Un operativo del Ministerio del Interior (MININT) en San Miguel del Padrón terminó con 71 personas detenidas y trasladadas a la unidad municipal de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR), según informó el periódico oficial Tribuna de La Habana, a partir de una publicación del perfil oficialista Héroes de Azul en Cuba.
La intervención abarcó todos los consejos populares del municipio habanero. Entre las personas conducidas a la estación figuran ciudadanos descritos por el perfil policial como "indocumentados e ilegales en la capital con conducta desajustada", además de deudores de multas.
El balance incluyó también señalamientos por tenencia de drogas y armas blancas, alteración del orden, ejercicio de la prostitución y actividad económica ilícita, así como personas buscadas por presuntos hechos delictivos.
Ninguna de las dos publicaciones precisó cuántos detenidos correspondían a cada categoría, qué conductas concretas se les atribuían ni cuántos permanecían bajo arresto. Tampoco detallaron los procedimientos abiertos tras su traslado a la unidad policial.
El perfil del MININT presentó la operación con un tono triunfalista: "Uno por uno… cayeron todos". Bajo ese balance agrupó situaciones de distinta naturaleza, desde presuntos delitos hasta impagos de multas y falta de autorización para residir en La Habana.
Aunque la publicación oficial menciona la tenencia de armas blancas, no precisa cuántas fueron ocupadas ni en qué circunstancias. El operativo ocurre en un contexto de denuncias de violencia que incluyen también el uso de armas de fuego, un fenómeno distinto sobre el que las autoridades no ofrecen estadísticas públicas, de acuerdo con un análisis de DIARIO DE CUBA. Según un informe de Cubalex, la organización documentó en agosto de 2026 un total de 314 hechos de violencia e inseguridad, incluidos 52 homicidios, además de robos y asaltos con ambos tipos de armas.
Cubanos considerados "ilegales" en su país
La inclusión de migrantes internos entre los detenidos vuelve a poner el foco en las restricciones que afrontan los cubanos para establecerse en la capital, aun cuando se desplazan dentro de su propio país.
Desde hace décadas, habitantes de otras provincias buscan en La Habana y el occidente mejores condiciones económicas y sociales, frente a las carencias de sus lugares de origen, especialmente en zonas rurales.
El Decreto 217, de 1997, limitó las posibilidades de fijar domicilio, residir o convivir permanentemente en una vivienda habanera para personas procedentes de otros territorios. Así lo recogió la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en su informe sobre Cuba en 2020.
El Gobierno justificó esas medidas por la presión poblacional sobre la vivienda, el empleo, el transporte y los suministros básicos. En 2011, el Decreto 293 incorporó algunas excepciones.
Aunque el artículo 52 de la Constitución de 2019 reconoce la libertad de circulación en el territorio nacional, la CIDH advirtió en su informe, que "son constantes las denuncias sobre restricciones a este derecho que serían injustificadas". El organismo pidió al Estado cubano permitir a sus habitantes desplazarse libremente por el país.
