Dariel Fernández, jefe de la Oficina del Recaudador de Impuestos del condado de Miami-Dade, en Florida, advirtió a las empresas de esa demarcación que exportan carros a Cuba, un lucrativo negocio que ha crecido sin cesar en los últimos cuatro años, que hará una revisión de sus permisos luego de que residentes denunciaran irregularidades en operaciones de compra.
"Como recaudador de impuestos de Miami-Dade County, me preocupan profundamente los reportes de residentes que han perdido miles de dólares tras pagar por el envío de vehículos a Cuba y recibir cheques sin fondos", señaló el funcionario cubano estadounidense en sus perfiles en redes sociales.
"Nuestra oficina revisará si las empresas involucradas cuentan con todas las licencias, permisos y autorizaciones requeridas. Si encontramos evidencia de actividades ilegales o transacciones realizadas sin las autorizaciones federales necesarias, actuaremos de inmediato, incluyendo la revocación de sus licencias de negocio", advirtió.
"Los consumidores merecen honestidad, transparencia y protección. Ninguna empresa está por encima de la ley, y quienes la violen deben enfrentar las consecuencias", señaló.
Fernández enfatizó que el Condado que representa "defiende la protección al consumidor, la rendición de cuentas y el estado de derecho".
En un video sobre el mismo tema, publicado el lunes 8 de junio, el funcionario añadió que "durante años he advertido a nuestra comunidad sobre los riesgos de hacer negocios relacionados con la dictadura asesina cubana".
"El régimen cubano nunca ha operado con transparencia y honestidad. Demasiadas personas están perdiendo dinero mientras intentan ayudar a sus familiares en Cuba", indicó.
Las compras de carros de diverso tipo, en especial de uso y nuevos, algunos de ellos de lujo, se disparó desde que en 2022 Washington emitiera la primera licencia para la exportación de vehículos a ciudadanos y empresas no estatales de Cuba.
Según el Consejo Económico y Comercial EEUU-Cuba, hasta marzo último el acumulado de esas ventas supera los 427 millones de dólares, incluidas las piezas de repuesto.
En el tercer mes de 2026, pese a el incremento de las tensiones entre Washington y La Habana, compradores en Cuba recibieron vehículos por un valor de 10.8 millones de dólares.
La semana pasada, la Oficina del Recaudador de Impuestos de Miami-Dade revocó los recibos de impuestos comerciales locales de negocios que realizaron actividades no autorizadas con entidades de Cuba, en otra acción contra ilegalidades vinculadas a las compras millonarias que hace La Habana en EEUU aprovechando la excepciones al embargo de Washington.
En esa ocasión, Fernández anunció la revocación de los recibos de impuestos comerciales, permisos anuales obligatorios que otorga el Gobierno para operar legalmente un negocio, profesión u ocupación, a Cargo Caribe LLC, una firma que exportó cemento a la Isla sin autorización.
"El condado de Miami-Dade no será utilizado como base de operaciones para empresas que infrinjan la ley, eludan los requisitos federales o participen en comercio no autorizado vinculado a la dictadura comunista cubana", enfatizó Fernández en una declaración.
"Cuando llegue información creíble a nuestra oficina, actuaremos. Seguiremos la ley. Y utilizaremos todas las herramientas legales disponibles para proteger la integridad de nuestro sistema empresarial local", sumó.
La entidad de Miami-Dade ha revocado desde 2025 decenas de licencias comerciales de firmas locales que hacen negocios con Cuba. A fines de mayo impuso una sanción de esa naturaleza a Sta Elena Investments LLC y Remas Investments LLC, así como a Adys Lastres Morera, por sus presuntos vínculos con el aparato militar cubano.
Esas medidas fueron anunciadas después de que Washington detuviera a Lastres Morera, hermana de la general de brigada Ania Guillermina Lastres Morera, actual jefa del conglomerado militar Grupo de la Administración Empresarial S.A. (GAESA).
Adys Lastres Morera fue arrestada y puesta bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE por sus siglas en inglés), anunció el secretario de Estado, Marco Rubio, tras poner fin a la residencia permanente de la empresaria en el país. Se especula que podría ser deportada a Cuba.
