El Gobierno de La Habana acordó el pasado martes en una reunión del Grupo Temporal de Trabajo de la ciudad exigirle más a los transportistas y controlar a los autos estatales que deben recoger a personas en las paradas, informó el periódico oficialista Tribuna de La Habana.
En este momento solo funciona el 45,7% del transporte público (418 guaguas como promedio cada día), que mueve a unos 514.727 pasajeros en unos 4.790 viajes.
Ante la precaria situación del parque de ómnibus, los organismos que tengan carros asignados y evadan la responsabilidad de recoger a personas en las paradas tendrán que rendir cuenta por el incumplimiento.
El ingeniero Leandro Méndez Peña, director general de Transporte en La Habana, precisó que los carros estatales podrían transportar diariamente hasta 40.000 personas. Aunque esto no representa una cifra significativa, puede ayudar en la tensa situación que vive la ciudad en materia de movilidad.
En los últimos días la situación se agravó por el déficit de combustible que afecta a las empresas encargadas del transporte de trabajadores y el escolar, las cuales aportaban 255 ómnibus al servicio de la transportación pública.
Para supervisar a los carros estatales, 290 inspectores y un grupo de empleados de Transporte Habana estarán presentes en los 311 puntos de la capital con mayor concentración de público.
El Gobernador de La Habana, Reinaldo García Zapata, indicó mantener un control de ese sistema de trabajo, y orientó informar semanalmente sobre los organismos y empresas que incumplen con su deber.
En estos momentos la movilidad de pasajeros se complementa con las llamadas "gacelas", y los cuentapropistas (boteros).
Méndez Peña dijo que se han retirado 250 licencias operativas en lo que va de año por violar las tarifas establecidas. Agregó que se valora establecer nuevos precios por tramos para compensar a los transportistas privados por los gastos que incurren en el mantenimiento y activación de sus equipos.
Los transportistas privados suelen quejarse del tope de precios que les impone el Gobierno, que los deja sin margen para comprar combustible, piezas y reparar los vehículos.
