El periodista de DIARIO DE CUBA Manuel Alejandro León Velázquez, fue amenazado por la Policía de Guantánamo por ofrecer su testimonio para un reportaje de la productora independiente Palenque Visión dedicado a la situación de Cuba en medio de la pandemia del Covid-19.
León Velázquez, quien había sido citado el miércoles pasado para que se presentara en la Unidad de Operaciones Policiales, a unos seis kilómetros de su lugar de residencia, debió volver a desplazarse a ese sitio este sábado porque en aquella ocasión no lo interrogaron, a pesar de que el transporte en toda la Isla está suspendido por la pandemia de Covid-19.
En esta ocasión fue atendido por un instructor policial que no quiso identificarse. "Quiso saber sobre el video donde me entrevistan, quién lo había hecho. Me dijo que estamos en estado de excepción y que todo eso es considerado un delito, que hablar de la situación que vivimos en Cuba por el coronavirus es difusión de noticias falsas".
El audiovisual en que es entrevistado León Velázquez fue difundido en redes sociales por Palenque Visión, y en él ofrecen sus opiniones otros activistas cubanos. Todos, según el reportero de DIARIO DE CUBA, han sido citados por la Policía con el mismo propósito.
"Me dijo que si volvía dar un testimonio así, tomarían medidas", explicó León Velázquez, que en otras ocasiones ha sido amenazado y detenido por el régimen por hacer su trabajo como periodista.
Esta misma semana, el también reportero de DIARIO DE CUBA Waldo Fernández Cuenca fue amenazado en La Habana por un agente que, durante un interrogatorio, le advirtió que podrían aplicarle "la Ley del vago" por presuntamente no tener vínculo laboral con el Estado.
La semana pasada, 47 organizaciones de derechos humanos y medios de prensa independientes denunciaron en un comunicado la violación de los derechos humanos fundamentales que supone la aplicación en Cuba del Decreto-Ley 370, instrumento legal que desde el inicio de la pandemia del Covid-19 la policía política ha utilizado para reprimir a periodistas, activistas y miembros de la sociedad civil, por criticar en las redes sociales la situación del país.
Al menos 30 personas han sido sometidas a interrogatorios, amenazas, y decomiso de medios de trabajo por difundir sus opiniones en redes sociales, y una veintena ha sido víctima de la imposición de multas de 3.000 pesos (120 dólares), cuantía que triplica el salario medio mensual vigente.
El Decreto-Ley 370, y en particular su artículo 68 inciso i), establece, de una forma vaga e imprecisa, como contravención, la acción de "difundir, a través de las redes públicas de transmisión de datos, información contraria al interés social, la moral, las buenas costumbres y la integridad de las personas".
