino de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de Estados Unidos.
"Los valientes periodistas independientes de Cuba están sujetos a estos abusos simplemente por informar sobre la realidad de la vida bajo el régimen", añadió.
"El régimen de Cuba brutaliza a los periodistas cuando informan sobre la realidad de la vida", en el país. "La espantosa detención de Jiménez Enoa es un flagrante asalto a la libertad de expresión propio de esta dictadura. Qué inconcebible que busquen un asiento en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU", dijo por su parte, en la misma red social, Morgan Ortagus, portavoz del Departamento de Estado.
"Nunca es un día apropiado para maltratar a un periodista", apuntó José Miguel Vivanco, director ejecutivo de Human Rights Whatch para América. Mientras la organización Human Rights First resaltó que Jiménez Enoa "no hizo más que ejercer su derecho básico a la libertad de expresión".
Jiménez Enoa denunció el jueves en sus redes sociales que la policía política lo amenazó con encarcelarlo si vuelve a publicar en The Washington Post, del que es reportero desde Cuba.
"Me dijeron que (…) me procesarán por usurpación de funciones, porque el medio no está acreditado en Cuba, que comenzarán una guerra contra mi familia y mis allegados, que todo esto era porque detrás de mí está el Gobierno de Estados Unidos", escribió el periodista en su perfil de Twitter y Facebook.
Relató que fue desnudado para someterlo a registro corporal, esposado y obligado a viajar "con la cabeza abajo" en un vehículo, en el que fue conducido a Villa Marista, cuartel general de la Seguridad del Estado.
"Después de muchas otras amenazas, al regreso no me esposaron, pero igualmente me trasladaron con la cabeza abajo", precisó. Dijo que el interrogatorio había durado cinco horas.
"Este post es, sobre todo, para aquellas personas que creen que en Cuba no impera un régimen dictatorial", concluyó.
El profesor y comunicador cubano José Raúl Gallego, compartió la nota de Jiménez Enoa, con un comentario dirigido a "directivos, profesores, exprofesores, graduados y estudiantes de la Faculta de Comunicación de la Universidad de La Habana".
"Aquí está el trato a uno de nuestros compañeros. A la gente de la casa, a los que conocemos y que nadie puede venir a hacernos cuentos ¿Seguimos mirando para el lado? ¿Hasta dónde se pueden ceder los principios? ¿Hasta dónde se es decente o buena persona callando ante algo así? ¿Vale la pena ese silencio? ¿Para qué?", preguntó Gallego.
La "usurpación de funciones" es una de las figuras legales que la Seguridad del Estado utiliza para intentar acallar a la prensa independiente en Cuba, sobre la que mantiene un hostigamiento perenne.
La publicación independiente El Toque advirtió que el argumento de la colaboración con medios de prensa extranjeros no acreditados en Cuba, mucho más si son de Estados Unidos, podría ser utilizado por el régimen para aplicar la Ley 88, de Protección a la Independencia Nacional y a la soberanía de Cuba, popularmente conocida como Ley Mordaza.
Esa ley fue uno de los instrumentos utilizados por las autoridades cubanas para enviar a prisión a 75 opositores, periodistas y activistas en la primavera de 2003.
