La intermediación estatal, la prohibición de regresar a Cuba y la apropiación salarial forman parte de los patrones de control denunciados en las misiones de profesionales cubanos en el extranjero. Una investigación de Cubalex encontró que las bases jurídicas del esquema actual se cimentaron entre 1979 y 1982.
Durante el webinar "Trabajadores exportados: misiones médicas e intermediación estatal", dedicado al marco jurídico y a los mecanismos de control sobre los profesionales cubanos enviados al exterior, la organización presentó este martes los hallazgos de dos informes publicados previamente.
Se trata de los informes "La intermediación estatal, el régimen del salario y la coerción económica en la exportación de servicios laborales en Cuba (1938–2025)", publicado el 2 de noviembre, y "El precio de la misión: patrones de trabajo forzoso y captura de divisas en la intermediación estatal laboral cubana en el exterior", publicado el 9 de noviembre. El primero examina la evolución del marco jurídico; el segundo se basa en diez entrevistas en profundidad a profesionales con experiencia en misiones sanitarias en Venezuela y Brasil, así como en brigadas educativas en el Caribe anglófono.
Los hallazgos
Los abogados Laritza Diversent y Alain Espinosa expusieron las conexiones entre el marco normativo y las restricciones que enfrentan los profesionales para negociar sus contratos, disponer de sus ingresos y abandonar las misiones sin sufrir represalias.
Uno de los ejes del análisis jurídico es el Decreto Ley 40 de 1980 sobre contratos de trabajo. Según el informe, esta disposición derogó el reglamento contractual de 1938, que establecía el pago directo e íntegro del salario al trabajador, protegía su libre disposición y prohibía los descuentos no autorizados y la intermediación lucrativa. En su lugar, según el análisis de Cubalex, se subordinó la contratación laboral a la planificación económica y la disciplina del Estado socialista, debilitando las garantías que protegían al trabajador frente a la administración estatal de su salario.
Ese cambio estuvo precedido por el Decreto No. 41 de 1979, que reguló el tratamiento salarial de los trabajadores movilizados para cumplir misiones en el extranjero y estableció la conservación de su plaza y de su salario nacional en Cuba. Cubalex identifica en esa disposición la base administrativa para la gestión estatal de las remuneraciones de quienes trabajaban fuera del país.
El informe examina también el Decreto-Ley No. 55 de 1982, sobre la contratación de trabajadores para representaciones extranjeras radicadas en Cuba, y su posterior sustitución por el Decreto-Ley No. 384 de 2019. Bajo ese esquema, el trabajador firmaba con una entidad empleadora cubana autorizada, que a su vez suscribía un contrato comercial con la representación extranjera.
Una reforma posterior al período estudiado modificó ese sistema: el Decreto-Ley No. 137 de 2026, vigente desde el 2 de octubre, derogó la norma de 2019 y permitió a las representaciones comerciales extranjeras contratar directamente a sus trabajadores. La intermediación obligatoria se mantuvo para otras categorías, incluidas las misiones diplomáticas y las representaciones de organismos internacionales.
Aunque estas disposiciones regulan el empleo en Cuba, Cubalex las examina como parte de una estructura más amplia de intervención estatal entre quien presta el servicio y quien lo paga.
Diversent pide publicar las normas y transparentar los pagos
Diversent reclamó transparencia sobre las disposiciones que regulan el trabajo de los cooperantes y sobre los ingresos que reciben. La abogada sostuvo que corresponde al Estado cubano dar a conocer las normas y resoluciones que mantiene sin publicar.
Pidió a los Estados miembros de la Unión Europea "que incluyan en su diálogo con Cuba el derecho al trabajo de las personas enviadas al exterior".
"Que pidan a Cuba que publique las normas y las resoluciones que hoy no son públicas, y la proporción del pago que llega a cada persona", añadió.
Diversent también instó a los gobiernos europeos a no firmar convenios de cooperación con cláusulas de confidencialidad y a apoyar a la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en el examen de estos casos mediante una comisión de investigación.
"La solidaridad internacional debería proteger a las personas. Cuando se usa para que nadie mire lo que ocurre, deja de proteger", afirmó.
Presiones para aceptar y contratos sin negociación
Las experiencias recogidas en las diez entrevistas principales abarcan el período 2005–2022. Espinosa explicó que los testimonios describen presiones profesionales, económicas e ideológicas para incorporarse a las misiones.
"En la práctica, aceptar una misión al exterior no es una opción libre, sino una imposición encubierta bajo una inmensa coacción estructural", sostuvo. Según explicó, negarse puede tener consecuencias en la trayectoria profesional.
Los testimonios describen la falta de opciones para los recién graduados o profesionales sin especialidad, y asignaciones cuyo destino concreto se comunicaba al llegar al país receptor.
El informe recoge, además, experiencias que vinculan la entrega del título profesional al cumplimiento del servicio social o de una misión. Una entrevistada había firmado dos actas en las que expresaba su negativa a viajar, pero terminó aceptando en una tercera convocatoria tras las presiones de sus superiores y los cuestionamientos sobre su "compromiso con la patria".
La falta de autonomía se extendía incluso a la firma de los documentos. Los entrevistados describieron contratos presentados bajo presión de tiempo, sin posibilidad de leerlos, negociar sus condiciones o conservar una copia.
