La Habana tilda la imputación a Raúl Castro de 'acto despreciable e infame de provocación política'

Luego de que el Departamento de Justicia de EEUU imputara este miércoles a Raúl Castro por el derribo de dos aviones de la organización del exilio Hermanos al Rescate en 1996, el régimen cubano calificó el hecho como una "canallesca acusación", que rechazó "en los términos más enérgicos".

"Se trata de un acto despreciable e infame de provocación política", indicó La Habana, que resaltó que la imputación "descansa en la manipulación deshonesta del incidente", al tiempo que volvió a sostener la tesis de que el derribo ocurrió "sobre el espacio aéreo cubano", algo que ha sido desmentido por organismos internacionales.

No obstante, La Habana reiteró que "la respuesta de Cuba ante la violación de su espacio aéreo constituyó un acto de legítima defensa, amparado por la Carta de las Naciones Unidas, el Convenio de Chicago sobre Aviación Civil Internacional de 1944 y los principios de soberanía aérea y proporcionalidad".

Así, el régimen consideró que "el Gobierno de EEUU carece de legitimidad y jurisdicción" para imputar al menor de los Castro, al tiempo que recalcó que Washington "desvirtúa otras verdades históricas sobre el hecho que utiliza como pretexto".

Asimismo, el régimen recurrió una vez más a su narrativa victimista para denunciar la supuesta "complicidad" del Ejecutivo estadounidense de entonces "con la planificación y ejecución desde su territorio de acciones violentas, ilegales y de carácter terrorista contra el Gobierno y pueblo cubanos".

"Resulta de gran cinismo que formule esta acusación el mismo Gobierno que ha asesinado a cerca de 200 personas y destruido 57 embarcaciones en aguas internacionales del Caribe y el Pacífico", agregó, al tiempo que enfatizó que la "acusación espuria" contra Castro "se suma a los intentos desesperados de elementos anticubanos por construir una narrativa fraudulenta en el esfuerzo por justificar el castigo colectivo y despiadado contra el noble pueblo cubano".

En este contexto, en el que La Habana aprecia "amenazas de agresión armada", el régimen se erigió como defensor de la paz y ratificó "la firme determinación de ejercer el derecho inalienable a la legítima defensa que reconoce la Carta de las Naciones Unidas".

Por su parte, el gobernante Miguel Díaz-Canel sostuvo que la imputación "solo evidencia la soberbia y la frustración que le provoca a los representantes del imperio la inquebrantable firmeza de la Revolución Cubana y la unidad y fortaleza moral de su liderazgo". Esta afirmación, no obstante, constituye un recurso propagandístico sin sustento en la resquebrajada realidad de la Isla.

Díaz-Canel reiteró que la acusación contra Castro "busca engrosar el expediente que fabrican para justificar el desatino de una agresión militar a Cuba". En su defensa cerrada del general, el gobernante indicó que "la altura ética y el sentido humanista de su obra derriban cualquier infamia que se pretenda levantar contra el General de Ejército Raúl Castro". Además, calificó la imputación como un "ridículo intento de menoscabar su talla de héroe".

El menor de los Castro fue imputado este miércoles bajo cinco cargos, entre ellos el de "conspiración para asesinar a ciudadanos estadounidenses".

En una conferencia de prensa en Miami, el fiscal general en funciones, Todd Blanche, señaló que Castro fue acusado además de cuatro cargos de asesinato y dos de destrucción de aeronaves.

"La acusación sustitutiva de hoy contra Raúl Castro y cinco coacusados del régimen de Castro es un paso importante hacia la rendición de cuentas por los asesinatos de 1996 de cuatro miembros de Hermanos al Rescate, incluidos tres ciudadanos estadounidenses: Carlos Costa, Armando Alejandre Jr., Mario de la Peña y Pablo Morales", dijo el director del Federal Bureau of Investigation, Kash Patel.

Los cargos contra Castro se centran en el incidente de 1996, en el que un caza cubano MiG-29 derribó dos avionetas Cessna operadas por el grupo del exilio que buscaba balseros cubanos en aguas del estrecho de Florida. Cuatro personas a bordo murieron, incluidos tres ciudadanos estadounidenses y un cubano residente en EEUU.

La imputación ocurre en un momento de máxima tensión, en el que todo indica que los acontecimientos en la Isla podrían precipitarse de forma vertiginosa en las próximas semanas.