Con 173 votos favor, 159 en contra y 14 abstenciones, el Congreso español aprobó este 14 de julio el proyecto de Ley de Memoria Democrática, del que podrían beneficiarse miles de cubanos, según informa en un comunicado publicado en su página web.
Aunque varios reportes de la prensa española se centran en la polémica entre los partidos de izquierda en el poder, Partido Socialista Español (PSOE) y Podemos, que pactaron con los independentistas vascos, y los de derecha Partido Popular y Vox, esta ley, de aprobarse finalmente, para miles de cubanos descendientes de españoles representa la posibilidad de adquirir la ciudadanía del país ibérico.
Según la disposición adicional octava del proyecto de ley, que sustituiría la Ley 52/2007, conocida como Ley de Memoria Histórica aprobada por José Luis Rodríguez Zapatero, "los nacidos fuera de España de padre o madre, abuelo o abuela, que originariamente hubieran sido españoles, y que, como consecuencia de haber sufrido exilio por razones políticas, ideológicas o de creencia, hubieran perdido o renunciado a la nacionalidad española, podrán optar a la nacionalidad española".
También podrán adquirirla "los hijos e hijas nacidos en el exterior de mujeres españolas que perdieron su nacionalidad por casarse con extranjeros antes de la entrada en vigor de la Constitución de 1978" y "los hijos e hijas mayores de edad de aquellos españoles a quienes les fue reconocida su nacionalidad de origen en virtud del derecho de opción" establecido en la presente ley o en la mencionada de Memoria Histórica.
"En todos los supuestos, esta declaración deberá formalizarse en el plazo de dos años desde la entrada en vigor de la presente ley. Al terminar este plazo, el Consejo de Ministros podrá acordar su prórroga por un año”, señala el texto.
El recién aprobado proyecto de ley además declara ilegal el régimen franquista, dispone que el Estado asume la búsqueda de personas desaparecidas durante la Guerra Civil y la dictadura, y establece que se estudien las vulneraciones de derechos humanos cometidas desde 1978 hasta 1983.
Ahora, el proyecto de ley será remitido al Senado, donde seguirá el procedimiento de debate en ponencia, comisión y Pleno, explica el comunicado del Congreso de los Diputados.
Este podrá aprobar el texto, presentar enmiendas o proponer un veto. En estos dos últimos casos, la iniciativa regresará al Congreso para la celebración de un último debate antes de su aprobación definitiva.
Si no se modifica el texto que envíe el Congreso, una vez aprobado por el Senado será publicado en el Boletín Oficial del Estado para entrar en vigor en los plazos previstos por la propia ley.
