Miguel Díaz-Canel recibió el 11 de julio a los cuatro congresistas demócratas estadounidenses que realizaron una visita oficial a Cuba entre el 9 y el 13 de julio, un encuentro que el régimen aprovechó para apelar a la normalización de las relaciones y reclamar el levantamiento de las sanciones impuestas por Washington.
Según informó la Presidencia, durante la reunión con los representantes Teresa Leger Fernández (Nuevo México), Delia C. Ramírez (Illinois), Maxine Dexter (Oregón) y Mark Pocan (Wisconsin), se abordaron "las potencialidades" de lo que el régimen considera "una eventual relación respetuosa entre los dos países".
La nota oficial añadió que los congresistas afirmaron haber constatado durante sus recorridos por La Habana y sus encuentros con una supuesta "representación variada de la sociedad" los efectos del embargo estadounidense. Como ocurrió con la cobertura de la prensa internacional, el Gobierno cubano tampoco informó de contactos de la delegación con activistas, opositores o miembros de la sociedad civil independiente.
El canciller Bruno Rodríguez aprovechó la visita para reforzar la narrativa oficial sobre el impacto de las sanciones estadounidenses. En la red social X aseguró que los legisladores fueron "testigos del impacto inhumano de la genocida política diseñada desde el sur de la Florida y puesta en marcha por el Secretario de Estado", Marco Rubio, y afirmó que "Cuba no es una amenaza, el bloqueo sí".
Rodríguez acompañó su publicación con la declaración conjunta emitida por los cuatro representantes al concluir su viaje, en la que estos pidieron a la Administración de Donald Trump revertir la política hacia La Habana.
En ese comunicado, los legisladores afirmaron que, tras reunirse con líderes religiosos, empresarios, organizaciones civiles, grupos humanitarios, médicos y agricultores, todos coincidieron en que la población cubana "está siendo estrangulada" por las órdenes ejecutivas y las sanciones estadounidenses.
Asimismo, dijeron que el Gobierno de Trump "no ha presentado pruebas" de que Cuba represente una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos y advirtieron que cualquier eventual acción militar contra la Isla agravaría la crisis humanitaria y pondría en riesgo a militares estadounidenses.
Este mismo lunes el presidente, Donald Trump, dijo que investiga la posible presencia de drones iraníes en la Isla y reiteró que La Habana constituye una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos por su estrecha alianza con potencias adversarias de Washington.
Durante una comparecencia ante la prensa en el Despacho Oval, Trump respondió a una pregunta sobre reportes de que Irán podría almacenar drones en Cuba. "Si los tienen, y muy bien podrían tenerlos, nos encargaremos de eso... No vamos a tener un problema. No vamos a permitir que eso suceda", afirmó el mandatario.
Los congresistas que visitaron la Isla también atribuyeron a las sanciones la escasez de combustible, los prolongados apagones y las dificultades del sector privado para operar, y llegaron a afirmar que esas "políticas están matando a ciudadanos cubanos cada día".
En la parte final de la declaración, los cuatro legisladores solicitaron a la Casa Blanca y al Congreso levantar las sanciones, abrir "negociaciones serias e integrales" con las autoridades cubanas y promover una relación que, según dijeron, favorezca el comercio con la Isla y el respeto a los derechos humanos.
Las declaraciones coinciden con la estrategia del Gobierno cubano de responsabilizar exclusivamente a las sanciones estadounidenses de la profunda crisis económica que atraviesa el país, pese a que esta comenzó años antes del endurecimiento de la política de Washington y mientras persisten las restricciones al sector privado, el control estatal sobre la economía y la represión contra la oposición y la sociedad civil independiente.
La visita de los cuatro congresistas constituye el segundo viaje de legisladores demócratas a Cuba en apenas tres meses, en momentos en que la Administración Trump ha intensificado la presión sobre La Habana mediante nuevas sanciones financieras, comerciales y energéticas.
Washington insiste en que el régimen debe acometer reformas económicas y políticas
Mientras, un alto funcionario del Departamento de Estado reiteró este martes ante el Senado que la Administración de Donald Trump mantiene su exigencia de que el régimen cubano emprenda reformas económicas y políticas como condición para un cambio de escenario.
Durante una audiencia del Subcomité para Asuntos del Hemisferio Occidental del Comité de Relaciones Exteriores del Senado sobre la Estrategia de Seguridad Nacional en la región, el principal funcionario de la Oficina para Asuntos del Hemisferio Occidental, Michael Kozak, afirmó que "el statu quo ya no es sostenible" en Cuba.
Citando al secretario de Estado, Kozak sostuvo que el régimen cubano "debe acometer de inmediato reformas económicas y políticas que le permitan reemerger como un miembro productivo y responsable del Hemisferio Occidental".
El diplomático defendió la orden ejecutiva firmada por Trump el pasado 1 de mayo, que endureció las sanciones contra el régimen al considerar que constituye una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos.
"Tenemos a 90 millas de nuestras costas un Estado fallido que sirve de territorio amigo para algunos de nuestros adversarios", afirmó, al señalar que la pérdida del respaldo económico de Venezuela dejó al descubierto "la incompetencia económica del régimen comunista cubano".
Kozak vinculó el agravamiento de la crisis cubana al fin de los subsidios procedentes del chavismo tras la caída de Nicolás Maduro, y no a las sanciones estadounidenses, argumento que contrasta con el defendido esta semana por los cuatro legisladores demócratas que visitaron la Isla y atribuyeron el deterioro de las condiciones de vida al endurecimiento de la política de Washington.
El funcionario recordó además que el pasado 11 de julio se cumplieron cinco años de las protestas antigubernamentales de 2021 y denunció que "varios cientos" de manifestantes pacíficos permanecen encarcelados.
"Seguimos exigiendo al régimen la liberación de todos los presos políticos", declaró.
En su comparecencia, Kozak también mencionó la acusación formal presentada en mayo contra Raúl Castro por su responsabilidad en el derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate en 1996, y situó la política hacia La Habana dentro de la estrategia de la Administración Trump para reducir la influencia de gobiernos y actores considerados hostiles a los intereses estadounidenses en el hemisferio.
Las declaraciones del funcionario evidencian el contraste entre el mensaje transmitido por la Administración republicana y el de la delegación demócrata que acaba de visitar Cuba. Mientras los congresistas pidieron abrir negociaciones con La Habana y aliviar las sanciones, el Departamento de Estado insiste en que cualquier cambio pasa por reformas estructurales del régimen y por avances en materia de libertades políticas y derechos humanos.
