La Seguridad del Estado confiscó el jueves 10.000 firmas por la libertad de Eduardo Cardet, líder del Movimiento Cristiano Liberación (MCL), y detuvo a los activistas que pretendían hacer entrega de las peticiones a las autoridades cubanas, denunció la organización en su web oficial.
En el día de ayer, 5 de abril, Rosa María Rodríguez Gil, miembro del Consejo Coordinador del Movimiento Cristiano Liberación se dirigía junto a su esposo, Alejandro Febles, al Consejo de Estado para hacer entrega de 10.000 firmas por la libertad de Cardet, precisó el MCL.
Varios agentes de la Seguridad del Estado los detuvieron y les incautaron las firmas.
"Durante los interrogatorios, los agentes querían obtener información de cómo había sido posible que el MCL recolectara tal cantidad de firmas en tan poco tiempo, firmas en las que consta el nombre y carnet de identidad de los ciudadanos, que ejerciendo el derecho legal de hacer peticiones procedieron a sumarse a dicha campaña", señaló el Movimiento.
Según la declaración del grupo opositor, Rosa María Rodríguez reclamó la devolución de las firmas, a lo cual los agentes se negaron.
Rodríguez "pidió que le diesen un documento donde constara que el Gobierno de Cuba, a través de la Seguridad del Estado, estaba en posesión de dichas firmas".
La activista tiene previsto, una vez formado el nuevo Gobierno, dirigirse a la institución correspondiente para explicar que esa petición de 10.000 ciudadanos está en manos del Estado.
Rodríguez y Febles fueron libreados este viernes a las 10:00 de la mañana. Durante la noche que duró el arresto, la familia no fue informada del paradero de los opositores.
El médico Eduardo Cardet fue detenido con violencia frente a su casa en la localidad de Velasco, Holguín, el 30 de noviembre de 2016, cinco días después de la muerte de Fidel Castro.
El líder opositor ya había sido amenazado con cárcel por su promoción del proyecto "Un cubano, un voto" para una nueva ley electoral, que los propios activistas del MCL estaban entregando personalmente a los diputados de la Asamblea Nacional.
Fue condenado a tres años de prisión "por un supuesto delito de atentado" y el Tribunal Provincial de Holguín ratificó en mayo de 2017 la sentencia. La organización de defensa de los derechos humanos Amnistía Internacional (AI) lo declaró meses atrás "prisionero de conciencia" y llamó a una acción urgente por su "liberación inmediata e incondicional".