Ana Bravo es un número para el superestado cubano, la estructura de burós que cargan polvo y restricciones como pulgas un perro callejero. Se queda sin tiempo antes de que el techo del viejo edificio del Nº 201, en El Vedado, donde vive, caiga sobre sus pocas pertenencias.
Hace días pernocta en casa de otra mujer que la cobija porque es su hermana de fe. Ambas temen que Ana no vuelva a despertar si duerme en su apartamento, que su cuerpo menudo se trucide entre las paredes agrietadas, los horcones a mitad de habitación, los techos de viga y losa.
Según la web oficialista Cubadebate, el fondo habitacional de Cuba al cierre de diciembre de 2020 era de 3.946.747 viviendas. El 37% se encontraba en regular y mal estado. En esa fecha "las viviendas catalogadas como en buen estado se incrementaron un dos por ciento, mientras que las regulares y malas cayeron en igual magnitud".
La que cae con estrepitosa frecuencia es La Habana que edificaron tantas generaciones de cubanos gracias al libre mercado. Y en uno de esos derrumbes, Ana puede pasar de ser un número de expediente ante el Gobierno habanero a un número de ataúd entre los muchos papeles de Servicios funerarios.
"La idea mía era pedir un subsidio para reparar el apartamentico cuando me mudé, en febrero de 2020", contó Ana a DIARIO DE CUBA. Pero llegó el Covid-19 al mes siguiente y todos los trámites quedaron, no ya en la morosidad pantanosa de la burocracia, sino detenidos.
"Todo lo cerraron, el material se perdió", relató, en referencia al agudizamiento del desabastecimiento en la Isla. En diciembre de 2021, la web de la Presidencia aceptó la "caída sobre el 13 por ciento del Producto Interno Bruto que se ha acumulado en parte del último bienio" y el cierre anual de más de 500 empresas estatales —abrumadora mayoría en el sector empresarial— con pérdidas.
Cuando Ana fue a Vivienda para pedir permiso e iniciar los arreglos los funcionarios "dijeron '¿N 201?' y se empezaron a reír". La mujer preguntó por qué y afirmaron que ese edificio estaba para demolición y ahí no se permitía ni siquiera vender.
"Es decir, que quien me permutó el cuartico en N 201 por mi apartamento en el Casco histórico, mintió", reparó Ana, como también mintieron los funcionarios estatales que legalizaron y validaron aquellos trámites.
Un Dictamen técnico de 2019, firmado por el ingeniero Guillermo Casanova, dejaba una lapidaria conclusión sobre el apartamento: "La reparación de los elementos estructurales en ningún caso detendrá el progresivo deterioro".
"Cuando intenté echar para atrás la permuta también todas las oficinas de trámites legales estaban cerradas", lamentó Ana.
Para subsistir, ha tenido que vender parte de sus ropas, productos de la cartilla de racionamiento que no consume (como cigarros y tabacos), y hacer trabajos de limpieza doméstica en casas vecinas. El costo de la vida se hace cada vez más duro de solventar ante la creciente inflación en el país.
De acuerdo con el ministro de Economía, Alejandro Gil Fernández, la inflación en Cuba en 2021 cerró por encima del 70 por ciento, aunque expertos independientes la consideraron mucho mayor.
Si bien la tasa cambiara oficial del dólar está fijada por el Estado en 25 pesos (CUP), a inicios de febrero de 2022 el mercado informal la valoraba en más de 100 CUP.
Para colmo de males, a Ana le "retiraron su chequera como caso social (dada hacia 12 años por desnutrición, a causa de una yeyunitis, mala absorción de los alimentos)" a sus 65 años.
A ello se suman los malos tratos desde el aparato estatal: "en el Gobierno Provincial, la señora que me atendió en 2020 me mandó buscar un marido y, en otra ocasión, cuando conté que tuve que dormir en un closet de madera por las filtraciones que provocaba el huracán Ida y el temor de que todo se derrumbara, solo se burlaron".
La aceleración de la debacle nacional también puede leerse en la situación de Ana: "ando el día entero errante en la calle por el peligro de que me caiga encima esto".
