Mortalidad infantil en Cuba: los niños que no encajan en el sistema

Un estudio publicado este lunes por el Centro de Investigación en Economía y Política (CEPR), un think tank independiente con sede en Washington, D.C., atribuye el incremento de la mortalidad infantil en Cuba a las medidas de la Administración de Donald Trump. El informe —que también culpa al embargo de EEUU de la crisis energética y del aumento de la mortalidad general— parte, sin embargo, de dos premisas erróneas. La primera sostiene que la mortalidad infantil comenzó a descender en 2018, cuando en realidad la tendencia se inicia al menos cuatro años antes, en plena bonanza económica asociada al deshielo bajo los mandatos de Barack Obama y Raúl Castro. La segunda afirma que "durante décadas el Estado ha invertido sustancialmente en servicios sanitarios", una aseveración que no se sustenta en los datos.

Según las cifras de la Oficina Nacional de Estadísticas e Información de Cuba (ONEI), en las últimas tres décadas la inversión en salud pública y asistencia social ha representado, en promedio, menos del 3% de los ingresos totales del país, mientras que las inversiones en turismo exceden en un año el 40%. En cuanto a la tasa de mortalidad infantil, también ha sido objeto de cuestionamientos tanto dentro como fuera de Cuba por como es concebida.

En materia de estadísticas, la tasa de mortalidad infantil en Cuba se calcula con la misma fórmula básica que emplean organismos como la Organización Mundial de la Salud y se expresa como el número de muertes de niños menores de un año por cada 1.000 nacidos vivos en un período determinado.

El punto clave no está en la fórmula, sino en cómo se define "nacido vivo" y se registran las muertes: aunque en teoría basta con cualquier signo de vida, en la práctica algunos casos extremadamente prematuros o de muy bajo peso pueden no clasificarse como tales y registrarse como muertes fetales (nacidos muertos).

Esa decisión es determinante porque si un bebé nace muerto, queda fuera de la tasa de mortalidad infantil. Así, el indicador puede bajar sin que necesariamente cambie la supervivencia real, sino la forma de contabilizarla.

Diversas investigaciones y testimonios han señalado que en Cuba existe un umbral más restrictivo en la práctica clínica para registrar la mortalidad: "En Cuba esas cifras están manipuladas", dijo a DIARIO DE CUBA el doctor Manuel Guerra, quien ejerció hasta 2022 como residente de Ginecobstetricia en la Isla y hoy vive exiliado en Estados Unidos.

Mortalidad infantil vs. mortalidad perinatal en Cuba: lo que muestran los datos

Durante décadas, Cuba ha sido presentada como un caso excepcional en salud pública por sus bajos niveles de mortalidad infantil, un indicador que ha sustentado comparaciones favorables incluso con países desarrollados. Sin embargo, en los últimos años la tendencia es al alza —de 4,0 por cada 1.000 nacidos vivos en 2018 a 7,1 en 2024 y 9,9 en 2025—, más del doble de su nivel histórico mínimo, lo que introduce matices en esa narrativa.

Se trata de un indicador clave, pero parcial: solo capta lo que ocurre después del nacimiento. La mortalidad perinatal amplía el foco al incluir las muertes fetales tardías y las neonatales tempranas, lo que permite observar no solo cuántos mueren, sino también cuándo ocurre la muerte. Pero en Cuba, donde la tasa de mortalidad infantil está considerada "un logro de la revolución", mantenerla baja puede implicar una presión adicional para los médicos.

"Porque si el niño respira al nacer, no se considera muerte fetal, sino que pasa a las estadísticas de mortalidad infantil. Son cosas que se comentan tras bastidores. A mí me cuesta hablar de esto", dijo el doctor Guerra.

Los datos oficiales de 2018 a 2024 muestran un patrón consistente: mientras la mortalidad infantil se mantiene en niveles moderados —aunque en ascenso—, la mortalidad perinatal es sistemáticamente más alta, entre 12 y 15 por cada mil. Más reveladora aún es su composición: entre el 84% y el 89% corresponde a muertes fetales tardías, una proporción estable incluso en contextos de crisis. Si la mayoría de las muertes ocurre antes del nacimiento, la mortalidad infantil puede ofrecer una imagen incompleta del riesgo real.

