El activista Boris González Arenas fue liberado el domingo después de sufrir una detención arbitraria de más de 24 horas.
Según un comunicado de la Comisión de Derechos Humanos del Partido Demócrata Cristiano de Cuba, Arenas salió en libertad la tarde del domingo, después de ser retenido sin acusación en una estación de la Policía del municipio Cotorro. A su salida, recibió una multa de 150 pesos.
Boris González Arenas había sido detenido el sábado frente a su casa, en el Vedado, por agentes de la Seguridad del Estado y de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR), cuando salía a llevar a su hijo a jugar fútbol.
Según informó el activista Oscar Casanella, el jueves pasado González Arenas había recibido una citación para presentarse el viernes 3 de agosto a las 2:00PM, con su carnet de identidad, en las oficinas de Inmigración. González Arenas no acudió a la citación por considerar que no cumplía con los requisitos de tiempo y forma establecidos por la ley.
Juliette Fernández Estrada, la esposa de González Arenas, desde el momento de su arbitraria detención había estado llamando a distintas unidades de la Policía sin obtener respuesta por parte de las autoridades acerca del paradero de su esposo.
El domingo, pasadas las 11:00 de la mañana, finalmente supo que González Arenas estaba en la estación de la PNR del Cotorro, pese a que el sábado mismo había llamado a esa estación y le negaron que el detenido estuviera allí.
El oficial de la PNR del Cotorro no supo decir a Fernández Estrada la razón de la detención de su esposo.
La Comisión de Derechos Humanos del Partido Demócrata Cristiano de Cuba —miembro de la Mesa de Unidad de Acción Democrática (MUAD), de la Organización Demócrata Cristiana de América (ODCA) y de la Internacional Demócrata de Centro (IDC)— emitió un comunicado donde exige a las autoridades cubanas "el cese de la constante persecución que de forma injusta y arbitraria" sufren los opositores pacíficos en la Isla, y llama al Gobierno de Cuba a ratificar el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y modificar las leyes vigentes para que se correspondan con los contenidos del Pacto.
Asimismo, la CDH-PDC urgió a los partidos miembros de la ODCA y de la IDC y a las organizaciones de derechos humanos regionales e internacionales, a reclamar a las autoridades cubanas "el cese inmediato de estas persecuciones y arbitrarias detenciones de los cubanos que pacíficamente reclaman su derecho a opinar distinto y a luchar por el establecimiento de un régimen de derecho respetuoso de los derechos fundamentales de la persona humana en Cuba."