La entrada en vigor del Decreto-Ley 108/2026 "De Aduanas" marca un nuevo capítulo en la regulación del control fronterizo en Cuba. Presentada oficialmente como una reforma destinada a modernizar y unificar el sistema aduanero, la norma concentra en un solo cuerpo legal —junto con su reglamento— la dispersa normativa que hasta ahora regía la materia.
Introduce procedimientos digitales y adopta conceptos alineados con prácticas internacionales, pero un análisis detallado del equipo legal de DIARIO DE CUBA advierte que esta modernización tiene un costo significativo: el fortalecimiento de las facultades de la Aduana no viene acompañado de un refuerzo equivalente de las garantías para los ciudadanos, lo que agrava un desequilibrio ya estructural entre administración y administrados.
Amplias potestades y discrecionalidad reforzada
La nueva ley otorga a la Aduana atribuciones muy amplias para retener y decomisar mercancías, declarar su abandono, disponer materialmente de ellas —incluida su destrucción— y suspender o revocar autorizaciones administrativas. Estas potestades se justifican en el propio texto legal por la necesidad de proteger la economía, el orden interior y la denominada "seguridad de la sociedad socialista".
Desde una perspectiva comparada, no resulta excepcional que las autoridades aduaneras cuenten con poderes amplios. En los sistemas modernos, no obstante, estas facultades suelen estar estrictamente delimitadas por principios de proporcionalidad, obligación de argumentar las decisiones y mecanismos de control independiente y efectivo. En el caso cubano, esos contrapesos aparecen debilitados o insuficientemente desarrollados, lo que amplía el margen de discrecionalidad administrativa.
Un sistema de impugnación limitado
Uno de los aspectos más cuestionados del Decreto-Ley 108/2026 es el diseño del sistema de recursos. La norma prevé que determinadas decisiones relevantes de la Aduana puedan ser impugnadas ante la misma autoridad que las dictó, sin habilitar de forma clara un recurso administrativo posterior ante un órgano superior o independiente.
Este modelo se aparta de los estándares internacionales promovidos por la Organización Mundial del Comercio (OMC). El Acuerdo de Facilitación del Comercio reconoce expresamente el derecho de los usuarios a una revisión administrativa por una autoridad distinta del decisor original, además del acceso a la vía judicial. La llamada revisión "en casa" reduce de forma sustancial las posibilidades reales de corrección de errores y refuerza la percepción de indefensión frente a la administración, una práctica que en Cuba parece más la regla que la excepción.
Conceptos indeterminados y seguridad jurídica erosionada
Otro elemento problemático es el uso reiterado de nociones amplias e imprecisas como "seguridad", "orden interior" o "seguridad nacional" para fundamentar la actuación aduanera. Al tratarse de conceptos jurídicos indeterminados, su aplicación queda en gran medida sujeta a la interpretación de la propia autoridad administrativa.
Este patrón, habitual en la legislación cubana, impide que el ciudadano conozca con claridad cuál es el hecho sancionable y, al mismo tiempo, genera impunidad administrativa, agravando la inseguridad jurídica. La falta de previsibilidad y de criterios objetivos dificulta la defensa efectiva de los derechos de los afectados.
Medidas cautelares y riesgo de daños irreversibles
La ley también habilita medidas cautelares severas, como la retención prolongada de mercancías y, en determinados supuestos, su destrucción o disposición definitiva. El problema central, subrayan los expertos, es que no se fijan plazos estrictos ni se prohíben expresamente los actos irreversibles mientras existan recursos pendientes de resolución.
Esto abre la puerta a escenarios en los que el ciudadano obtiene una resolución favorable cuando el bien ya ha sido destruido o definitivamente perdido, convirtiendo la tutela judicial en un remedio meramente formal, sin reparación material posible. Sin protección patrimonial efectiva, el derecho pierde contenido real.
Impacto social en un contexto de escasez
En ausencia de recursos independientes, sin límites claros a la discrecionalidad y sin mecanismos eficaces de control, la reforma corre el riesgo de consolidar una Aduana más fuerte, pero también menos controlada.
Las consecuencias de este desequilibrio trascienden el plano jurídico. En un contexto económico marcado por la escasez y por la dependencia de importaciones personales y familiares para la subsistencia cotidiana, el impacto de la nueva ley en la sociedad puede ser profundo: afectaría de manera directa a miles de ciudadanos que dependen del flujo de bienes desde el exterior.
