Un trabajador que se desempeñaba como custodio de la Empresa de Prefabricado y Premezclado de Jovellanos, en Matanzas, fue juzgado por el presunto delito de sabotaje en el Tribunal Provincial Popular de esa provincia.
De acuerdo con un reporte del periódico oficial Girón, el individuo es acusado por un presunto delito de sabotaje, a raíz de hechos sucedidos hace alrededor de un año, y en la vista oral hubo presencia de la Sala de Delitos Contra la Seguridad del Estado del Tribunal Provincial Popular de La Habana.
Según la nota, que no menciona el nombre del acusado, este "trepó el muro perimetral de la fábrica y cortó cuatro cables que conectaban la pizarra al batching plant automatizado" de la planta, lo que dio lugar a "la paralización de las actividades de producción de materiales de la construcción de la industria".
Precisa Girón que cuando ocurrió lo anterior, la planta de materiales de construcción "en breve período de tiempo debía cumplir con una entrega de prefabricados a la Empresa de Telecomunicaciones (ETECSA), destinada a mejorar la infraestructura de esta última".
El corte de los cables, según el reporte, provocó pérdidas valoradas en más de 174.000 pesos, "si se toman en cuenta gastos posteriores en el proceso de reparación de la tecnología y lo dejado de producir en ese lapso, que impactó de modo significativo en el salario de los trabajadores del centro".
Como es habitual en esta clase de juicios, la fiscal del Departamento de Procesos Penales de la Fiscalía de Matanzas calificó lo ocurrido como un delito con "alta lesividad no solo para la economía cubana, sino también para la familiar, debido al impacto de los hechos a los distintos niveles", si bien no se menciona la motivación del acusado para hacer lo que hizo.
"Urge tomar en cuenta, además, que se realizó en un momento en el cual el país encara una lucha sostenida por reimpulsar la economía, con escasez de recursos y una apuesta constante al desarrollo en pequeños y medianos enclaves como, por ejemplo, esta industria ubicada en Jovellanos", señaló la jurista, cuyo nombre no fue mencionado en la nota.
La fiscal además recordó en su alegato conclusivo que la figura delictiva de sabotaje supone una sanción de siete a 15 años de privación de libertad, y castiga a quienes, "a sabiendas de que puede impedir u obstaculizar su normal funcionamiento, destruya, altere, dañe o perjudique medios, recursos, edificaciones, sistemas, instalaciones o unidades socioeconómicas o militares".
De acuerdo con Girón, el juicio "transcurrió con respeto a los derechos y garantías consagrados en la Constitución de la República de Cuba", aunque no menciona el alegato de la defensa o los detalles de la investigación que dieron lugar a la imputación.
Esta misma semana, el régimen cubano anunció "tolerancia cero" ante delitos contra la generación eléctrica, a cuyos ejecutores amenazó con procesar con sabotaje y cohecho y aplicar medidas desde prisión provisional hasta la más severa pena, a raíz del incremento de estos hechos en la provincia de Ciego de Ávila.
"En las actuales circunstancias económicas que vive el país, sumada la crisis energética como una de sus más sensibles expresiones, medradores y oportunistas lucran con la sustracción de aceite dieléctrico de transformadores, de combustibles en emplazamientos de grupos electrógenos, así como de piezas y de partes del montaje de los parques solares fotovoltaicos", señaló la publicación oficial Invasor.
La nota admitió que el incremento de los valores de estos recursos en la bolsa negra está "en directa proporción con la escasez de combustible e insumos, así como de la astronómica subida de los precios especulativos" y "constituyen una de las causas y condiciones determinantes de estos delitos".
Según dio a conocer Keilyn González Varela, fiscal jefa del Departamento de Procesos Penales, la provincia ha sido objeto de 43 hechos delictivos que afectan a la generación eléctrica entre los años 2024 y lo que va de 2025, en tanto 32 imputados están sujetos a proceso penal.
Sin particularizar demasiado en los hechos, Invasor indicó que "la sustracción de 6.625 litros de diésel durante el año 2024 en el grupo electrógeno de cayo Coco pudo haber provocado la suspensión de alrededor de diez horas del servicio eléctrico en más de tres hoteles del polo turístico Jardines del Rey".
