El Ministerio del Interior (MININT) cubano admitió que tiene entre sus prioridades "la atención, influencia, control y neutralización de personas con conductas desajustadas dentro de la sociedad", lo cual supone reforzar la vigilancia sobre los habitantes de la Isla que, aún sin cometer delitos, son considerados como problemáticos por las autoridades.
Al hacer un resumen del denominado II Ejercicio Nacional de Prevención y Enfrentamiento al Delito, la Corrupción, las Ilegalidades e Indisciplinas Sociales, que tuvo lugar la semana final de marzo, el coronel Hugo Morales Karell, segundo jefe de la Dirección General de la PNR, dijo que "las personas con conductas desajustadas fueron llevadas a las estaciones de la PNR u otros lugares para realizar acciones preventivas en la comunidad".
Al comparecer en el programa televisivo de la Mesa redonda, el funcionario señaló que "estas reuniones se llevan a cabo con el grupo de prevención y atención social. No se trata de 'detener por detener', sino que se ha agotado un trabajo previo con los grupos de prevención social, así como ofertas de trabajo o advertencias para que abandonen conductas problemáticas. Cuando esto no se respeta, se incurre en el delito de desobediencia".
Aunque Morales Karell no especificó qué considera el MININT "conductas desajustadas", de lo anterior se desprende que entre ellos están los cubanos que no trabajan. El régimen lanzó una ofensiva contra los desempleados y los criminalizó, ante la carencia de fuerza laboral en casi todos los sectores de la economía debido al histórico éxodo migratorio que vive la Isla y a la inflación disparada, que convierte un salario estatal en una remuneración sin atractivo para la mayoría.
En el grupo de los indeseables, el funcionario incluyó a los sancionados en libertad, más quienes disfrutan de permisos o pases de prisión o están en espera de juicio en libertad.
"Se tomaron decisiones administrativas y de revocación contra quienes violan las obligaciones que tienen contraídas", dijo Morales Karell, sin mencionar cifras.
Según el funcionario de la PNR, en las comunidades "el seguimiento y la influencia sobre el potencial delictivo se intensificó. Se realizó un mayor control sobre su vinculación laboral y se implementaron otras acciones preventivas para evitar la reincidencia en delitos o ilegalidades".
También la Policía llevó a cabo charlas con familias y jóvenes con conductas desajustadas "para resolver conflictos internos en familias disfuncionales, así como la aplicación de responsabilidades penales en colaboración con la Fiscalía y los tribunales. También se incrementó la vigilancia popular".
De acuerdo con Morales Karell, la batida contra el delito, que llegó después que los ciudadanos denunciaran la inacción policial ante el incremento de los crímenes violentos y el narcotráfico, entre otros problemas de inseguridad, aspira a "lograr el control contra la delincuencia, implementar acciones preventivas y neutralizar situaciones en escenarios proclives a este tipo de conductas".
La PNR detuvo a un número no precisado de personas y reforzó el patrullaje de áreas "de mayor incidencia delictiva, así como en los límites entre territorios donde se identificaron tipologías delictivas asociadas a fenómenos complejos en la economía, como el hurto y sacrificio de ganado", se dijo en el programa.
Entre los delitos señalados destacan, según el funcionario, "el trasiego de mercancías, fundamentalmente relacionadas con el tráfico de alimentos, medicamentos, armas blancas, combustibles, dinero en efectivo y otros productos de procedencia ilícita. También se identificaron vehículos del sector estatal implicados en estas actividades, por lo que se aplicaron las correspondientes medidas administrativas y penales cuando fue necesario".
Morales Karell enfatizó que el ejercicio es una continuidad de la labor sistemática que "permite obtener información pública y secreta".
"Este trabajo conjunto nos permitió proteger objetivos económicos donde se almacenan recursos sensibles e importantes para la población, como bodegas, tiendas y almacenes. Esto nos permitió identificar causas y condiciones propicias para la comisión de hechos delictivos, especialmente considerando las debilidades en los cuerpos de vigilancia y protección de muchas entidades, donde el personal no cubre adecuadamente el área y, por tanto, no se realizan los recorridos necesarios. En algunos lugares, los cuerpos de vigilancia abandonan sus puestos, lo que derivó en la implementación de medidas administrativas e incluso penales", dijo.
Como parte del ejercicio, además, se cerraron "varios procesos penales relacionados con ilícitos priorizados, como drogas, hechos violentos y delitos contra la economía", para su entrega a la Fiscalía.
La Policía asegura haber actuado además en zonas rurales contra más de un centenar de personas, principalmente por "hurto, sacrificio o adquisición y tenencia de carne a partir de sacrificios ilegales".
En cuanto al narcotráfico, un problema que el régimen de Cuba ha tenido que reconocer, Morales Karell señaló que "se realizaron más de 400 acciones de capacitación sobre el uso indebido de sustancias, priorizando centros escolares y laborales. También se ejecutaron 46 intervenciones en comunidades, bares, discotecas y casas de renta. Se aseguraron 46,9 kilogramos de droga, además de plantas, semillas sintéticas, envoltorios, papelillos y recortes impregnados con sustancias. También se detectaron cigarrillos electrónicos y altas sumas de dinero".
