Los hundimientos de balseros cubanos por las Tropas Guardafronteras del régimen son ejecuciones arbitrarias

Mientras el régimen cubano culpa a Estados Unidos de sucesos como el reciente hundimiento de una lacha cerca de Bahía Honda en el que murieron siete personas, entre ellos una niña de dos años, por estimular la emigración irregular y el tráfico de personas, obvia la lógica de que, si existe tráfico de personas, entonces hay víctimas, y la intervención de militares para frenar estas operaciones ilegales debe buscar, en primer lugar, la preservación de sus vidas.

Al respecto, existen protocolos internacionales que el régimen de Cuba ha violado en todos los casos en los que han resultado ahogadas personas que pretendían abandonar el país. Estos hechos sido ejecuciones, no extrajudiciales, pero sí arbitrarias. 

Los protocolos ignorados por el Gobierno cubano advierten que en estos casos resulta necesario cuidar hasta las últimas consecuencias la vida, dignidad y derechos de las víctimas a menos que estas dejen de hacerlo manifiestamente para convertirse en ente activo agresor. No ha sido el caso: tanto los cubanos que intentaban emigrar a EEUU de manera irregular a bordo de la lancha rápida a finales de octubre pasado, como los que iban a bordo del remolcador 13 de Marzo, en 1994, estaban desarmados. Entre ellos, había mujeres, niños y ancianos.

La "Guía para el Nuevo Protocolo de Naciones Unidas sobre Tráfico de Personas" de Palermo/2000, se ajusta complementariamente al caso del hundimiento en Bahía Honda. Exigía que los efectivos de Guardafronteras custodiaran la embarcación y dieran cuenta a las instituciones de Estados Unidos para operar de conjunto con acierto y protección los derechos humanos de los migrantes.

El protocolo dispone la protección para casos similares a la trata de personas, en los hay víctimas de la delincuencia organizada, sugiriendo los parámetros sobre la cooperación policial/judicial e intercambios de información entre países que se relacionan por el fenómeno de la migración. 

Como señalaron recientemente congresistas cubanoamericanos en una carta a la representante de EEUU ante la ONU, en la que le solicitaron condenar el hundimiento de la lancha, el Estado cubano no se ha colocado bajo la jurisdicción de la Corte Penal Internacional, cuyo Artículo 7 define como "crimen de lesa humanidad" acciones como asesinato, tortura, persecución "encarcelamiento u otra forma grave de privación de la libertad física" u otros "actos inhumanos de carácter similar que causen intencionalmente grandes sufrimientos o atenten gravemente contra la integridad física o la salud mental o física" cometidos "como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil". 

Sin embargo, el Estado cubano sí es firmante del mencionado protocolo de la ONU y ha adecuado las disposiciones de este al contexto nacional mediante instrucciones internas de naturaleza militar, que no están publicadas en la Gaceta de la República.

La observancia de este Protocolo va de la mano con el cumplimiento de los "Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de las Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley", adoptados por el Octavo Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, celebrado precisamente en La Habana del 27 de agosto al 7 de septiembre de 1990; con el Código de conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en sus Resolución 34/169 del 17 de diciembre de 1979 y también con la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su Resolución 45/158 del 18 de diciembre de 1990. 

La ausencia de procesamiento legal contra los guardafronteras responsables de los hundimientos de embarcaciones en los que han fallecido decenas de cubanos, en violación de protocolos firmados por el Estado cubano y de disposiciones nacionales, demuestra no solo que han actuado con la anuencia del régimen, sino por órdenes de este.

El régimen cubano, que exhibe tanta preocupación por los niños y es firmante de la Convención Internacional sobre sus Derechos, y recientemente amenazó a los padres que lleven a menores en sus salidas ilegales del país, no ha reparado en la presencia de esos mismos niños en las embarcaciones que ha hundido.

Estos enfrentamientos de las salidas ilegales y el tráfico de personas, sin importar el costo de las vidas de esas personas, no clasifican como ejecuciones extrajudiciales, porque para serlo tendría que demostrarse la intención política directa e inequívoca de matar a un adversario del poder instituido sin realización de juicio y/o sin la existencia de condena de muerte dispuesta en sentencia firme judicial. No estamos en ante un caso de este tipo.

Sin embargo, sí se trata de ejecuciones arbitrarias que constituyen actos disuasorios criminales. Mediante estos hundimientos impunes, el régimen pretende disuadir a los cubanos de embarcarse en salidas ilegales. Podría parecer contradictorio, teniendo en cuenta que el propio régimen ha recurrido al estímulo de la emigración, más de una vez en la historia, para sacarle presión social a la olla y de paso, tener a más cubanos enviando remesas a la Isla, una de las principales fuentes de ingresos del Estado cubano. 

El ejemplo más reciente es la exoneración de visado nicaragüense para los cubanos decretado a finales de 2021 por el régimen de Daniel Ortega, aliado de Miguel Díaz-Canel. Los cubanos que emprenden la ruta migratoria por Centroamérica salen del país legalmente y no hacen lucir tan mal a su Gobierno como los que se lanzan al mar.

Por otra parte, los vuelos que llevan hasta Nicaragua a cubanos desesperados por emigrar generan millones de dólares para operadores turísticos, agencias de viajes y compañías charters, de los que el régimen podría estarse llevando una tajada.

El régimen cubano intenta colocar el foco sobre EEUU, al que acusa de no cumplir los acuerdos migratorios y de no entregar la cantidad de visados a los que se ha comprometido para garantizar una emigración legal y segura, pero sabe que ahí no está la solución.

Esos acuerdos establecen la entrega anual de al menos 20.000 visados. Solo en octubre pasado, llegaron a EEUU 29.872 migrantes cubanos, para un promedio de 963 cada día, de acuerdo a las estadísticas de la Oficina de Aduanas y Protección de Fronteras de EEUU.

En el año fiscal 2022 de EEUU, comprendido entre el 1 de octubre de 2021 y el 30 de septiembre de 2022, llegaron a EEUU 224.607 cubanos, aproximadamente 615 por día.

Esto significa que ni el sobrecumplimiento en la entrega de visas por parte de EEUU podrá frenar la emigración irregular en Cuba, que atraviesa su peor crisis migratoria en décadas.

Las salidas ilegales por vía marítima continuarán, incluso a pesar de las advertencias de la Guardia Costera de EEUU de que los migrantes serán devueltos. Sin investigaciones de organismos internacionales independientes ni condenas contundentes al régimen por asesinatos como los de Bahía Honda, seguirán ocurriendo.