Las plataformas ciudadanas no partidistas Observadores de Derechos Electorales (ODE) y la Asociación Cubana de Observadores Electorales (ACOE), que promueven la transparencia y el ejercicio de los derechos civiles y políticos a través del monitoreo del proceso electoral cubano, denunciaron en un comunicado conjunto la represión a que son sometidos sus miembros de cara al próximo referendo constitucional.
"Hacemos un llamado de urgencia a la Comisión Electoral Nacional (CEN) para que tome las medidas necesarias que permitan detener la violencia política ejercida por parte de agentes del Estado en contra de los observadores electorales", manifestaron.
Recordaron que "la propia Ley Electoral vigente en su Artículo 111 reconoce que el escrutinio es público y pueden estar presentes los ciudadanos que lo deseen".
Por primera vez en la historia electoral posterior a 1959, en el proceso electoral cubano 2017-2018 se crearon plataformas de observación electoral desde la sociedad civil democrática como ODE y ACOE.
Las plataformas han desarrollado iniciativas que han logrado la incorporación de ciudadanos al seguimiento y monitoreo de todas las etapas del proceso donde la ciudadanía tiene derecho a participar.
ODE y la ACOE consideran que "la Comisión Electoral Nacional debe tomar los correctivos necesarios de manera inmediata para frenar los actos de hostigamiento y amenaza en contra de estos observadores, servidores públicos y líderes sociales que ejercen su rol ciudadano".
La CEN como institución que organiza los procesos electorales en Cuba "tiene la obligación de construir condiciones de competitividad y transparencia en la que todos los ciudadanos podamos ejercer libremente nuestro voto y elegir por la opción de nuestra preferencia sin presiones, sin miedo y de manera secreta", añaden.
"Los agentes del Estado no deben ni pueden ser una barrera que impida el desarrollo de la observación ciudadana. Exhortamos a la comunidad internacional que, a través de los medios, ya que no les fue permitida la observación, vigilen que los cubanos podamos ejercer en condiciones de seguridad nuestra elección", concluyen.
En declaraciones ofrecidas a DIARIO DE CUBA a inicios de febrero, Marthadela Tamayo, portavoz de ODE, aseguró que más de 80 activistas agrupados en la plataforma en todo el país se preparaban para dar seguimiento al referéndum sobre la futura Constitución de Cuba.
Según Tamayo, su labor está enfocada en tres objetivos: "la vigilancia por que cada elector tenga derecho a emitir su voto para aprobar o rechazar la propuesta de reforma; realizar la observación del escrutinio en los colegios electorales, amparados por la Ley Electoral vigente (Ley 72) y vigilar que no sea excluida ninguna persona del registro electoral".
"Ese fue un ilícito electoral que hemos visto en observaciones pasadas. Muchos de los disidentes iban a votar y se encontraron con que estaban excluidos del padrón electoral", apuntó en ese momento.
Los cubanos están convocados a dar "su última palabra" sobre la Ley de leyes cubana en medio de una intensa campaña desde los medios y espacios estatales en la promoción del Sí, en contraposición de otros sectores que apuestan por el #YoVotoNo o #YoNoVoto y que han sufrido la represión del régimen por promover estas opciones.
El borrador final de la Carta Magna está conformado por 229 artículos, 11 títulos, dos disposiciones especiales, 13 transitorias y dos finales, después de que le fueran incorporadas 760 enmiendas, lo que significó que el 60% del primer proyecto fue modificado.
A pesar de los cambios, no introduce modificaciones en el sistema político, mantiene al Partido Comunista de Cuba (PCC) como "fuerza dirigente superior de la sociedad" y ratifica el comunismo como aspiración, pese a que ese término se había eliminado en el primer borrador de la reforma constitucional.
Sobre este aspecto, la Conferencia de Obispos Católicos de Cuba (COCC) criticó la sustentación ideológica de la Carta Magna y llamó a los cubanos a votar "desde su conciencia".
La futura Constitución reconoce la propiedad privada, considera a la inversión extranjera como necesaria, pero mantiene al cubano al margen; instituye las figuras del presidente de la República y el primer ministro, y establece un límite de dos mandatos presidenciales consecutivos. También dispone que en ningún caso los medios fundamentales de la comunicación serán objeto de propiedad privada.
