El Gobierno de Estados Unidos acusó al régimen cubano de operar como una cleptocracia y revender petróleo venezolano subsidiado en los mercados internacionales para obtener divisas, en lugar de destinarlo al abastecimiento eléctrico de la Isla. La denuncia coincide con los hallazgos de una investigación de DIARIO DE CUBA y otros cuatro medios y organizaciones, que documentó la "desaparición" de cargamentos millonarios destinados oficialmente a Cuba y actividades de una red empresarial que comercializó petróleo venezolano en Asia.
"Incluso cuando la escasez de energía paralizaba la Isla, el régimen optó por vender petróleo venezolano subsidiado en los mercados mundiales para obtener efectivo, en lugar de utilizarlo para alimentar su propia red eléctrica", afirmó Juan Pablo Segura, subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, en un mensaje publicado el lunes en X.
El funcionario situó esas operaciones en el contexto de lo que Washington considera una cleptocracia articulada alrededor del Grupo de Administración Empresarial S.A. (GAESA), controlado por las Fuerzas Armadas cubanas.
"La élite gobernante de Cuba gasta en un día más de lo que la mayoría de los cubanos gana en meses", dijo Segura, quien aseguró que GAESA acumula 20.000 millones de dólares en activos ilícitos y "canaliza fondos hacia cuentas en el extranjero", mientras la población enfrenta apagones y escasez de alimentos.
Los cargamentos "perdidos" con destino a Cuba
En julio, la investigación "Destino Cuba: el rastro perdido del petróleo venezolano", realizada por DIARIO DE CUBA, el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP), Armando.info, Transparencia Venezuela y La Prensa de Panamá, reveló que nueve cargamentos de petróleo venezolano, equivalentes a 7,57 millones de barriles y valorados en 429 millones de dólares, figuraban con Cuba como destino en documentos internos de PDVSA, pero no aparecían en los registros de llegada a los puertos de la Isla.
El volumen, registrado entre mayo y septiembre de 2025, tenía un potencial energético equivalente a casi tres meses del consumo nacional, mientras Cuba atravesaba una grave crisis eléctrica.
El 21 de julio, con temperaturas superiores a los 32°C, la estatal Unión Eléctrica (UNE) reportó un déficit récord de 2.054MW, frente a una demanda máxima cercana a los 3.400MW. Aunque las autoridades habían prometido cortes de hasta cuatro horas diarias, muchos superaban las 12 horas. El 10 de septiembre colapsó nuevamente el sistema eléctrico nacional y, una semana después, la UNE pronosticó apagones simultáneos en el 57% del país.
Ocho cargamentos estaban consignados a Cubametales, empresa estatal vinculada a GAESA, y el noveno a Shineful Energy, relacionada con el empresario panameño Ramón Carretero Napolitano, sancionado por Estados Unidos.
La alianza periodística contrastó documentos de PDVSA con registros de MarineTraffic, VesselFinder, Global Fishing Watch y la Universidad de Texas. De las 96 visitas de embarcaciones a Matanzas en los primeros nueve meses de 2025, ninguna correspondía a los tanqueros identificados. Tampoco se encontraron llegadas a La Habana o Cienfuegos.
Una red petrolera de 2.600 millones de dólares
Los envíos se ubican en una red más amplia. Las sociedades Hangzhou Energy, Shineful Energy y Forever Energy Trading, relacionadas con Carretero, movilizaron 47 millones de barriles de petróleo venezolano, valorados en aproximadamente 2.600 millones de dólares, entre mayo y septiembre de 2025.
Los documentos identificaron operaciones hacia Malasia, donde el crudo podía ser trasbordado, mezclado o reetiquetado para comercializarlo posteriormente, principalmente en China.
La investigación reconstruyó 70 operaciones con 23 embarcaciones y detectó maniobras para dificultar su seguimiento, incluidos apagados de los sistemas de identificación automática.
La red conectaba sociedades asiáticas con empresarios relacionados con los gobiernos de Cuba y Venezuela, entre ellos Carretero y Carlos Erik Malpica Flores, sobrino de Cilia Flores y antiguo responsable financiero de PDVSA.
La investigación estableció conexiones entre los operadores, pero no determinó el destino final de todos los cargamentos consignados a Cuba ni de sus ingresos.
Las sanciones y el papel de GAESA
El 11 de diciembre de 2025, el Departamento del Tesoro sancionó a Carretero y Malpica Flores por sus vínculos con el entorno de Nicolás Maduro y una red que, según Washington, facilitó la evasión de las restricciones al comercio petrolero venezolano. Posteriormente amplió las sanciones a sus familiares.
El 7 de mayo de 2026, el Departamento de Estado describió a GAESA como el centro del sistema comunista cleptocrático cubano y le atribuyó el control de al menos el 40% de la economía nacional. Las sanciones posteriores alcanzaron a instituciones militares y de seguridad y a empresas energéticas, incluida Unión Cuba-Petróleo (CUPET) y su brazo comercial ABAPET, también presente en otros negocios de Carretero en Cuba igualmente expuestos por DIARIO DE CUBA.
La acusación de Segura apunta precisamente a la contradicción que puso al descubierto la investigación: mientras el Gobierno cubano atribuía los prolongados apagones a la escasez de combustible, empresas vinculadas al aparato militar y sus intermediarios participaban en un negocio multimillonario con petróleo venezolano, incluidos cargamentos destinados oficialmente a abastecer a Cuba que nunca aparecieron en los registros de llegada a sus puertos.
La dimensión real de las operaciones de reventa de combustible y el destino final de los ingresos generados por su comercialización sigue sin esclarecerse.