Espinosa señaló que la ausencia de fuerza física para embarcarse en una misión no basta para demostrar una decisión libre. Un especialista entrevistado resumió su experiencia con la frase: "éramos completamente esclavos".
El salario como mecanismo de permanencia
Los testimonios del sector sanitario describen ingresos divididos en tres componentes: un estipendio en el país receptor, un salario nominal en Cuba, entregado a un familiar, y fondos retenidos en una cuenta congelada.
El acceso a estos últimos dependía de completar la misión y de regresar a la Isla. Según los relatos, abandonar el programa podía implicar la pérdida del dinero acumulado.
Los profesionales percibían esa cuenta "como una evidente herramienta de chantaje económico", afirmó Espinosa.
El informe recoge también el testimonio de un cooperante que describió sobreprecios en las tiendas estatales donde podía gastar la parte disponible de los fondos asignados a su tarjeta.
En la misión educativa documentada, el gobierno anfitrión pagaba directamente al profesional, por lo que la cuenta congelada no era viable.
"En su lugar, el Estado cubano impuso una agresiva remesa obligatoria que abarcaba la mayor parte del salario exigida mes a mes al profesional bajo amenaza de expulsión", explicó Espinosa. El informe sitúa esa exigencia entre el 50% y el 70% de la remuneración.
Los hallazgos de Cubalex exponen el tejido de una arquitectura de control que comenzó a consolidarse hace 40 años, y explican el éxito de esa intermediación, documentada previamente por ONG como Archivo Cuba y por investigaciones periodísticas. En 2024, a partir de 7.121 nóminas y 189 estados de cuenta, además de contratos y testimonios, la investigación "Misión de Cuba en Angola" mostró cómo Antex, una representación del conglomerado militar cubano GAESA en el país africano, se apropiaba de entre el 76% y el 91% de lo que Angola pagaba por los servicios de los profesionales cubanos. También señaló que, incluso en países donde no se permitía la intermediación, como Arabia Saudita y Qatar, los trabajadores debían transferir una buena parte de sus ingresos al Gobierno cubano.
El reportaje "Tráfico de batas blancas en el Caribe", publicado en 2025, describió esa adaptación: "El régimen de La Habana ha desarrollado un sofisticado sistema de apropiación salarial, mientras aparenta ajustarse a las normas y exigencias de cada país".
El pago directo, por tanto, no garantiza la libre disposición del salario. La investigación "De La Habana a Calabria: la estafa perfecta a los médicos cubanos" documentó cómo la CSMC imponía un doble marco contractual para exigir transferencias tras el depósito de la remuneración por parte de las autoridades sanitarias italianas en las cuentas personales de los médicos. "En la práctica, las condiciones laborales las impone La Habana, unilateralmente, a través de otro documento vinculante que deben firmar y obedecer los médicos cubanos", señaló el reportaje.
El posterior bloqueo de la cuenta bancaria de la CSMC en Italia interrumpió temporalmente ese mecanismo: las transferencias fueron devueltas o quedaron bloqueadas y los médicos recibieron instrucciones de conservar en sus cuentas el dinero que debían entregar a la empresa.
Mucho antes, en 2018, la investigación de DIARIO DE CUBA, "Las mentiras de La Habana: cómo ocultó Cuba los salarios de los médicos cubanos en Brasil y cómo se implicó a la OPS", documentó un esquema de doble intermediación en el que participó, incluso, la OPS: el organismo internacional cobraba una comisión por canalizar los pagos de Brasil hacia Cuba, mientras que la Comercializadora de Servicios Médicos Cubanos retenía la mayor parte de la remuneración de los profesionales e imponía normas disciplinarias amparadas en la legislación cubana.
Vigilancia, castigos y separación familiar
Espinosa describió controles sobre las relaciones sentimentales, vigilancia por parte de agentes presentados como asesores jurídicos y participación política obligatoria.
"La participación constante en actos políticos no era opcional, sino una obligación bajo amenaza directa de repatriación inmediata", afirmó.
Las sanciones documentadas incluyen amonestaciones públicas, descuentos en los ingresos y la expulsión de la misión. A ellas se suman la pérdida de fondos acumulados y las prohibiciones de entrada a Cuba, que prolongan la separación familiar.
Sobre esta última medida, el informe testimonial precisa que el plazo de ocho años denunciado por los afectados no consta en ninguna norma publicada. Cubalex lo describe como una práctica político-administrativa que se aplica mediante facultades discrecionales de inadmisibilidad.
El abogado destacó el contraste entre las demoras en autorizar el regreso por una emergencia familiar y la rapidez para castigar una discrepancia política. Mientras algunas solicitudes por enfermedades graves o fallecimientos sufrieron retrasos de más de quince días, Cubalex documentó la revocación de un contrato por supuesta disidencia política en menos de 24 horas.
"Son patrones estructurales sostenidos en el tiempo que, en la práctica, configuran un escenario de trabajo forzoso", sostuvo Espinosa.
El abogado señaló que el Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación entre la Unión Europea y Cuba ofrece un marco para canalizar estas preocupaciones y las recomendaciones de la organización.
