Después de que censuraran el filme Regreso a Ítaca, del francés Laurent Cantet, en el Festival del Nuevo Cine Latinoamericano de La Habana, un grupo de cineastas cubanos hizo público un comunicado. Firmado por una docena de guionistas, directores y productores, apareció encabezado como "Declaración del G-20" y, puede leerse allí que el G-20 es un comité que representa a los cineastas cubanos, elegido por cineastas cubanos en asamblea pública y abierta.
Sus firmantes aguardaron a que pasara el Festival de Cine ("para no interferir con su exitoso desarrollo") y dejaron pasar también unos días por respeto a acontecimientos que, en frase deudora de la retórica de Granma, resumieron del modo siguiente: "el regreso de los tres héroes injustamente encarcelados que faltaban por recuperar su libertad, y cuyo arribo a la patria nos ha llenado de felicidad a todos, y la noticia del restablecimiento de las relaciones entre Cuba y los Estados Unidos, hecho que abre una etapa en el país particularmente compleja en el campo del arte y las ideas".
Transcurridas las fiestas del cine y la política, llegó la hora de denunciar la censura, y la declaración del G-20 apuntó a unos responsables: "las máximas autoridades del Ministerio de Cultura y el ICAIC", que obligaron a la dirección del Festival a retirar el filme después de haberlo programado. Los firmantes del documento incluyeron a la Unión de Escritores y Artistas de Cuba (UNEAC) como cómplice, y rechazaron la prohibición en nombre del "espíritu cultural de la nación cubana", al que consideran completamente ajeno a los actos de censura.
Más allá de lo que pueda ser tal espíritu, resulta difícil imaginar una cultura completamente ajena a la censura política, aunque habrá que suponerle cierto sentido utópico a todos esos firmantes, utopismo imprescindible a la hora de apelar a las autoridades en Cuba. El G-20 impulsa una Ley de Cine que, entre otros puntos, procura replantear el ICAIC, suprimiéndole al instituto oficial la potestad de producir o censurar películas.
Al pie de la declaración a favor de Regreso a Ítaca pueden leerse los nombres del guionista Arturo Arango y del realizador Enrique Álvarez, directores de cátedra en la Escuela Internacional de Cine (EICTV). Tal como se supo, ellos dos formaron parte de la reunión donde se decidió expulsar de ese centro de estudios a Boris González Arenas, coordinador de la Cátedra de Asignaturas Téoricas Integral Cultural. Y, tanto Arturo Arango como Enrique Álvarez, no mostraron desacuerdo con aquella medida.
Boris González Arenas, colaborador de este diario, fue detenido a fines de año en la Plaza de la Revolución. La policía cargó con él porque había esperado a que Tania Bruguera hiciera su performance. Es decir, fue detenido porque tal vez se proponía decir algo allí, no porque lo dijera. Por su parte, las autoridades de la EICTV reconocen en una resolución haberlo expulsado por publicar "artículos que se oponen al Estado cubano lo cual no son solo la simple expresión de un disenso crítico cuyo derecho a existir la EICTV defiende y defendería hasta sus últimas consecuencias, sino que constituyen ataques frontales a valores humanistas que la escuela comparte y apoya, y contra instituciones y líderes de esta nación que la acoge y a los que respetamos".
En su blog, Enrique del Risco ha examinado los artículos publicados por González Arenas para arribar a estas conclusiones: "¿Ataca Boris a alguna minoría oprimida, exalta la mentira o convoca al asesinato? Un repaso a los artículos del profesor expulsado nos hace ver puntos de vista que pasarían por bastante humanistas en el resto del planeta: reclamo de mayores espacios de expresión, crítica a la corrupción y el nepotismo y la ineficacia económica del Estado Cubano (…), denuncia de la represión de disidentes y asuntos por el estilo".
Como se desprende de la resolución oficial, los valores humanistas defendidos por la EICTV coinciden con los valores humanistas del clan Castro. De manera que cualquiera que denuncie la represión legitimadora de ese clan, ofende en sus principios a la escuela. Por descontado, una institución como la EICTV está en su derecho de prescindir de cualquier empleado que atente contra sus valores, pero habrá que aceptar también que, al castigar las opiniones de ese empleado, ejerce contra él un veto político.
Por lo cual, Arturo Arango, jefe de Cátedra de Guión, y Enrique Álvarez, jefe de Cátedra de Dirección, supieron desempeñarse como censores. En tanto miembros del G-20, ambos han denunciado al Ministerio de Cultura, el ICAIC y la UNEAC por la prohibición de una película, e intentan despojar al instituto cinematográfico de su facultad de censurar, mientras reservan esa facultad para sus cátedras. Ellos, que encontraron repudiables los artículos de Boris González Arenas, se muestran reacios a que otros comisarios aún más altos la hayan emprendido contra una película.
Habría que averiguar qué piensan acerca de esto los restantes miembros del G-20. Porque si van a justificarlos con el rejuego del adentro de la Revolución y del contra la Revolución que inaugurara Fidel Castro en "Palabras a los intelectuales" (Cantet y Padura estarían dentro, González Arenas en contra), ¿qué garantías tienen de que el Ministerio de Cultura y el ICAIC no respondan a sus peticiones con idéntico argumento?
Y en caso de acogerse al razonamiento de que no pesa lo mismo una película hecha por artistas reconocidos que el puñado de artículos de alguien sin nombre, convendría entonces cuestionarse si el G-20 aboga por unos principios para todos o por ciertos privilegios de capilla. ¿Tienen algo que decir al respecto todos esos realizadores y guionistas y productores? ¿O van a desentenderse, sin más?
En cuanto a Arturo Arango y Enrique Álvarez, que parecen sufrir la censura y resultan capaces de censurar, ambos han eligido ser como esos reclusos que, por gozar de unas prebendas dentro de su falta de libertad, no tienen inconveniente en arremeter contra otros reclusos, haciéndoles la vida un suplicio. Kapos, los llaman.