En 2023 la crisis alimentaria se ha agravado en Cuba. Los productos que hace meses se encontraban, con dificultad, en tiendas en moneda libremente convertible (MLC), ahora solo circulan en el mercado negro con precios inalcanzables para los cubanos sin apoyo desde el exterior.
Mientras la pobreza y la represión aumentan en la Isla, el régimen se esconde detrás de un supuesto sector privado para tener acceso a los mercados internacionales y mantenerse en el poder, explica el historiador cubano Oscar Grandío.
La escasez es tal que los propios ministros cubanos han reconocido una situación grave de la productividad y afirman "que muchos de los recursos se seguirán destinando al turismo y no a incrementar la producción y al campo", señala en Los Puntos a las Íes el colombiano Sergio Ángel, director de la organización de defensa de derechos humanos 4Métrica.
El acceso a alimentos como el arroz, los huevos y los cárnicos se han reducido conforme avanza el año. El 43% de la población compra comida en el mercado negro y solo el 51% tiene acceso permanente al agua potable, según una encuesta de Food Monitor Porgram del mes de abril.
"Paradójicamente, gran parte de los cárnicos consumidos en Cuba vienen de EEUU, el supuesto culpable de todos los problemas del país, según el régimen de la Isla", agrega Sergio Ángel.
A pesar de que la escasez y la inflación aumentan en el país a pasos agigantados, los organismos internacionales hacen la vista gorda y no denuncian la realidad cubana, advierte el analista.
"Es preocupante que el mapa del Programa Mundial de Alimentos muestre una puntuación positiva del consumo en Cuba. Esto se debe a la forma de medir en el país, donde se usan modelos predeterminados con tasas de cambio fijas que no existen. El programa trabaja con un cambio de 25 pesos por dólar, en la vida real, está sobre los 250", dice Sergio Ángel.
Todas las iniciativas para evaluar la situación alimentaria en Cuba pueden ser criminalizadas. Sergio Ángel destaca la labor del proyecto Cubadata y en ocasiones la de Food Monitor Program, que "tratan de compensar con miradas diferentes".
La decadencia en Cuba ha ganado terreno a medida que el Estado totalitario se ha retirado de sus funciones básicas de proveer lo mínimo necesario para el sostenimiento de la población.
El régimen trata de sortear las sanciones de EEUU a través del empoderamiento de un supuesto sector privado en Cuba. Esto explica la reconversión de exmilitares y funcionarios estatales o sus familiares en emprendedores vitrinas, siendo el régimen el que se beneficia de esta flexibilización, señala Grandío.
"El éxito de la estrategia de darle libertad y concesiones a un sector privado, que en realidad esconde a la élite política en Cuba, implicará el desmantelamiento total del Estado como garante de derechos mínimos", dice Grandío.
Si se logra consolidar un modelo con acceso directo a mercados, libertad de movimiento de capitales e inversión extranjera, se consolidará el poder totalitario de la clase parásita que está detrás de este supuesto sector privado, advierte el historiador.
"Nadie puede emprender en Cuba sin la bendición del régimen. Esto hace que el modelo sea fallido desde lo legal, lo ético, lo político y lo económico. Se basa en la exclusión de quienes se oponen al régimen, y esto es un tipo de apartheid. El enriquecimiento de estas empresas fachada le permite a la élite política mantenerse e invertir los capitales remanentes en más hoteles o repatriarlos".
En este entramado, la pieza clave es GAESA que, considera Grandío, busca maximizar sus ganancias y convertir a la ciudadanía cubana en clientes de pago.
