El régimen de Cuba defendió a su aliado Daniel Ortega ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, después que un equipo de expertos en derechos humanos del organismo determinó que el régimen de Nicaragua ha cometido violaciones "graves y sistemáticas" contra un segmento de su población que equivalen a crímenes de lesa humanidad, ante las que pidió se implementen sanciones internacionales.
Pese a ello, la representación de La Habana en el Consejo manifestó su "invariable apoyo al Gobierno y pueblo de Nicaragua, en sus propósitos de justicia, bienestar y emancipación social", citó la estatal Agencia Cubana de Noticias.
Durante el 52º período ordinario de sesiones del organismo, que sesiona en Ginebra, Suiza, y del que el régimen cubano es miembro, el representante permanente Juan Antonio Quintanilla Román denunció lo que denominó "medidas coercitivas de las que son blanco Nicaragua y otras naciones en desarrollo".
Como es habitual en la narrativa victimista de La Habana, el funcionario dijo que "la politización y el uso ilegítimo de órganos y mecanismos de Naciones Unidas pretenden manipular la situación interna en Nicaragua, desestabilizar su Gobierno y dañar su imagen".
Aseguró además que "la verdadera forma de actuar en nombre de los derechos humanos es exigir la inmediata eliminación de las medidas coercitivas unilaterales, pues están bien documentadas sus repercusiones en el pleno disfrute de estos derechos en las poblaciones de países afectados".
El pasado martes, al intervenir ante el Segmento de Alto Nivel del Consejo de Derechos Humanos, el canciller de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, denunció lo que denominó "intentos imperialistas de convertir esa instancia del Sistema de Naciones Unidas en un tribunal contra países que no se subordinan a los intereses geopolíticos de gobiernos poderosos".
"Ningún país está exento de retos, y ninguno tiene autoridad para considerarse un paradigma en la materia, juzgar a los demás, y mucho menos, para politizar y utilizarlos para estigmatizar Estados soberanos y proyectos económico-sociales que no se ajusten a los designios de los amos de las finanzas, los mercados y las armas", dijo el funcionario.
No obstante, La Habana ha mantenido silencio ante la oleada represiva de Managua contra activistas, opositores y la Iglesia Católica. Ni siquiera se ha referido a la excarcelación y expatriación forzada de decenas de reos políticos, que sí fue criticada por mandatarios latinoamericanos de izquierda, como Gabriel Boric y Gustavo Petro.
Pese al apoyo del régimen cubano a Ortega, el panel de tres expertos de la ONU dijo que el régimen sandinista ha cometido y continúa perpetrando actos de tortura, ejecuciones extrajudiciales y detenciones arbitrarias desde 2018.
El informe nombra al presidente Daniel Ortega y a la vicepresidenta Rosario Murillo como partícipes de las violaciones y pide acciones legales internacionales y sanciones contra los involucrados.
"El objetivo (del Gobierno) es eliminar por diferentes medios cualquier voz opositora o disidente en el país", dijo a periodistas Jan Simon, presidente del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua, en rueda de prensa, y añadió que la Administración en Nicaragua está "armando las funciones del Estado contra la población".
"Esto ha provocado que la población nicaragüense viva con miedo", sostuvo.
El grupo de expertos dijo que envió 12 cartas al Gobierno desde que comenzó a trabajar hace un año, así como el informe final, pero nunca recibió respuesta.
Consultados sobre la magnitud de los abusos, los expertos dijeron que habían documentado más de 100 casos de ejecuciones, cientos de casos de tortura y detención arbitraria, y miles de casos de persecución política.
Simon dijo que la situación en Nicaragua corre el riesgo de empeorar y advirtió que se avecina una "crisis humanitaria".
"Estamos muy preocupados por la situación actual", dijo. "Esperamos sinceramente que este informe pueda contribuir a prevenir una mayor espiral de violaciones y abusos sistémicos".
Dios los crea y ellos se juntan.