Una cubana señalada por presuntos maltratos físicos tanto a sus tres hijos menores de edad, uno de ellos de apenas tres años, como a su propia madre, fue arrestada en Sancti Spíritus recientemente. Aunque estuvo a punto de ser liberada con una fianza de 50.000 pesos, la presión en las redes sociales habría logrado su envío a prisión provisional, según informó en su página de Facebook el activista Guillermo Rodríguez Sánchez, quien ha denunciado otros casos de abuso infantil en la Isla.
El propio activista había contado en su página el domingo que la mujer, identificada como Lizandra, "llevaba muchísimo tiempo maltratando de manera atroz a su hijo de tres años para hacer sufrir al papá, quien no quiso seguir con ella".
"Estamos hablando de manos de golpes, no de que si un chancletazo ocasional por una malcriadez, que tampoco es lo idóneo pero bueno...", afirmó Rodríguez Sánchez, quien habló con vecinas de la mujer.
A pesar de que el niño mostraba en el rostro señales evidentes de maltrato, la madre solo recibió citaciones y "períodos muy breves de detención en la Policía de la ciudad de Sancti Spíritus (…) y luego salía bajo fianza a desquitarse con el niño".
La activista Irma Lidia Broek y la página de Facebook Revolico Sancti Spíritus compartieron fotos de la presunta maltratadora y del niño, en cuya cara se aprecian huellas de golpes.
Según los testimonios citados por el activista, la mujer "también agredía de forma salvaje a la anciana abuela de los niños. Su propia mamá". Además "se jactaba de que tenía el brazo pesado, gozaba el régimen de terror que tenía impuesto a su mamá, su niño de 3 años y sus otras dos niñas".
Lizandra fue detenida recientemente, tras el "último show que dio en el edificio yéndole arriba como una fiera al nené de tres años". Varias vecinas la golpearon, por lo que la Policía tuvo que llevársela de prisa en la patrulla, de acuerdo con el relato de Rodríguez Sánchez.
La página Revolico Sancti Spíritus informó el domingo que la mujer pagaría una fianza de 50.000 pesos el lunes, tras lo cual quedaría en libertad hasta que se realizara el juicio.
Los padres de los menores están fuera de Cuba, por lo que la página de Facebook pidió ayuda para impedir que la mujer quedara libre, al considerar que las autoridades, al parecer, no querían "hacer su trabajo correctamente".
Finalmente, fue asegurada con la medida cautelar más severa de las previstas en la Ley del Proceso Penal, que las autoridades cubanas no dudan en aplicar a quienes protestan contra el régimen, incluso si son menores de edad.
"Gracias a la visibilidad y la presión de las redes sociales el tribunal ordenó cambio de medida, prisión hasta el juicio", escribió Rodríguez Sánchez y aseguró que la información proviene del padre de una de las niñas de la presunta maltratadora.
"Pena y vergüenza es lo que da que haya que recurrir a Facebook para lograr lo que se debe aplicar por lógica en estas circunstancias", criticó el activista.
Este caso se suma a múltiples denuncias de maltrato, abandono y violencia contra niños en varias provincias de Cuba, que han transcendido en los últimos meses.
En marzo, la emisora oficial Radio Nuevitas informó en Facebook que las autoridades de Salud y el Gobierno de Camagüey habían rescatado a un menor diagnosticado con "desnutrición proteico-energética" y un "retraso significativo en su desarrollo psicomotor", que además presentaba signos de maltrato.
Pese a que el Gobierno de Cuba ha promovido reformas legales como el Código de las Familias (2022) y el Código de la Niñez (2025), especialistas advierten que la realidad dista del marco jurídico proclamado.
La abogada Maylín Fernández Suris ha cuestionado la efectividad de estas normas: "El verdadero examen para cualquier ley de protección infantil no es su redacción, sino su capacidad para evitar que un niño sufra violencia, negligencia o abandono".
Según su análisis, publicado en DIARIO DE CUBA, la proliferación de casos evidencia "graves fallas estructurales", entre ellas la falta de protocolos efectivos de detección, la ineficacia de mecanismos preventivos y la permanencia de menores en entornos violentos pese a denuncias.
