En Cuba se han indicado 402 prohibiciones de acercamiento a las víctimas a sus allegados y familiares desde la entrada en vigor de la Ley del Proceso Penal, en enero de 2022, según declaró la vicepresidenta del Tribunal Supremo Popular (TSP), Maricela Sosa Ravelo, citada por el medio estatal Granma.
La prohibición de alejamiento es una de las nuevas instituciones penales introducidas en la norma, que debió ser aprobada en julio de 2021, pero fue postergada hasta octubre de ese año.
Esa figura legal equivale a la orden de alejamiento que existe en las normas de otros países y que no aparecía en la legislación cubana, antes de la aprobación de la Ley del Proceso Penal.
Sosa Ravelo no especificó cuánta protección han brindado a las víctimas las prohibiciones de acercamiento.
Esa prohibición pesaba sobre el autor de uno de los feminicidios verificados recientemente por los observatorios independientes de la sociedad civil cubana, que suman ya 74.
Al reportar en sus redes sociales el asesinato de Yesica García Duany, de 28 años, el Observatorio de Género de la revista feminista Alas Tensas (OGAT) y la plataforma Yo Sí Te Creo en Cuba consideraron que esa muerte pudo ser evitada, porque el agresor tenía una prohibición de este tipo.
En octubre, DIARIO DE CUBA mostró en un análisis que, en la práctica, esa nueva figura legal queda en letra muerta. De los 62 feminicidios que habían sido verificados por las organizaciones independientes hasta esa fecha (26 más que en todo 2022), nueve víctimas habían denunciado a sus agresores ante las autoridades.
También desde la entrada en vigor de la Ley del Proceso Penal, próxima a cumplir dos años, al menos 2.481 cubanos sujetos a prisión provisional han solicitado al tribunal que revise la medida cautelar, según Sosa Ravelo.
De ellas, solo a 304 se les cambió por otra medida de las que se cumplen en libertad. La funcionaria no precisó cuántas de las personas beneficiadas fueron cubanos que han participado en protestas por lo apagones y la crisis económica que atraviesa el país o para pedir un cambio de régimen.
Los datos revelados por la funcionaria también muestran un alto grado de inconformidad de las víctimas que han optado por declarar en privado, con las imputaciones fiscales. Solo el 52% se acogió a estas, tanto con las conclusiones provisionales como con la calificación y la responsabilidad civil.
El 23,9% actuó como coadyuvante, lo que significa, explicó Sosa Ravelo, que "no estuvo de acuerdo con alguno de los planteamientos de la Fiscalía, consideraron que la calificación era más grave o estuvieron inconformes con la sanción o la cuantía de la responsabilidad civil". La vicepresidenta del TSP no explicó qué opción tomó el 28,3% restante.
También han sido presentadas 33 nulidades (denuncias si la Policía, la instrucción o la Fiscalía hicieron alguna actuación en contra de las garantías establecidas por la ley) en los procesos, fundamentalmente relacionadas con la instructiva del caso, la cadena de guardia y custodia o la toma de las muestras, explicó Sosa Ravelo.
La especialista apuntó que, como parte de la implementación de la Ley del Proceso Penal, se inició un proceso de capacitación y superación en las instituciones con el objetivo de asegurar el efectivo cumplimiento de la ley.
