'Sistema de Atención a la Población': La ideología coarta el derecho de queja en Cuba

Ante la incapacidad del Gobierno, los cubanos y cubanas recurren cada día con mayor indignación a las redes sociales, como válvula de escape a las miserias y problemas. La mayoría ha perdido la confianza en que instituciones y funcionarios resuelvan sus quejas y malestares.

Cuba cuenta con un sistema de atención a la población que "constituye una política de principios, inherente a nuestro sistema de gobierno popular", dice la página web de la Asamblea Nacional del Poder Popular, en contraste con las numerosas evidencias de ineficacia que divulgan los cubanos.

Este sistema, instituido a todos los niveles, en empresas e instituciones estatales, donde se crean "equipos de atención a la población de los Organismos de la Administración Central del Estado", incluye desde trabajadores que atienden y recepciona las quejas en días y horarios establecidos, hasta los llamados "libros de quejas y sugerencias", que nada resuelven.

Ante el vacío legal que existe para múltiples procedimientos en la reclamación de derechos, la Constitución recoge la obligación de las autoridades de tramitar quejas y peticiones de la población.

"Las personas tienen derecho a dirigir quejas y peticiones a las autoridades, las que están obligadas a tramitarlas y dar las respuestas oportunas, pertinentes y fundamentadas en el plazo y según el procedimiento establecido en la ley", dice el Artículo 61.

Sin embargo, no existe en la práctica procedimiento ni mecanismo para que los cubanos puedan exigir a las autoridades una respuesta a sus quejas, mucho menos plazo para que estas respondan. A quienes tienen la "suerte" de ser atendidos y los funcionarios les prometen resolver el problema, les esperan con frecuencia años sin solución.

Desde afectaciones por aguas albañales, medicamentos en falta para enfermos prioritarios, asuntos del sistema penitenciario, demoras en trámites de vivienda, incumplimientos de ETECSA, hasta reclamaciones a la Empresa del Gas —como fue el caso de Amelia Calzadilla—, muestran la desesperación de los cubanos ante un sistema de gobierno incompetente, reconocido por el primer ministro Manuel Marrero Cruz: "La realidad penosa es que en más del 50% de las denuncias, de los escritos que nos hacen, tienen razón, o razón en parte. ¿Qué quiere decir?: que el pueblo no se equivoca, que no es que la gente se queje por quejarse".

La maquinaria de prensa oficial blinda, sin embargo, a los funcionarios y despliega campañas de descrédito contra aquellos ciudadanos —sin importar si son madres solteras con hijos menores, ancianos o discapacitados— que, desesperanzados, terminan expresando su desoído malestar en las redes sociales. La ideología continúa coartando el derecho de queja en Cuba.

¿De qué atención a la población hablamos si no hay, por ejemplo, experiencias de acercamiento de funcionarios encargados de ese trabajo a familiares de detenidos por las manifestaciones del 11 de julio?

Hace un año, los medios oficiales Cubadebate y Granma publicaron artículos relacionados con el sistema de atención a la población en Cuba. En respuesta a los breves textos, cientos de cubanos dejaron sus quejas y peticiones en los comentarios; ninguno recibió respuesta de los medios de prensa, ni siquiera como asesoramiento.

La institucionalidad más bien parece trabajar en Cuba para ganar cada día nuevos detractores.