Familiares, amigos y otras personas a las que les fueron incautados dispositivos electrónicos en los registros vinculados con la detención del periodista de DDC Osmel Ramírez Álvarez, presentaron reclamaciones este miércoles ante la Fiscalía de Mayarí, Holguín.
En representación, acudieron dos personas: el cuentapropista José Antonio Herrera y la madre de su ayudante, un adolescente de 18 años, informó Ramírez Álvarez.
A Herrera las autoridades le desmantelaron su negocio, le confiscaron todos sus equipos y hasta los de sus clientes, por ser amigo del periodista.
Al ayudante, sobrino de Ramírez Álvarez, las autoridades le quitaron también pertenencias como memorias y un teléfono celular.
La madre del joven de 18 años, Omara Ramírez Álvarez, es hermana del periodista y trabaja en el gobierno municipal de Mayarí, en el Departamento de Seguridad Social del Órgano de Trabajo.
Los funcionarios de la Fiscalía de Mayarí dijeron a Herrera y a la hermana de Ramírez que solo tramitan la reclamación de devolución, porque es en la cabecera provincial donde se lleva el caso.
Según el periodista independiente, las autoridades dijeron también a los afectados que, por ley, el Ministerio del Interior tiene dos meses para investigar el presunto delito que provocó los registros (supuestamente, "material subversivo" y "propaganda enemiga").
La fiscal explicó que el hecho de que Osmel Ramírez fuese liberado sin cargos es indicio de que no hubo pruebas en su contra, pero aún así la Seguridad del Estado puede retener los bienes incautados durante esos dos meses. Luego, el asunto pasa a Fiscalía provincial y, "si no hay pruebas", los afectados deben recuperar sus pertenencias.
Las personas perjudicadas dijeron que no cejarán en su reclamación, pero temen que sea en vano porque la Seguridad del Estado en Mayarí les aseguró que nada sería devuelto, fueran donde fueran.
Osmel Ramírez, a quien le fueron decomisados también varios equipos, sumó este jueves su reclamación a la del resto de los afectados.
Quitar a los periodistas independientes sus medios de trabajo es una práctica habitual de la Seguridad del Estado, que funciona por encima de la Justicia del régimen. En la mayoría de los casos, los periodistas no recuperan sus pertenencias.
Osmel Ramírez Álvarez, quien también es productor de tabaco, fue detenido el pasado 10 de noviembre y liberado después de pasar tres días en una celda junto presos comunes.
El periodista ha reportado para DIARIO DE CUBA sobre los abusos de la estatal Cubatabaco contra los vegueros de su localidad. Asimismo, ha informado sobre las violaciones de la Ley Electoral y la Constitución cometidas por las autoridades de Mayarí para impedir que un candidato independiente se presentara a las Asambleas de Nominación.
En agosto pasado, fue amenazado con la cárcel por su trabajo para DIARIO DE CUBA. En ese momento, la Seguridad del Estado incluso presionó a sus familiares.
Varios periodistas de DIARIO DE CUBA han sufrido detenciones, amenazas en los últimos meses. Entre ellos, Manuel Alejandro León, de Guantánamo; Maykel González Vivero, de Villa Clara, y Frank Correa, de La Habana. Asimismo, las autoridades han impedido viajar al exterior a Joan Manuel Núñez, Yusimí Rodríguez y al propio Ramírez Álvarez.