Los tres activistas que el 26 de julio pasado protagonizaron una protesta en la Catedral de Santiago de Cuba fueron condenados este jueves a dos años y seis meses de cárcel bajo el cargo de "peligrosidad social predelictiva", denunció la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU).
Se trata de Alberto de la Caridad Ramírez Baró y sus dos hijos, Alberto Antonio y Leonardo Ramírez Odio, conocidos como "los tres de la catedral", quienes estaban detenidos desde el pasado 24 de mayo.
"Peligrosidad social predelictiva" es una figura que el régimen utiliza con frecuencia para encarcelar disidentes.
En un vídeo divulgado por su organización, José Daniel Ferrer, líder de la UNPACU, calificó de "farsa" el juicio al que fueron sometido los dos hermanos y su padre. Describió además "un operativo policial enorme por todo Santiago de Cuba" para impedir posibles muestras de apoyo a los procesados.
"Todo estaba lleno de agentes de la policía política", afirmó por su parte Reina Silvia González Reyes, esposa de Alberto Antonio.
"Nosotros, los familiares, no teníamos conocimiento del juicio que se iba a realizar. Les pusieron un abogado de oficio, tenían planificado todo lo que les iban a hacer", añadió.
A juicio de Ferrer, el régimen "teme" a estos tres activistas "por el valor que ellos han venido demostrando al protagonizar protestas en medio de manifestaciones o de actos públicos de la tiranía".
"Los tres de la catedral" pasaron más de 90 días presos tras manifestarse el 26 de julio de 2017, pero finalmente fueron liberados.
Luego los han detenido en varias oportunidades, les han allanado la vivienda, "les han "robado sus escasas pertenencias, tienen aterrorizada a la familia" con un "acoso permanente", denunció Ferrer.
De acuerdo con Ferrer, actualmente está en las cárceles medio centenar de activistas de la UNPACU, lo que la convierte en la organización con mayor cantidad de presos políticos.
Otros miembros de la UNPACU están actualmente detenidos y podrían acabar también condenados, alertó Ferrer. Mencionó a Zaqueo Báez Guerrero e Ismael Boris Reñí, en La Habana; Eliecer Góngora Izaguirre, en Jobabo, Las Tunas, y Alexander Verdecia Rodríguez, en Río Cauto, Granma. Todos fueron arrestados antes del Primero de Mayo.
Este mismo jueves la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional advirtió que "no existen motivos para esperar mejoras en la situación de derechos civiles y políticos a raíz de los recientes cambios de nombres en las estructuras del poder formal en Cuba", en referencia a la designación de Miguel Díaz-Canel como nuevo presidente de los Consejos de Estado y de Ministros.