El régimen insta al embajador de Reino Unido a no inmiscuirse en los asuntos internos del país

El director general de Asuntos Bilaterales del Ministerio de Relaciones Exteriores (MINREX) de Cuba, Emilio Lozada, sostuvo este jueves un encuentro con el embajador del Reino Unido en el país, Antony Stokes, a quien instó a "no inmiscuirse" en los asuntos internos de Cuba, informó Europa Press.

"He recordado (a Stokes) la necesidad de respetar la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas que establece, en su Artículo 41, la obligación de no inmiscuirse en los asuntos internos del Estado receptor", publicó Lozada en sus redes sociales.

Este martes, el embajador británico lanzó una publicación en Twitter en la que aseguraba que "el hostigamiento, las detenciones contra manifestantes pacíficos, los juicios sin el debido proceso y la censura encarnada por el Decreto-Ley 35 silencian voces legítimas y violan convenciones internacionales".

Por ese motivo, el funcionario del MINREX le recordó al embajador británico que Reino Unido "es signatario de esta Convención (de Viena) desde diciembre de 1961", y le reiteró que las leyes de ciberseguridad "no son exclusivas de Cuba".

"El marco regulatorio de Reino Unido establece sanciones destinadas a promover la prevención de la actividad cibernética que debilite la integridad del país, cause pérdidas económicas o afecte a un número significativo de personas", señaló Lozada.

En su cuenta de Twitter, Lozada recibió muestras de apoyo de varios usuarios, pero también críticas como la de Un Ñame Con Corbata que expresó: "Si dices algo en contra de lo que decide el Gobierno (no el pueblo) que está bien o no, estás atacando nuestra soberanía. Si dices algo a favor, gracias amigo, tú no te metes en nuestros asuntos". 

Por su parte, el periodista José Raúl Gallego escribió en su cuenta de Twitter que "la dictadura también proyecta su autoritarismo sobre el personal extranjero acreditado. Y mientras menos frontal eres, más empoderados se sienten. El embajador  Anthony criticó la situación del país, con toda razón, y este señor 'lo llama a contar'. Es dictadura, embajadores".

El Decreto-Ley 35, aprobado por el Gobierno cubano, contempla como contrario a la ley "la difamación de mensajes contra el Estado" y la "incitación a movilizaciones".

"Por primera vez, el país contará con una norma jurídica donde se asocian incidentes de ciberseguridad y tipificaciones que superan los límites de lo tecnológico", dijo el director de ciberseguridad del Ministerio de Comunicaciones, Pablo Domínguez Vázquez, según recoge la prensa oficial.

Domínguez explicó que bajo la medida "serán tipificados hechos que hasta el momento no tenían un respaldo legal, como los daños éticos y sociales o los incidentes de agresión" como "la divulgación de noticias falsas, los mensajes ofensivos o la difamación con impacto en el prestigio del país".

En este sentido, se entiende como delitos "la difusión a través de Internet de contenidos que atentan contra los preceptos constitucionales, sociales y económicos del Estado", "inciten a movilizaciones u otros actos que alteren el orden público" o "difundan mensajes que hacen apología a la violencia, accidentes de cualquier tipo que afecten la intimidad y dignidad de las personas".

Preocupaciones de la oposición y el activismo independiente sobre el Decreto-Ley 35

Activistas y opositores cubanos dentro y fuera de Cuba denuncian que la norma restringe todavía más la libertad de expresión y de prensa en la Isla. El Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH), cree que se trata de una regulación "para reprimir la libertad de expresión". El director de estrategia de la organización, Yaxys Cires, cree que "ahora el Estado no solo contará con el Código Penal y el Decreto Ley 370, sino que también dispondrá de otra normativa específica, por ejemplo, para legalizar los apagones de Internet y de telefonía".

Cires recordó los "apagones" ocurridos el 11 y el 12 de julio, en plena ola de protestas, y lamentó que se quiera imponer "otra vuelta de tuerca de la represión". "Cualquier ciudadano que exprese libremente su opinión con respecto a la situación que se está viviendo en Cuba o cualquier crítica al gobierno, podría incurrir en una violación", advirtió en un comunicado.

El director de la División de las Américas de la ONG Human Rights Watch (HRW), José Miguel Vivanco, también reaccionó en su cuenta de Twitter a las normativas y coincidió en denunciar que el Gobierno de Cuba "restringe aún más internet".

En julio, miles de cubanos salieron a las calles a exigir "libertad" y un cambio político, además de protestar por la escasez de alimentos, medicinas y medicamentos. Miembros de la comunidad internacional y organizaciones no gubernamentales denunciaron una dura represión contra los manifestantes y cortes de internet en la Isla.