"Me abrieron las medicinas y varios paquetes de comida. Nadie me explicó nada ni me dio un documento. Cuando reclamé, me dijeron que eso era 'normal'. ¿Cómo se llama esto? Surrealismo cubano", señala Laura con indignación.
El testimonio de esta mujer, tras pasar por el Aeropuerto Internacional José Martí, de La Habana, resume una experiencia que viajeros y familiares denuncian frecuentemente en redes sociales en distintos aeropuertos cubanos: la pérdida, el deterioro o la mala manipulación de bienes bajo control de la Aduana.
Las quejas se producen en un contexto de crisis profunda en la Isla, donde el propio Gobierno reconoce la necesidad de la importación no comercial privada de alimentos, medicamentos e insumos básicos ante la escasez generalizada en la Isla. En este escenario, los envíos desde el exterior se han convertido en una vía esencial de supervivencia para muchas familias.
Daños a alimentos y medicamentos
Uno de los casos más recientes fue publicado en Facebook por la usuaria Nailys Matos, quien denunció lo ocurrido en el aeropuerto Ignacio Agramonte, en Camagüey, pocos días después de la entrada en vigor del Decreto-Ley 108/2026 "De Aduanas", que supuestamente moderniza los procedimientos de la Aduana cubana y "garantiza un servicio más ágil, transparente y profesional, en armonía con estándares, contexto y prácticas internacionales".
Según el testimonio de Matos, las revisiones aduaneras derivaron en la inutilización de productos básicos. Entre los hechos señalados figuran la apertura de envases de leche para bebés —que terminó contaminada— y la manipulación de gasas estériles destinadas a procedimientos médicos.
"Lo que se envía es sudor y sacrificio", escribió Matos, al cuestionar quién responde por la leche contaminada, destinada a alimentar a una lactante, o por "la cirugía que no se pudo dar".
Otro testimonio de un comentarista del caso de Matos resaltó en que quienes envían estos productos lo hacen con esfuerzo para ayudar a sus familias, y denunció que "nadie merece que dañen lo poco que llevan".
A estas denuncias se suman otras en diferentes puntos del país. En Varadero, Carlos aseguró que tras pasar por el Aeropuerto Juan Gualberto Gómez detectó la desaparición de artículos de su equipaje: "Hice la reclamación, pero no pasó nada. Nadie responde", cuestionó.
Este joven recordó que la Aduana tiene un sistema formal de quejas y reclamaciones (oficina de Atención a la Población, formulario web, teléfonos y correo) para recibir inconformidades, consultas y denuncias, pero sigue esperando un simple comentario sobre su caso.
Responsabilidad legal que no se cumple
Desde el punto de vista jurídico, la abogada Maylin Fernández Suris recuerda que cuando un ciudadano entrega mercancías para revisión por exigencia de la Aduana, "el Estado asume una obligación jurídica de custodia".
Esto implica que debe garantizar la conservación de los bienes y responder si estos "se pierden, desaparecen o resultan dañados" mientras están bajo control de la autoridad.
Sin embargo, en la práctica cubana —según la experta— esa responsabilidad rara vez se asume. Muchos reclamos terminan redirigidos hacia terceros, como aerolíneas y transportistas, lo que reduce las posibilidades reales de compensación para los afectados.
Fernández Suris subraya además la necesidad de diferenciar entre decomiso y pérdida. El decomiso debe estar respaldado por una norma legal, un procedimiento formal y una resolución motivada. Cuando esto no ocurre, puede derivar en privaciones arbitrarias de propiedad.
A ello se suma la falta de garantías efectivas: aunque existen mecanismos formales de reclamación, estos suelen resolverse dentro de la propia estructura estatal y con escasa independencia judicial, lo que limita las posibilidades de éxito.
Opacidad y discrecionalidad
Las denuncias apuntan también a un patrón de falta de transparencia. Los viajeros refieren que, en muchos casos, no reciben explicaciones ni documentación sobre las revisiones o la manipulación de sus pertenencias.
Esta opacidad se ve reforzada por la amplia discrecionalidad de la normativa aduanera y la dificultad para acceder a pruebas, factores que —según especialistas— reducen aún más la capacidad de los ciudadanos para defender sus derechos.
No existe, además, un boletín estadístico público y sistemático que permita conocer el volumen real de denuncias contra la Aduana.
Algunos datos oficiales dispersos ofrecen apenas una referencia parcial: en un balance publicado por el diario Granma, la institución informó que entre 2020 y abril de 2021 recibió 18.016 "planteamientos y consultas". Solo en 2021, hasta junio, se registraron 96 quejas, 221 reclamaciones y 206 solicitudes, relacionadas sobre todo con trato, procedimientos de control y decomisos. No hay ninguna otra publicación con cifras actualizadas.
Aunque en ocasiones se reportan sanciones puntuales a funcionarios por irregularidades, no existe, por ejemplo, una recapitulación anual de información que refleje el alcance real del problema.
Dependencia creciente de los envíos
Las denuncias cobran especial relevancia en un contexto en el que el Gobierno ha prorrogado la autorización para importar de forma no comercial, sin aranceles, alimentos, medicamentos y productos básicos, una medida vigente desde las protestas del 11 de julio de 2021. En enero, la Aduana General de la República de Cuba extendió la medida a las plantas eléctricas y a los paquetes postales enviados por terceros a la Isla.
Las propias autoridades han reconocido que esta política constituye una alternativa para acceder a productos de primera necesidad que siguen siendo escasos en el país y otros insumos que buscan el alivio de la crisis energética.
En ese escenario, cualquier pérdida, daño o decomiso irregular tiene un impacto directo en la vida cotidiana de las familias cubanas.
Mientras continúan los reportes desde distintos aeropuertos, persiste una pregunta clave: ¿quién responde por los bienes que, tras pasar a manos del Estado, dejan de llegar —o llegan inservibles— a quienes más los necesitan?.
La Aduana roba a las dos manos....