El Observatorio de Libertad Académica (OLA) publicó su primer informe sobre discriminación política en la Educación Superior en Cuba, en el cual documentan expulsiones de profesores que abarcan desde la de Dimas Castellanos en 1977 y Enrique Patterson en 1981, hasta los recientes casos de Ariel Ruiz Urquiola en 2016 y Omara Ruiz Urquiola en 2019.
El documento contiene un análisis de las violaciones a la libertad académica y a la autonomía universitaria, reafirmadas en el discurso pronunciado por Ernesto Che Guevara el 17 de agosto de 1959 en Santiago de Cuba, así como en el Acuerdo No. 8625 de 2019 del Consejo de Ministros, que condiciona políticamente el acceso de los recién graduados a la educación de postgrado.
Sergio Ángel, Omara Isabel Ruiz Urquiola, José Raúl Gallego, David Gómez Gamboa, Catalina Rodríguez, y Alejandra Suárez, autores del informe, se propusieron evidenciar "que todas las formas de degradación, persecución ideológica o política, restricción a la libertad de expresión y expulsión de las universidades, han sido formas sistemáticas de perseguir a todos aquellos que no se han adecuado a los lineamientos del Partido Comunista de Cuba".
Con la publicación del texto inicia una serie de entregas mensuales que documentarán "la violación sistemática de los derechos civiles de estudiantes y profesores de las universidades cubanas", quienes "han vivido la persecución de las autoridades políticas y se han visto obligados a doblegarse a los lineamientos ideológicos del Partido, so pena de ser sancionados, degradados y humillados".
El académico cubano José Raúl Gallego, uno de los autores del texto, escribió en sus redes sociales que "ante la falta de garantías jurídicas en Cuba, la ausencia de diálogo por parte del Gobierno y la arbitrariedad con que tantos estudiantes y maestros son despojados de sus derechos en una Educación que se dice pública, no queda otro recurso que denunciar ante la comunidad internacional y ante las universidades del mundo que tienen relaciones con Cuba este tipo de arbitrariedades".
Gallego afirmó que la decisión de realizar estos informes también responde a que las autoridades cubanas "han demostrado que no les importan los argumentos ni los derechos de los reclamantes", por lo que "solo reaccionan a la presión de la opinión pública y la comunidad internacional".
"Sirva este trabajo no solo para documentar una práctica histórica degradante para la Educación Superior cubana, sino también para contribuir, aunque sea mínimamente, a que el Gobierno y los funcionarios cubanos se lo piensen dos veces antes de troncharle la vida a un profesor o estudiante por sus opiniones políticas", finalizó.
El OLA fue fundado a inicios del mes de julio de 2020 con el propósito de "documentar y visibilizar la discriminación por motivos políticos" y las violaciones a la libertad de cátedra en las universidades del país.
Las expulsiones de estudiantes y profesores por cuestiones políticas en la Isla no son más frecuentes porque muchos se limitan a expresar sus ideas, e incluso las ocultan con el fin de evitar las mencionadas sanciones.
La propia viceministra de Educación Superior, Martha Mesa Valenciano, afirmó que "el que no se sienta activista de la política revolucionaria de nuestro Partido, un defensor de nuestra ideología, de nuestra moral, de nuestras convicciones políticas, debe renunciar a ser profesor universitario".
El actual presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, expresó en 2009, cuando se desempeñaba como ministro de Educación Superior, que "el criterio de que la universidad es para los revolucionarios será patentizado", y agregó que "la selección de los alumnos que integrarán el claustro luego de graduados tiene que ganar en calidad, no solo debe prevalecer el criterio académico, sino también sus actitudes revolucionarias y compromiso social".
Qué raro... el G-2 debe investigar.