La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) declaró "la responsabilidad internacional del Estado cubano por la violación de los derechos a la libertad de expresión y asociación" de los cuatro integrantes del Grupo de Trabajo de la Disidencia Interna condenados en 1997 y recomendó resarcirlos.
Vladimiro Roca Antúnez, René Gómez Manzano, Martha Beatriz Roque Cabello y Félix Bonne Carcassés (fallecido en 2017), autores de los textos "Plataforma para la transición" y "La patria es de todos", fueron detenidos en 1997, tras la creación del grupo disidente, condenados por sedición, y liberados entre el 2000 y el 2002.
En un informe de fondo, la Comisión "concluyó que las sanciones penales impuestas a las víctimas son incompatibles con las exigencias del derecho a la libertad de expresión y el derecho a la libertad de asociación en una sociedad democrática".
La CIDH consideró que la persecución del grupo disidente buscaba "criminalizar la crítica política" y dijo que "la intolerancia de las autoridades cubanas hacia toda forma de crítica u oposición política constituye la principal limitación a los derechos a la libertad de expresión y asociación en ese país".
"La Comisión consideró que, además de la dimensión individual del impacto de estas medidas sobre las víctimas, la criminalización que se evidenció ejerció un efecto intimidatorio o disuasivo (chilling effect) sobre toda la sociedad cubana, pudiendo conducir a impedir o inhibir este tipo de opiniones y asociaciones", según el informe.
Por todo ello, "la Comisión recomendó a Cuba reparar a las víctimas y, de ser el caso, a sus familiares sobrevivientes, por el daño material e inmaterial sufrido en virtud de las violaciones establecidas".
También recomendó "dejar sin efecto la condena penal impuesta a las víctimas en el presente caso y todas las consecuencias que de ella se deriven" y "realizar un acto público de reconocimiento de su responsabilidad por las violaciones a la Declaración Americana establecidas".