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Derechos humanos

La ONU reconoce la crisis de la libertad de expresión en Cuba

El relator especial sobre la promoción y protección de la Libertad de Expresión, David Kaye, critica la situación.

Madrid
Roberto Jesús Quiñones Haces.
Roberto Jesús Quiñones Haces. CUBANET

"Cuba y Venezuela enfrentan una crisis en la libertad de expresión por años", afirmó el jueves el relator especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre la promoción y protección de la Libertad de Expresión, David Kaye.

Ambos países, liderados por regímenes de inspiración marxista, fueron señalados como donde peores indicadores en la materia existen en la región, según dijo Kaye en su intervención durante el seminario internacional "Fin a la impunidad de los crímenes contra periodistas en América Latina."

El evento, celebrado en el Museo de Antropología de Ciudad de México, sirvió de antesala al Congreso Latinoamericano de Periodismo Investigativo (COLPIN), el encuentro más importante del área para el periodismo en profundidad.

En los últimos meses, La Habana aumentó la represión contra comunicadores independientes, que incluyó detenciones, decomiso de medios, deportación y prohibición de ingresar a determinadas localidades del país, amenazas de ser llevados a prisión y, en el caso del reportero de Roberto Jesús Quiñones, encarcelamiento.

Este caso fue denunciado por organizaciones y medios independientes cubanos, y condenado por instancias como la Organización de Estados Americanos (OEA), que manifestó "su preocupación por la persistencia de la criminalización hacia quienes ejercen el derecho a la libertad de expresión en la Isla."

"Las detenciones arbitrarias han sido utilizadas como método para la intimidación y hostigamiento de activistas, defensores de derechos humanos y periodistas", continuó la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

El código penal cubano estipula sanciones de décadas de encarcelamiento si la persona viola la Ley 88, más conocida como "Ley Mordaza."

El presidente del Tribunal Supremo Popular, Rubén Remigio Ferro, amenazó desde su cuenta en Twitter en mayo pasado con aplicar esa disposición legal, en respuesta a la reactivación del capítulo III de la Ley Helms-Burton.

La Ley Mordaza, sobre la "protección de la independencia nacional y la economía", fue puesta en vigor en 1999 y dispone de ítems para la represión del periodismo no estatal por, supuestamente, concordar "con los intereses imperialistas" de "subvertir el orden interno de la nación y destruir su sistema político, económico y social".

La última ocasión en que se aplicó esa medida represiva en la Isla fue durante la Primavera Negra, en 2003, cuando el régimen puso tras las rejas a 75 opositores, entre los que contaban más de veinte reporteros independientes.

En julio pasado, el Gobierno cubano publicó un Decreto Ley donde subraya que cualquier residente cubano que hospede su página web en un servidor extranjero recibirá una multa de entre 1.000 y 3.000 pesos cubanos (cerca de entre 40 y 120 dólares) y el decomiso de los equipos utilizados en la "infracción."

Ante la actual situación, se han hecho circular varios comunicados desde la sociedad civil, como la declaración     conjunta de 19 medios independientes en octubre pasado, a causa de las "detenciones arbitrarias, interrogatorios, intimidaciones psicológicas, agresiones verbales, allanamientos de domicilios, prohibiciones de salida del país (también conocida como "regulación"), acoso sexual, ciberacoso, difamación, provocaciones en la vía pública y decomiso de medios de trabajo, entre otros."

La Carta de los Siete, enviada a Miguel Díaz Canel y Raúl Castro, y firmada por siete intelectuales y artistas cubanos, demandó entre sus puntos el levantamiento de las "regulaciones", medida aplicada "a todos los ciudadanos cubanos a quienes se les aplique por razones políticas". 

De acuerdo con una lista del Instituto Patmos, alrededor de 200 ciudadanos, entre ellos un gran número de comunicadores, han sido "regulados" por el régimen en los últimos meses.

La carta pública también exigió "la no criminalización del ejercicio periodístico y el activismo social fuera de la égida del Estado, así como las visiones diferentes a las del status quo sobre el presente y futuro de Cuba".

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