La Unión Europea (UE) anunció el martes en La Habana que financiará con 1,5 millones de euros (1,7 millones de dólares) un proyecto para gestionar los peligros que causan las inundaciones y sequías en dos provincias de Cuba afectadas por el huracán Irma en 2017.
La financiación, movilizada por Francia, permitirá adquirir equipos de vigilancia meteorológica e hidráulica en 14 municipios de las provincias Ciego de Ávila y Camagüey, detalló la flamante embajadora de la UE en Cuba, Isabel Brilhante Pedrosa, reportó EFE.
La diplomática portuguesa, recién nombrada en sustitución del polémico diplomático español Alberto Navarro, añadió que el bloque comunitario con sede en Bruselas apoya iniciativas similares en otros siete países de América Latina con el fin de mitigar los efectos del cambio climático.
El proyecto será implementado durante 30 meses por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el estatal Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos para reforzar el monitoreo y vigilancia ante eventos naturales.
La representante residente del PNUD en la Isla, Maribel Gutiérrez, resaltó que el proyecto tributará al plan de enfrentamiento al cambio climático del Gobierno, denominado Tarea Vida, y al desarrollo del país.
Cuba enfrenta una de las sequías más fuertes de los últimos años, sobre todo en las provincias centrales de Ciego de Ávila, Sancti Spíritus y Camagüey, donde el estado crítico de los acuíferos afecta a la población y a la agricultura.
Según datos oficiales, el 60% del agua se emplea en labores agrícolas, el 20% para el consumo de la población, el 5% para uso industrial y el resto en otras actividades económicas.
Por su posición geográfica, Cuba recibe con frecuencia el impacto de ciclones. La última vez que un huracán de grandes dimensiones afectó a la Isla fue en 2017, cuando Irma recorrió la costa norte de oriente a occidente, dejando diez muertos y cuantiosas pérdidas materiales.
En junio pasado, la UE rechazó haber financiado a la Universidad Central de Las Villas, institución estatal cubana que generó polémica por la expulsión de estudiantes por motivos políticos, tal y como denunció el Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH).
En mayo, la organización Cuban Prisoners Defenders (CPD) reveló asimismo que la UE ha entregado fondos al Gobierno de Cuba a través de su delegación en La Habana, presentándolos falsamente como "aportes a la sociedad civil".
En esa ocasión, Josep Borrell, alto representante para la Política Exterior europea, negó que el dinero de la cooperación europea financie a organizaciones del régimen cubano.
"Damos a organizaciones civiles 8,4 millones de euros. 7,6 millones están gestionados por organizaciones de la sociedad civil de la UE, que por definición no son parte del Gobierno cubano", dijo el jefe de la diplomacia comunitaria.
Agregó que otros 800.000 euros son gestionados por organizaciones de la sociedad civil cubana "seleccionadas cuidadosamente" por la delegación de la UE en La Habana, con las condiciones de que sirvan al interés general o tengan un papel de mediadores entre las autoridades y la ciudadanía".
Borrell fue duramente cuestionado después que se hiciera público un correo electrónico que dejó en evidencia la estrecha cooperación entre el grupo socialista español del Parlamento Europeo y la Embajada de Cuba en Bruselas.
Millón y medio que pueden dedicar a la represión, a sus agentes en el extranjero, al lobby en Washington o al yate del cangrejo