¿Por qué interesa al régimen cubano hacer ruido en torno al Servicio Militar Obligatorio?

¿Por qué el régimen cubano anunció como si se tratara de algo novedoso la promulgación del Decreto 103/2024 sobre las contravenciones concernientes al Servicio Militar en Cuba? ¿Tiene algo sustancialmente nuevo esa norma que deba ser de amplio conocimiento por parte de la ciudadanía?

Una revisión del texto permite advertir que no contiene algo distinto a lo que ya está implementado en la Isla sobre la cuestión. Mas, ¿por qué aprueba el Consejo de Ministros un decreto sobre contravenciones y sanciones concernientes al Servicio Militar Obligatorio si esa es una política ya existente? ¿Acaso se busca que las redes sociales y medios de prensa independientes difundan los castigos existentes para quienes se resistan a la conscripción?

El "nuevo" Decreto 103/2024 desde el punto jurídico no aporta nada significativo. Las contravenciones y el procedimiento de reclamación administrativa contenido en su articulado estaban concebidos y en vigor en sentido general desde el año 1991, en el derogado Decreto 164.

Una mirada a la normativa permite apreciar que ya eran contrarias a la ley conductas como dejar de inscribirse en el Registro Militar al arribar a los 16 años de edad; no presentarse ante la jefatura militar correspondiente cuando el individuo fuera citado por el Comité Militar; incumplir actividades dirigidas a la preparación del ciudadano para la incorporación al servicio militar; no comunicar al Comité Militar los cambios de domicilio, centro de trabajo o estudios o cualquier otro dato requerido para mantener debidamente actualizada su situación y estado ante el Registro Militar; dejar de asistir a las "actividades de la defensa" en tiempos de paz y durante situaciones excepcionales para los alistados en la Reserva, e "impedir, incitar, obstaculizar o ayudar a evadir de cualquier manera el cumplimiento de los deberes de los ciudadanos relacionados con la defensa de la Patria".

En la práctica, tales contravenciones son determinadas e imputadas con mucha frecuencia por los oficiales adscritos a las oficinas de comités militares de Cuba, entes encargados de mantener el registro militar y las operaciones de movilización activas y actualizadas. También responden por esas violaciones de lo establecido los padres o tutores de los menores de edad a su cargo. 

¿Qué cambió entonces? En el Decreto 103/2024 se modifican casi en exclusivo el monto de las multas. La devaluación del dinero ocurrida en Cuba es uno de los fundamentos de tal actualización, por lo que ahora se incrementa el importe de las penalizaciones.

Fuera de eso, hay una elevada intencionalidad política en la aprobación del Decreto 103/2024. Ello responde al contexto actual, adverso a los intereses militares adscritos al poder. En Cuba crece la emigración entre jóvenes en edad militar, así como el éxodo de hombres en edades de movilización militar, mientras que el índice de nacimientos de varones disminuye desde hace más de tres décadas.

Por otro lado, numerosos militares, padres, familiares y amigos de uniformados desaconsejan a sus hijos optar por carreras militares, bajo el criterio del papel que juegan sus miembros como parte del aparato de represión. 

De todo lo anterior se desprende que reflotar las ideas intimidatorias del Decreto sería una forma de encarar la situación. La estructura del poder en Cuba necesita mantener una cantidad de personas con edades, fuerzas, habilidades mínimas indispensables y obligación legal irrenunciable de enfrentar cualquier tipo de conflicto interno que amenace con debilitarla, reformarla o derrocarla. 

Hay que recordar que quien esté alistado en Cuba está obligado, por efectos de la Ley de Defensa Nacional (Ley 75), a actuar. Como se ha visto durante el estallido social del 11 y 12 de julio de 2021 y otros posteriores, al régimen no le ha temblado la mano para sacar a la calle a jóvenes reclutas armados con estacas, ya fuera con uniforme o vestidos de civil, como asistentes de la Policía y Fuerzas Especiales en la represión de los manifestantes.

Y, según las normas vigentes, quienes desde el Servicio Militar no respondan al llamado a reprimir incurren en supuestos delitos graves, como los de insubordinación, e incluso en actos de supuesta "traición". A ellos se les pueden imponer sanciones severas y hasta la pena capital.

Aunque la Constitución cubana no reconoce el motivo de objeción de conciencia, en la práctica los oficiales de comités militares y estructuras de la Contrainteligencia Militar aceptan puntualmente tipos de incumplimientos en jóvenes y personas llamadas a observar mandatos de esta índole.

No en balde el nuevo Decreto deja en manos de oficiales del Comité Militar un rango de discrecionalidad para valorar si hay o no contravención o, en su defecto, para expandir los efectos de la normativa hacia tutores y padres.

En cambio, el Decreto no aborda la cuestión de la transexualidad o otros conceptos, como el género no binario. Es por tanto un documento alejado de la realidad y del contexto mundial.

Y por último, se deja en manos militares los conflictos de justicia que se producen por la aplicación de esta normativa. O sea, las jurisdicciones administrativas de los tribunales no tienen competencia para conocer del asunto, por ser temas de "defensa y seguridad nacional". El derecho humano de acceso a la justicia y la garantía de recibir una justicia independiente no existen. He aquí otro grave problema a denunciar.

Resumiendo: en un contexto en el que crece la falta de credibilidad del régimen, los medios oficiales lanzan mensajes que encuentren eco tanto en los medios independientes como en las redes sociales. Y ante ello debemos estar alertas, para no convertirnos en cajas de resonancia de unos propósitos de intimidación.

Mas, una conclusión derivada de lo anterior, y es que hay debilidad en las estructuras políticas y militares cubanas, históricamente concebidas por la élite para mantenerse en el poder. Ante esa realidad, su objetivo primario es ahora amenazar, intimidar, dominar a través del miedo transmitido por vía de la legislación.