Un chofer de un carro cisterna y un representante de la estatal Empresa Láctea de Las Tunas fueron detenidos e instruidos de cargos por el presunto delito de sabotaje, tras la detección de "irregularidades" en la leche de vaca que transportaron recientemente, informó el Gobierno Provincial en su página de Facebook.
Las irregularidades fueron detectadas durante una inspección derivada de una denuncia ciudadana sobre la leche racionada destinada a los niños.
El medio oficial local Periódico 26 detalló en la propia red social que la inspección se llevó a cabo en la bodega No. 1 de La Loma, donde se descubrió que el producto "llegó con densidad de 16.5 g/mL cuando la norma exige 30 g/mL". Además, se registró un sobrante de 202 litros sin justificar.
"El Gobierno Provincial reafirma que no habrá tolerancia frente a conductas que atenten contra los derechos de la población, en especial de la infancia", citó el medio tunero.
El Código Penal vigente en Cuba establece penas de entre siete y 15 años de privación de libertad para el delito de sabotaje, en su marco sancionador básico, cuando no concurren circunstancias agravantes.
Cuando el delito implica, por ejemplo, riesgo para vidas humanas, la sanción puede ser de diez a 30 años de cárcel, cadena perpetua e incluso pena de muerte.
Al acusarlos de sabotaje, el régimen convierte a los dos detenidos en chivos expiatorios por la crónica escasez de leche en Cuba, que deja en evidencia la inviabilidad del modo de producción socialista.
El alarde de defensa de los derechos de la infancia por parte del Gobierno tunero contrasta con el hecho de que actualmente hay menores cubanos encarcelados y con procesos penales abiertos por participar en la protesta que estalló en Morón, Ciego de Ávila, el 13 de marzo, durante un prolongado apagón.
El caso que más relevancia ha alcanzado en los medios independientes es el del cubano de 16 años Jonathan Muir Burgos, quien permanece detenido desde el 16 de marzo.
El régimen le ha imputado precisamente el delito de sabotaje, lo que es incompatible con el ordenamiento jurídico cubano, como recordó recientemente la periodista Lucía Alfonso Mirabal en un artículo publicado en DIARIO DE CUBA.
"La legislación penal vigente en Cuba establece condiciones restrictivas para exigir responsabilidad penal a menores de entre 16 y 18 años. El Artículo 18 del Código Penal no deja margen a interpretaciones arbitrarias: solo procede dicha responsabilidad cuando concurren supuestos agravados claramente definidos", subrayó la periodista experta en temas legales.
"Nada de esto se verifica en el caso de Muir Burgos. No existe constancia de una conducta individualizada que encaje en los elementos del delito de sabotaje, diseñado para sancionar ataques a infraestructuras o servicios estratégicos. La imputación apunta, por tanto, a una extensión artificiosa del tipo penal con fines de ejemplaridad", señaló.
El ensañamiento del régimen cubano con el menor, hijo del pastor Elier Muir Ávila, conocido por sus denuncias públicas contra las autoridades, se hizo más evidente el 25 de marzo, cuando el Tribunal Provincial de Ciego de Ávila rechazó la tramitación de un recurso de habeas corpus presentado a su favor, limitándose a validar formalmente la detención sin examinar si existía base legal suficiente para mantenerla.
Cosas del paraíso comunista. Inconcebible que algo así ocurriera hoy si Batista le hubiera metido una lluvia de plomo a Fidel en el pecho; pero bueno, ya para qué lamentarse.