La Unión Nacional de Defensa de Sudáfrica (SANDU) exigió esta semana a las autoridades de las Fuerzas de Defensa Nacional de Sudáfrica (SANDF) que investiguen numerosas denuncias de militares sudafricanos que "realizaban cursos en Cuba", a quienes "presuntamente se les ordenó, por parte de un oficial superior, realizar pagos 'voluntarios'" que terminaron en las arcas del régimen, indicó la organización sindical en un comunicado.
La polémica, que forma parte de los turbios contratos de formación militar entre La Habana y Pretoria, surgió a partir de las denuncias de los militares destinados en la Isla, quienes refirieron que fueron forzados a realizar pagos de 15.000 rands por miembro (poco menos de 1.000 dólares) "para ayudar a ciudadanos cubanos necesitados, habiéndose prometido presuntamente a los miembros un reembolso en diciembre de 2026".
"Estas acusaciones exigen una investigación inmediata e independiente", enfatizó SANDU y destacó: "Las dietas de los miembros forman parte de su remuneración. Están destinadas a mantener a los soldados mientras desempeñan sus funciones oficiales y no son un fondo discrecional del cual los oficiales superiores puedan solicitar dinero".
La organización se declaró "particularmente preocupada" por el destino de los fondos recaudados y exigió "el establecimiento inmediato de una Junta de Investigación para esclarecer los hechos, determinar si se siguieron las autorizaciones y los procedimientos financieros adecuados y verificar si algún miembro fue sometido a coerción o presión indebida".
"Si este acuerdo fue legal, que las pruebas lo demuestren. Si no lo fue, los responsables deben rendir cuentas", subrayó y alertó que "la investigación también debe determinar si las circunstancias revelan posibles faltas de conducta financiera, abuso de autoridad, fraude, corrupción u otra conducta delictiva, y remitir cualquier prueba de criminalidad a las autoridades policiales y judiciales correspondientes".
No se trata, sin embargo, de la primera polémica en torno a la formación de militares sudafricanos en Cuba, toda vez que, el pasado junio, el auditor general de Sudáfrica afirmó que el contrato del Proyecto Kgala, que cubre la asistencia de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) cubanas a las SANDF, no es válido.
Dicho funcionario indicó que hubo incumplimiento del proceso de adquisición relacionado con el Proyecto Kgala, que sustituyó al muy cuestionado Proyecto Thusano, cancelado en 2025 por Pretoria después de casi una década de vigencia.
Estos acuerdos hicieron que decenas de técnicos y asesores militares cubanos trabajaran en Sudáfrica y que soldados y oficiales de las SANDF recibieran cursos y entrenamiento en la Isla, entre otros intercambios conjuntos que supusieron el pago de decenas de millones de dólares a las FAR.
La cooperación militar entre La Habana y Pretoria ha supuesto un gasto de más de 1.100 millones de rands (más de 66 millones de dólares) en recursos públicos en los cuatro ejercicios fiscales comprendidos entre 2021 y 2025.
En tal sentido, el Proyecto Kgala ha provocado más de una ola de críticas en el Parlamento sudafricano, debido a sus elevados costos y falta de acreditación oficial.
En respuesta a los cuestionamientos, los jefes militares dijeron que se completaron 18.498 misiones de trabajo cuando el Proyecto Thusano estuvo en funcionamiento. Ello incluyó la reparación de vehículos del Ejército de Sudáfrica, equipos de aviación, de la Marina, el Servicio de Salud Militar y 3.418 tareas "médicas".
En este contexto, Chris Hattingh, parlamentario de la oposición en el Comité Permanente Conjunto de Defensa, calificó este programa como un "proyecto de vanidad ideológica" y denunció el "derroche" de millones de dólares en un entrenamiento que "retrasa el desarrollo de habilidades reales".
Asimismo, expertos en defensa consultados por medios sudafricanos apuntaron que el programa cubano es "una pérdida de dinero y tiempo" y que la formación en la Isla carece de valor real para la Fuerza de Defensa Nacional. Estos cuestionamientos, sumados a las actuales denuncias de militares sudafricanos destinados en la Isla, evidenciarían la existencia de acuerdos poco claros entre los responsables castrenses de La Habana y Pretoria.