La vicefiscal general cubana, Alina Montesino Li, señaló durante el programa que la Fiscalía General de la República priorizó "los delitos de alto impacto social. Nuestros fiscales han intensificado el control de investigaciones en casos de corrupción, tráfico de drogas, hechos violentos y delitos contra el patrimonio. Trabajamos en estrecha coordinación con el Ministerio del Interior y la ONAT para agilizar procesos y garantizar sanciones proporcionales a la gravedad de las conductas", dijo.
Mencionó la funcionaria que se impuso prisión provisional al 86% de los casos vinculados a delitos graves, de los cuales el 97% están relacionados con el tráfico de drogas. Asimismo, en la semana de la batida se llevaron a cabo 297 vistas orales.
Como parte de verificaciones fiscales realizadas en el mismo periodo, se recuperaron más de 121 millones de pesos para el presupuesto estatal y detectaron 649 infracciones en entidades estatales, "entre ellas doble contabilidad, almacenes con inventarios no declarados, precios abusivos y evasión fiscal".
Por todo lo anterior, las multas ascendieron a los 22 millones de pesos, mientras que 30 casos fueron sometidos a procesos penales.
La Fiscalía emprende también 84 verificaciones adicionales, 56 de ellas relacionadas con el arrendamiento de locales y vehículos, en las que se investigan irregularidades como contratos sin licitación, favoritismos y omisión en los cobros. Se suman 28 verificaciones en el sector eléctrico, que derivaron en 13 procesos penales vinculados a malversación y robo de energía.
"Entre las principales violaciones detectadas se encuentran contratos otorgados sin procesos de licitación o con evidentes favoritismos, arrendamientos de locales y vehículos que no fueron cobrados a sus beneficiarios o cuyos recursos fueron desviados, así como casos de sustracción de energía eléctrica mediante extensiones ilegales a viviendas particulares", dijo Montesino Li.
La Fiscalía, señaló la funcionaria, ha atendido a 11.000 personas en lo que va de 2025, "con un aumento en los reportes sobre corrupción, drogas e ilegalidades. Nuestro pueblo es clave en esta batalla. Cada denuncia fortalece la transparencia y la justicia", comentó.
Acela Martínez Hidalgo, vicecontralora general de la República, explicó que la Contraloría General de la República realizó "310 acciones preventivas en entidades de subordinación nacional y local, tanto en el sector empresarial como en el presupuestado.
De ellas, en 121 de las 310 "faltó atención por parte de los organismos superiores, se observó ausencia de capacitación a los colectivos laborales y, en muchos casos, no se definieron los directivos encargados de rendir cuentas".
La magistrada Ileana Gómez Guerra, presidenta de la Sala de Delitos contra la Seguridad del Estado del Tribunal Supremo Popular, dijo que durante la batida oficial contra el delito esa institución llevó a cabo 111 charlas sobre los peligros de la droga con estudiantes de enseñanza secundaria, preuniversitaria y universitaria.
Asimismo, los funcionarios del Tribunal visitaron en sus casas a 173 sancionados en libertad, "para verificar con los cederistas y miembros de otras organizaciones de masas su comportamiento. La mayoría mantuvo una conducta adecuada, pero los 173 que no lo hicieron fueron requeridos en relación con la gravedad de su conducta y a los casos más preocupantes se les revocó la posibilidad de cumplir sanción en libertad", apuntó.
Igualmente, de 65 de los calificados como "controlados" a los que se les instó a "mejorar su conducta, 55 mostraban un mejor comportamiento y diez persistían en una conducta desajustada, razón por la cual se les solicitó la revocación oportuna del beneficio de excarcelación".
Entre las actitudes de los individuos "controlados" que Gómez Guerra celebró como positivas estuvo que "143 sancionados realizaron donaciones de sangre, 76 participaron en trabajos voluntarios y más de 20 hicieron donaciones a hogares de niños sin amparo familiar".
En 37 juicios celebrados en ocho provincias durante el ejercicio contra el delito, "relacionados fundamentalmente con delitos como tráfico de drogas, portación y tenencia ilegal de armas, malversación, entre otros", al 96% de 51 sancionados "se les impuso sanciones que implicaron el encierro, ya fuera privación de libertad o trabajo correccional con internamiento", mientras que a 20 sancionados por narcotráfico "se les impuso privación de libertad, por un período de entre seis y 15 años", precisó la funcionaria.
"Este delito es muy lesivo para la sociedad, de ahí la importancia de mantener la política de tolerancia cero", subrayó Gómez Guerra.
Pese al énfasis que han puesto las autoridades en hacer manifiesto su interés en atajar el incremento de la inseguridad y la corrupción en Cuba, las propias cifras oficiales muestran que el problema persiste. Si a ello se suman las frecuentes denuncias en redes sociales de crímenes diversos, la cuestión sigue pendiente.
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