La alta proporción de muertes fetales tardías arroja serias dudas sobre el desempeño del Programa de Atención Materno Infantil (PAMI), piedra angular del indicador en el sistema de salud: si la mayoría de los eventos adversos ocurren antes del nacimiento, el riesgo se concentra precisamente en la etapa de control prenatal y embarazo, en la que el programa debería tener mayor capacidad de intervención.

En ese marco, varios análisis coinciden en que el desempeño cubano no puede entenderse sin considerar cómo se registran los nacimientos en situaciones límite. El economista Roberto González advierte sobre una posible reclasificación de muertes neonatales como fetales tardías, mientras que sus colegas Thomas Berdine, Vincent Geloso y Benjamin Powell añaden un segundo mecanismo: la presión para interrumpir embarazos de alto riesgo y evitar que esos casos entren en la estadística.

En la misma línea, la antropóloga médica Katherine Hirschfeld señala que la combinación de altas tasas de aborto, del control estatal del sistema sanitario y de resultados favorables sugiere una posible intervención en los indicadores. En contraste, autores como el epidemiólogo Richard Cooper, el demógrafo John Kennelly y el médico Juan Ordúñez defienden la consistencia general de las estadísticas, aunque reconocen que las diferencias en las definiciones limitan su comparabilidad internacional.

Cómo se burla la estadística

El doctor Guerra aseguró que en Cuba existen prácticas "para maquillar esas cifras" y mantener bajos los indicadores de mortalidad, como "registrar muertes infantiles como fetales", sobre todo cuando se trata de los más pequeños, de 25 a 27 semanas. "Yo sí escuché esas historias de que los dejaban morir y los contabilizaban como muertes fetales".

Desde los años 90, el médico disidente provida Óscar Elías Biscet denunció prácticas que consideraba irregulares en torno al aborto y la mortalidad infantil en Cuba. En su estudio "Rivanol: un método para destruir la vida", afirmó que este procedimiento se usaba de forma sistemática como anticonceptivo y que podía incidir en las estadísticas oficiales, lo que le costó su expulsión como internista del Hospital Infantil 10 de Octubre, de La Habana, y posteriores detenciones que derivaron en prisión.

"A algunos bebés los ahogaban, pero había otros a los que envolvían en papel cartucho hasta que se asfixiaban o, simplemente, les dejaban encima de una mesa para que murieran desangrados o por la falta de atención", dijo al sitio especializado Redacción Médica en 2016. Años después reiteró ese testimonio en el diario ABC, junto a otros especialistas que relataron prácticas similares.

"Eso es grave", advirtió el doctor Guerra y aclaró que nunca estuvo involucrado en estas prácticas que son, además, incompatibles con sus creencias cristianas.

"En mi caso no pasó, también por una cuestión personal: soy cristiano y no haría eso, pero en la especialidad se comentaba cómo podían terminar esas historias. Eran niños con una inmadurez pulmonar muy marcada, que aún no tenían suficiente surfactante para mantener la ventilación y sí los dejaban morir", dijo.

Incluso en los casos en que se luchaba por salvarlos, el atraso tecnológico de la medicina en Cuba jugaba en contra y muchas veces los recién nacidos no recibían un manejo adecuado, relató el doctor.

"Cuando los niños nacían un poco más avanzados —una semana más, digamos—, se administraban corticosteroides a la madre durante el trabajo de parto para intentar madurar los pulmones. Se tomaban medidas y el niño podía nacer respirando, pero muchas veces no se podía hacer más: no había recursos suficientes. La neonatología en Cuba no es, ni remotamente, como la moderna, y eso es una realidad. Aquí esos niños se salvan", acotó en referencia a Estados Unidos.

Algunos factores de riesgo

El doctor sostuvo que factores como la desnutrición —que impacta en el bajo peso al nacer y es factor decisivo en la mortalidad neonatal—, así como la falta de atención médica inciden directamente en el aumento de la mortalidad infantil. En esto influye la pérdida de más de 77.500 profesionales de la salud en los últimos cuatro años —de ellos 30.767 médicos— y la falta de medicinas e insumos, con un déficit del 70% del cuadro básico de medicamentos en 2025.

