Ni en tiempos de cuarentena por la pandemia del coronavirus en Cuba las prácticas de las fuerzas represivas se detienen. El jueves el abogado independiente Edilio Hernández Herrera solicitó a la Dirección General de Prisiones que modificara la sanción de cinco años que le aparece al preso político Yasser Rivero Boni, condenado por los tribunales del régimen a un año y ocho meses de prisión.
"La sanción conjunta que dictó el Tribunal fue esa y no la de cinco años como aparece en el Registro Penitenciario; evidentemente la Seguridad del Estado manipuló la base de datos para aumentarle la condena a Rivero Boni. De inmediato le pedí a la funcionaria que me atendió que eso debía ser modificado y ella dijo que se haría, seguiré pendiente de que así se cumpla", explicó este jurista a DIARIO DE CUBA.
Rivero Boni cumple esa sanción por un supuesto atentado que alega no haber cometido, al ser víctima del acoso y la represión policial. El joven fue acusado primeramente por "asediar al turismo" y luego por resistirse a un violento arresto en plena calle que puede apreciarse en un vídeo publicado en Youtube.
Este opositor se dio a conocer ante el mundo cuando interrumpió la transmisión en vivo de la cadena deportiva ESPN lanzando unos pasquines antigubernamentales durante la visita de Barack Obama a Cuba en 2016. A partir de ese momento el hostigamiento a su persona se intensificó hasta caer en prisión.
De igual manera, también el jueves el abogado Hernández Herrera presentó ante el coronel Abelardo Jiménez, director general de Establecimientos Penitenciarios del Ministerio del Interior (MININT) una queja a nombre de la madre de la Dama de Blanco Aymara Nieto Muñoz, por el traslado de su hija hacia la provincia de Las Tunas, a más de 600 kilómetros de distancia de la familia.
Nieto Muñoz, madre de dos niñas pequeñas y miembro de la UNPACU cumple una sanción de cuatro años por los supuestos delitos de "daño y atentado" en la prisión de Mujeres del Guatao, en La Habana.
La semana pasada fue trasladada hasta el poblado tunero de Manatí, con la justificación de haber participado en una trifulca interna en la prisión.
Su madre alega que ella no tuvo participación alguna en esos hechos y califica la decisión del traslado como injusta, inhumana e ilegal debido a las dificultades de transportación y la carencia de medicamentos que necesita esta reclusa para controlar su presión arterial.
Las autoridades no tienen establecido por ley un plazo para atender esta queja.
