Desde el mediodía del 11 de julio todas las cabeceras municipales de Santiago de Cuba quedaron sitiadas por efectivos del régimen con la orden de emplear la fuerza, en especial la capital provincial y Palma Soriano.
En esas dos ciudades se concentraron el grueso de las protestas santiagueras, que formaron parte de la oleada que alcanzó al menos 40 localidades de la Isla, en lo que ha constituido la mayor manifestación pública de descontento contra el régimen en las últimas seis décadas.
En Santiago la protesta tuvo su expresión más tensa en la Avenida de los Libertadores, donde el pueblo obstaculizó el tránsito, gritó "Patria y Vida", cantó el himno nacional y exigió a todo pulmón "Libertad".
Como en el resto del país, los manifestantes han sido reprimidos con violencia por la Policía, las brigadas antimotines y las tropas especiales uniformadas o vestidas de civil, que han empleado manoplas, balas de goma, perros y otros instrumentos. El apagón tecnológico aplicado por el monopolio estatal de las telecomunicaciones ETECSA ha facilitado la represión.
Al descontento por la escasez de alimentos, medicamentos y casi todos los productos de primera necesitad, además del aumento desmesurado de los casos de Covid-19, se han sumado los apagones de larga duración.
Beatriz Johnson Urrutia, gobernadora de la provincia, reconoció el fin de semana que, en menos de 72 horas, las cuatro unidades de la termoeléctrica Antonio Maceo perdieron en dos ocasiones la sincronización con el sistema electro energético nacional, a punto de colapsar por averías, falta de combustible y violación en el mantenimiento.
La gravedad de los acontecimientos obligó a desconectar por periodos de diez y 12 horas el 90% de las 364.000 viviendas del territorio, así como casi la totalidad de las industrias y el bombeo de agua. En medio del calor sofocante, la situación terminó por sobrepasar a los santiagueros.
Un agente del Ministerio del Interior (MININT) y un trabajador del tribunal local dijeron a este reportero que en los calabozos de las estaciones policiales hay más de 300 detenidos. Entre ellos, mujeres, jóvenes y adolescentes. Muchos podrían ser procesados por delitos como desacato, desorden público y atentado.
El agente del MININT dijo que la cifra podría crecer porque los efectivos encargados de evitar nuevas sublevaciones siguen realizando detenciones.
El Tribunal Provincial, que había cesado sus funciones hasta el 7 de agosto debido al nuevo paquete de medidas dirigido a reducir la movilidad de los trabajadores por el Covid-19, fue activado de emergencia para realizar juicios sumarios.
A tono con la irresponsable indicación de Miguel Díaz-Canel de salir a las calles a enfrentar a las manifestaciones, las autoridades locales militarizaron la provincia.
En el horario de la madrugada, desde el 12 de julio, militares y policías custodian los nueve municipios en un intento por disuadir la inconformidad de la mayoría de los ciudadanos. Muchos van vestidos de civil con la finalidad de camuflarse entre el pueblo.
Miembros de los consejos de dirección del sector empresarial y los secretariados de las organizaciones políticas y de masas pernoctan desde la noche del domingo en esas dependencias. El pretexto es la supuesta posibilidad de sabotaje, una de las justificaciones utilizadas por el régimen para la militarización.
El destacamento de bomberos del Paseo Martí, en Santiago de Cuba, no permite a los residentes de la zona que se les acerquen y está listo para reprimir con chorros de agua cualquier levantamiento.
Junto a los efectivos del MININT y la Policía, en la calle se observa la presencia de estudiantes de las escuelas militares y de trabajadores civiles, quienes realizan rondas por las principales avenidas.
En las comunidades residenciales de Santiago de Cuba no ha bajado la tensión. Tampoco en Palma Soriano, donde el comandante de la Revolución Ramiro Valdés Menéndez tuvo que escuchar gritos de "asesino", "habla con el pueblo", "nos dieron golpes" y "libertad".