"Hace un tiempo, por ejemplo, se reportaba la ausencia de inmunoglobulina anti-D, esencial para madres Rh negativo", recordó el doctor

Si una mujer Rh negativo ya tuvo un embarazo previo con un feto Rh positivo, en un embarazo posterior puede desarrollarse una incompatibilidad que derive en eritroblastosis fetal, una forma grave de anemia hemolítica en el recién nacido, explicó Guerra.

"Esa profilaxis no se estaba aplicando simplemente porque no había anti-D disponible, lo cual es serio y puede complicar significativamente el embarazo. A esto se suma la falta de otros controles básicos, como los cultivos para estreptococo del grupo B, que también son clave para prevenir infecciones neonatales", sostuvo.

Asimismo, la baja calidad asistencial y las intervenciones inadecuadas se asocian con peores resultados maternos y neonatales, lo que puede incrementar el riesgo para el recién nacido, como documenta la investigación Partos Rotos sobre la violencia obstétrica en Cuba.

Abortos

A este cuadro se suma un tercer elemento decisivo: las interrupciones del embarazo que, más allá de la discusión sobre si es un derecho o un crimen, es una práctica que incide en la estadística de mortalidad. El Anuario Estadístico de Salud 2024, en su Cuadro 136, revela que la terminación voluntaria del embarazo constituye un componente estructural del sistema reproductivo cubano. Incluso tras años de descenso, el volumen sigue siendo elevado: antes de 2023, se registraban entre 50 y 70 interrupciones por cada 100 partos, lo que implica que una proporción significativa de embarazos no llega a término.

Sin embargo, el propio anuario introduce un giro que cambia la interpretación de los datos. A partir de 2023 se incorporan las regulaciones menstruales con diagnóstico de embarazo dentro del indicador de "terminación voluntaria del embarazo". El efecto es inmediato y revelador: el total pasa de 55.402 casos en 2022 a 81.884 en 2023, un salto de 26.482 interrupciones (o un aumento del 47,8%) en un solo año. En 2024 la cifra baja a 64.764, pero sigue estando casi un 17% por encima del nivel previo al cambio.

El impacto se amplifica al analizar la relación de interrupciones por cada 100 partos, que sube de 57,7 a 90,1 y se mantiene en ese nivel en 2024. Es decir: bajo esta definición, casi hay una interrupción por cada nacimiento. Algo similar ocurre con la proporción por 100 embarazos, que pasa del 36,3% al 58,5%: más de la mitad de los embarazos terminan en interrupción, según el nuevo criterio.

El cambio introducido a partir de 2023 no responde a una transformación real en los comportamientos reproductivos, sino a una modificación en lo que se contabiliza: al incorporar decenas de miles de casos previamente excluidos —como parte de las regulaciones menstruales—, el indicador deja de ser comparable con años anteriores y proyecta una imagen distinta del fenómeno. Más que un ajuste técnico, evidencia que los datos no son neutrales, sino el resultado de decisiones metodológicas sobre qué incluir, cómo medir y qué dejar fuera.

Leído en conjunto, el cuadro es más revelador: la combinación de baja mortalidad infantil, alta mortalidad fetal y un volumen significativo de interrupciones del embarazo sugiere que el sistema no solo interviene en los nacimientos, sino también en el proceso previo que determina cuáles embarazos llegan a término. El problema, por tanto, no es solo cuántos mueren, sino cuándo mueren—un matiz clave que queda oculto si se analiza únicamente la mortalidad infantil.

Las autoridades sanitarias y la literatura científica cubanas, si bien han reconocido la elevada frecuencia de las interrupciones del embarazo y su vínculo con la regulación de la fecundidad, las interpretan como un problema de uso —asociado a fallas en la anticoncepción— y no como evidencia de una mala práctica clínica. El MINSAP no ha respondido públicamente a las denuncias sobre una posible manipulación de la tasa de mortalidad infantil.