El Ministerio de Salud Pública (MINSAP) cubano culpó al personal médico implicado del fallecimiento de dos recién nacidos en Guantánamo tras recibir un antibiótico y aseguró que lo ocurrido no se debió a la calidad del medicamento.
En una nota oficial sobre los hechos, las autoridades aseguraron que tras una investigación de los sucesos en la sala de Neonatología del Hospital General Docente Agostinho Neto, de Guantánamo, a inicios de abril, cuando varios niños fueron inyectados con Ampicillín, se concluyó que "estaba justificada la conducta terapéutica seguida con los niños, al ser neonatos pretérminos bajo peso, con enfermedades asociadas".
"Los estudios llevados a cabo por el Laboratorio de Toxicología y el Centro para el Control Estatal de Medicamentos, Equipos y Dispositivos Médicos (CECMED) permitieron determinar que el cuadro clínico presentado por los niños no tuvo relación con sustancias tóxicas contaminantes ni con problemas de calidad del medicamento utilizado", agregó la nota.
"Lo ocurrido estuvo asociado a un cuadro infeccioso sobreagudo, y se identificaron violaciones durante el proceso de preparación del medicamento", subrayó el MINSAP.
Como resultado, el MINSAP "decidió aplicar al personal involucrado directamente en el hecho las medidas de separación del sector de la Salud y la inhabilitación en el ejercicio de la profesión. Asimismo, se inició la investigación por el órgano del Ministerio del Interior competente, para determinar la responsabilidad penal de los implicados".
La nota no precisó cuántos son los sanitarios sancionados con la medida, aunque indicó además que "a cuadros y funcionarios, con responsabilidad en el control de los procedimientos donde fueron identificadas deficiencias, se les impusieron medidas administrativas".
Asimismo, el MINSAP señaló que otros dos niños inyectados "no presentaron ningún síntoma después de la administración del medicamento y los dos que se encontraban en estado crítico evolucionan satisfactoriamente".
Las autoridades precisaron que "los familiares de los niños fueron informados de todos los detalles" y, como en ocasiones anteriores, aseguraron que "se han adoptado las medidas para que hechos como ese no se repitan en el país".
En 2019, un caso similar terminó con la imputación de una enfermera que habría cometido violaciones al vacunar a la niña de un año Paloma Domínguez Caballero, quien posteriormente enfermó y falleció el 9 de octubre "debido a severas complicaciones y una disfunción multiorgánica. Su sistema inmune no respondió como esperábamos", precisó entonces el doctor Roberto Álvarez Fumero, jefe nacional del Programa Materno Infantil (PAMI) del MINSAP.
En esa ocasión, otros niños también resultaron afectados, aunque las autoridades se encargaron de subrayar la seguridad de las vacunas que aplican en la Isla y de achacar lo ocurrido a un "error humano".
La madre de Domínguez Caballero ha reclamado desde entonces justicia y una explicación de parte de las autoridades. El MINSAP aseguró en su nota que los resultados de la "investigación fueron informados a familiares de los tres niños afectados".
Sin embargo, Yaima Caballero, madre de Paloma, y su esposo, denunciaron en noviembre de 2020 desde México, que tuvieron que abandonar Cuba tras recibir amenazas de las autoridades por denunciar esos hechos.
Después de varios meses, la Fiscalía cubana pidió 12 años de prisión para la enfermera que aplicó la vacuna que causó la muerte de Paloma, según afirmó en redes sociales Caballero.
Caballero ha exigido justicia a través de las redes sociales e inició en Twitter la campaña #justiciaParaPaloma, que fue secundada por muchos internautas.
