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Política

¿Acabará La Habana por imponer en la ONU su visión de los derechos humanos?

Las votaciones sobre proyectos de resolución presentados por el régimen en la Tercera Comisión generan dudas.

La Habana
Miembros de la delegación cubana en la ONU.
Miembros de la delegación cubana en la ONU. Nacions Unidas

La reciente aprobación de tres proyectos de resolución presentados por el régimen cubano en la Tercera Comisión (Asuntos Sociales, Humanitarios y Culturales) de Naciones Unidas obliga a preguntarse si la visión de La Habana sobre los derechos humanos acabará prevaleciendo en el organismo.

En dos de los borradores, lo preocupante no es tanto su contenido como que la representación cubana aproveche determinados temas para legitimarse como defensora de los derechos humanos. El tercer documento aprobado es el más preocupante, pues cuestiona el uso de medidas que pueden tener consecuencias para los regímenes que violan los derechos humanos en la arena internacional.

Los documentos presentados el 13 de noviembre por la delegación del régimen fueron "Uso de mercenarios como medio para violar los derechos humanos e impedir el ejercicio del derecho de los pueblos a la libre determinación", "Mejora de la cooperación en el ámbito de los derechos humanos" y "Derechos humanos y medidas coercitivas unilaterales".

Preocupación por el mercenarismo ajeno

El primero resulta particularmente llamativo, teniendo en cuenta las continuas denuncias sobre la anuencia del régimen al reclutamiento de mercenarios por parte de Rusia para la guerra en Ucrania. Sin embargo, el representante de La Habana afirmó que "la persistencia de la utilización de mercenarios y de las actividades vinculadas a su reclutamiento, financiación, entrenamiento y empleo continúa siendo motivo de profunda preocupación".

El funcionario aseguró que las prácticas descritas socavan "la soberanía y la independencia de los Estados" y "constituyen un instrumento para vulnerar los derechos humanos y obstaculizar la libre determinación de los pueblos".

Aunque el texto hace referencia a la contratación de mercenarios por empresas privadas que ofrecen servicios de asesoramiento, asistencia y seguridad militares, hay que recordar que el régimen amenaza a opositores, activistas y periodistas independientes con procesarlos por el supuesto delito de mercenarismo, previsto en el Código Penal aprobado en 2022.

La "preocupación" expresada tanto por el representante de La Habana como en el borrador contrasta con la presencia de cubanos en las tropas rusas que combaten en Ucrania, reconocida por las autoridades de la Isla.

En octubre, el representante permanente adjunto de Ucrania ante la ONU, Volodymyr Pavlichenko, reclamó en la organización el cese del reclutamiento de ciudadanos cubanos para la guerra de Rusia contra su país.

El Ministerio de Relaciones Exteriores (MINREX) de Cuba reaccionó expresando su "absoluto rechazo" a dichas declaraciones. Negó "de manera categórica" su participación en el conflicto militar y afirmó que tanto EEUU como Kiev buscan "confundir y desinformar a la comunidad internacional".

Para demostrar que ha dado una respuesta judicial al reclutamiento de mercenarios en Cuba, el MINREX aseguró que desde 2023 han sido imputadas 49 personas por el delito de mercenarismo, se han celebrado diez juicios orales y quedan otros dos pendientes. Las sanciones solicitadas han oscilado entre cinco y 16 años de cárcel, según la Cancillería cubana.

Esos datos, que no incluyen las condenas, no habían sido publicados hasta entonces.

El representante de La Habana reiteró esos datos el viernes, luego de que el representante de EEUU acusara al régimen de hipocresía y recordara la presencia de miles de cubanos en las tropas rusas que combaten en Ucrania.

El Comité aprobó el proyecto del régimen con 117 votos a favor, 54 en contra y siete abstenciones.

Derechos humanos sin selectividad… excepto la que conviene al régimen

El segundo proyecto que presentó el representante de La Habana, en nombre del Movimiento de Países No Alineados (MNOAL), fue "Mejora de la cooperación internacional en la esfera de los derechos humanos".

El texto sostiene que "la promoción y la protección de los derechos humanos deben basarse en el principio de cooperación y diálogo genuino y tener como fin fortalecer la capacidad de los Estados Miembros para cumplir sus obligaciones en materia de derechos humanos en beneficio de todas las personas".

Asimismo, subraya que "el diálogo sobre los derechos humanos debe ser constructivo y basarse en los principios de universalidad, indivisibilidad, objetividad, no selectividad, no politización, respeto mutuo e igualdad de trato (…)".

Estas afirmaciones entran en contradicción con el hecho de que el régimen cubano vulnera derechos como la libertad de expresión y la libertad de reunión y manifestación con fines pacíficos. En estos momentos, cientos de cubanos cumplen penas de prisión por protestar pacíficamente contra el sistema político y económico que impera en Cuba o por el deterioro de las condiciones de vida. Ejemplo de lo anterior son el periodista y escritor José Gabriel Barrenechea y los opositores Félix y Sayli Navarro, padre e hija.

Incluso el disfrute del derecho a la educación, que el régimen cubano presume de garantizar, está condicionado políticamente. Durante décadas, decenas de estudiantes han sido expulsados de las universidades por cuestionar abiertamente el sistema político. Uno de los casos más conocidos es el de Karla Pérez, expulsada de la Facultad de Periodismo de la Universidad de Villa Clara por pertenecer al movimiento opositor Somos Más.

Solo Estados Unidos, Israel y Argentina se opusieron al proyecto presentado por La Habana. Lo aprobaron 176 países y se abstuvieron Colombia, Paraguay y Ucrania.

Impunidad para violar derechos humanos

La aprobación más preocupante fue la del proyecto "Derechos humanos y medidas coercitivas unilaterales".

Sin hacer alusión directa al embargo y las sanciones estadounidenses, a los que el régimen culpa de todas las penurias que sufre el pueblo cubano, el texto destaca que "las medidas coercitivas unilaterales afectan de forma desproporcionada a las personas en situación de vulnerabilidad" y que "la situación de los niños se ve perjudicada por la aplicación de medidas unilaterales no compatibles con el derecho internacional y la Carta que crean obstáculos a las relaciones comerciales entre los Estados".

El proyecto salió adelante con 117 votos a favor, 56 en contra y cuatro abstenciones (Chile, Colombia, Honduras y Perú). Aún debe ser sometido a votación en el pleno de la Asamblea General de la ONU. Incluso si es adoptado, no tendría carácter vinculante.

Sin embargo, su aprobación permite a La Habana presumir de la legitimidad que le otorga el respaldo de la comunidad internacional, mientras continúa violando los derechos humanos.

Oposición de la Unión Europea y alarma de UN Watch

Los 56 votos contra la resolución del régimen cubano incluyeron el de la Unión Europea, que rechazó "la concepción errónea de fondo que refleja esta resolución, según la cual todas las denominadas —aunque no definidas— medidas coercitivas unilaterales, sin distinción, afectan negativamente al disfrute de los derechos humanos".

 "La resolución también pasa por alto las razones por las que determinadas medidas pueden ser no solo legítimas, sino también necesarias", enfatizó el bloque comunitario en un documento.

"Estas medidas tienen como objetivo defender un orden internacional basado en el Derecho Internacional, algo que debería redundar en beneficio de todos los miembros de Naciones Unidas", sostuvo.

La organización UN Watch alertó en X sobre el amparo que, a su juicio, brinda el documento también a otros regímenes como los de Rusia, Irán, Bielorrusia y Corea del Norte.

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